Dr Ahorro baja las cortinas y acelera el vaciamiento a costa de los trabajadores

Luego de los casi 90 despidos de diciembre 2025, y de no haber abonado absolutamente ni un solo peso a dichos trabajadores hasta el día de la fecha por los salarios, el aguinaldo y las indemnizaciones adeudadas, la cadena de Farmacias del Dr Ahorro continúa el vaciamiento, afectando a los más de 200 trabajadores restantes.

El salario de marzo 2026 fue abonado en tres cuotas, debiendo reclamar vía judicial aquellos que estaban bajo licencia médica, ya que de forma unilateral la empresa decidió no abonar sueldos a los empleados que no iban a trabajar por problemas de salud.

Los faltantes de mercadería, que ya eran críticos a fines del año pasado, se fueron agravando con el correr de los meses, a tal punto de no tener en stock productos básicos como envases estériles para análisis de orina, loratadina para la alergia, omeprazol para la acidez, incluso en algunas sucursales llegó a faltar paracetamol.

La caída de las ventas, con ese nivel de desabastecimiento, responsabilidad absoluta de la empresa, era más que esperable. La patronal convocó a concurso de acreedores, pero no tomó ninguna medida tendiente a abastecer las sucursales.

De forma sorpresiva, el viernes 8 de mayo, los trabajadores se encontraron con los candados cambiados en la totalidad de las sucursales, y simultáneamente, cambio de cerradura en casa central. Hasta las pertenencias de los empleados quedaron secuestradas en los locales.

Ese mismo día, a primera hora de la mañana, un gerente envió por WhatsApp, un comunicado avisando que no vayan a trabajar, ya que a partir de ese día la totalidad de las sucursales iban a quedar cerradas "hasta nuevo aviso".

Hasta ese momento, a pesar de haber transcurrido más de cuatro días hábiles, la empresa todavía adeudaba el salario de abril. Les fue depositado sólo el 25 % de sus haberes, excepto aquellos que tenían licencia médica, que siguen sin cobrar nada.

Ante la negación de tareas por parte de la patronal, pero sin telegramas de despido, -un lockout patronal-, una delegación de trabajadores se presentó a realizar la denuncia en la Secretaria de Trabajo. De forma similar a lo ocurrido en diciembre 2025, el Estado no dio ninguna solución, ni intervino para preservar los salarios ni las fuentes de trabajo. “No pueden hacer nada porque solamente se puede realizar las denuncias por intermedio de los sindicatos”, les contestaron. Los trabajadores suspendidos se acercaron luego al sindicato ADEF, asociación de empleados de farmacia, y como ocurrió previamente con los primeros despedidos, se negaron a actuar y a efectuar cualquier tipo de denuncia contra el accionar de la empresa. Ni siquiera hacen mención del conflicto en su página oficial ni en las redes sociales.

Empresarios, Estado patronal y burocracia sindical, actuando en conjunto contra los trabajadores, de forma explícita.

Mientras tanto la empresa solicitó al juez que maneja el concurso de acreedores autorización para desprenderse de parte importante de sus activos como “condición necesaria para poder pagar lo que resta de los salarios”. Quiere liquidar las sucursales de mayor facturación, los autos y el único camión de reparto (herramienta de trabajo imprescindible) sin presentar a cambio un plan de continuidad, ni asegurar los puestos de trabajo en el tiempo, ni asegurar el pago de salarios a mediano y largo plazo. Tampoco contempla el pago de lo adeudado a los primeros despedidos. Se trata de una maniobra de liquidación anticipada que termina perjudicando a la larga a los trabajadores.

Los despedidos y los suspendidos deben unirse de forma autoconvocada para evitar la licuación de los bienes y exigir a la empresa el pago de todos los montos adeudados, antes que rematen lo poco que queda para fugarse, adeudando salarios e indemnizaciones, como lo hicieron ya los mismos dueños con la filial chilena.