La persecución judicial contra los trabajadores del subte debe ser respondida con una lucha inmediata

AGTSyP, el sindicato de los trabajadores del subte y premetro, convocó a una conferencia de prensa en su sede para denunciar la persecución judicial impulsada por el gobierno de la Ciudad, SBASE y la empresa Emova contra delegados y activistas.

El gobierno de Jorge Macri, SBASE y la concesionaria Emova impulsaron esta denuncia penal contra 170 trabajadores y trabajadoras del Subte bajo la figura de asociación ilícita. La causa quedó a cargo de la fiscal Celsa Ramírez, alfil judicial del gobierno porteño. La denuncia refiere a un conjunto de medidas de fuerza gremiales adoptadas por AGTSyP en 2024, como el paro escalonado de todas las líneas del 19 de junio, la apertura de molinetes en la estación Lacroze de la línea B del 29 de octubre, la adhesión al paro general de la CATT del 30 de octubre de 2024 y el paro en la línea H tras agresiones a dos trabajadores, la más reciente, en octubre de 2025.

La asociación ilícita es un delito penal que castiga la formación de una banda estructurada y de carácter permanente que tiene el propósito de cometer una serie indeterminada de delitos. Se reprime el sólo hecho de formar parte de la ´banda´, con independencia de la participación en tal o cual delito. Esto significa la persecución a todos los afiliados y dirigentes de AGTSyP por su sola pertenencia al sindicato. Tanto la fiscal como la empresa y el gobierno porteño quieren aplicarle una figura penal que equivale a asimilar a la organización obrera a una mafia, y a todos sus miembros como integrantes de la misma. Las medidas señaladas por la fiscal Ramírez como delictivas levantaban reclamos elementales contra despidos y agresiones y, fundamentalmente, contra el envenenamiento por asbesto, que ya mató a seis trabajadores y ha afectado a otros 150. La grosería alcanza el punto que la misma empresa tuvo que retirar 400 toneladas de material tóxico e iniciar una desabestización de toda la línea, a pesar de lo cual los trenes Nagoya y Mitsubishi todavía contiene piezas con el mineral cancerígeno. Los dirigentes del subte denuncian que, en la acusación, se sumaron esta serie de medidas de fuerza legítimas para armar un expediente gigante, eligiendo caprichosamente a quiénes imputar. Lo calificaron como un caso de "criminalización de la protesta sindical". También señalaron el criterio de oportunidad de esta ofensiva, a la que Néstor Segovia, secretario general de AGTSyP, calificó como una "prueba piloto" que desencadenará un "efecto cascada" sobre las organizaciones obreras. Insistió en apartar la acción del sindicato de "la política", a pesar de la numerosa presencia de diputados y legisladores del peronismo y del FITU, confluencia que, lo dijo en el micrófono, a Segovia lo "pone feliz".

A pesar de la gravedad del diagnóstico, la dirección de AGTSyP no precisó ningún plan de lucha. Se limitó a anunciar una eventual concentración en Tribunales cuando sean citados a declarar.

Aunque se refirió a esta ofensiva como un ataque a las organizaciones sindicales, el caso de AGTSyP se distingue por haber sido una organización obrera formada hace relativamente poco tiempo, a comienzos de siglo, al calor de las huelgas por la reducción de la jornada laboral y del Argentinazo, y en oposición a la UTA. La burocracia de Roberto Fernández, sin embargo, todavía retiene la representación sindical reconocida por el Estado y monopoliza las paritarias del subte, mientras que AGTSyP reviste como sindicato con personería "simplemente inscripta", a pesar de su amplia representación de la base obrera del subte. Esta ofensiva judicial apunta a su desarticulación e ilegalización. La empresa entregó a la fiscalía los números de legajo de los compañeros imputados y luego ella misma les trasladó la notificación judicial a cada trabajador.

La CATT -la confederación de sindicatos del transporte que lidera Camioneros, a la cual la dirección de AGTSyP se acercó en el último tiempo- estuvo ampliamente representada en la conferencia de prensa, con una delegación encabezada por Juan Pablo Brey, el operador del predicador evangelista y multimillonario Dante Gebel, al igual que la CTA, que tuvo presentes a Hugo Yasky, "Cachorro" Godoy y Roberto Baradel. Yasky calificó la acusación como "hecho aberrante" y la contrastó "con la impunidad de los ladrones de guante blanco". Ninguna de estas organizaciones aportó tampoco medidas. La única pregunta que formularon los medios presentes fue la de un cronista de Radio 10, que volvió a preguntar, algo incrédulo, si iba a haber una marcha. Segovia cerró la conferencia ratificando que eso ocurrirá "el día que nos citen".

La imputación contra los compañeros del subte entraña un desafío para todo el movimiento obrero. Es un intento de llevar a fondo su regimentación y blindar el unicato de la burocracia sindical, cuando la situación social se agrava y el gobierno de la ultraderecha ha ingresado en una pendiente en las encuestas de opinión. Derrotar esta provocación debe ser una prioridad para todos los luchadores. Los Milei y los Macri pretenden sofocar las libertades democráticas más básicas, empezando por el derecho a la protesta. Esta provocación debe ser enfrentada con una campaña inmediata, con manifestaciones y acciones callejeras.