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Entre el paquete de privatizaciones que planea hacer Javier Milei está la de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que presta agua potable y cloacas en CABA y gran parte del conurbano bonaerense. Este viernes la ordenó por decreto.
El proceso ya había sido habilitado políticamente por la Ley Bases. El Estado busca vender el 90 % de las acciones de AySA. El 10 % restante seguiría siendo gestionado por el sindicato mediante el Programa de Propiedad Participada.
El Gobierno viene haciendo un “plan de transición” 2024-2026 para volverla más atractiva para inversores: reducción de personal, tarifazos, reordenamiento financiero y cambios regulatorios. Así, la empresa pasó a tener superávit operativo, a fuerza de tarifazos y de cortar obras de inversión. Además, despidió a casi el 20 % de la plantilla (de 7.800 a 6.200 trabajadores) y habilitó el corte de suministro por mora, en un contexto de pauperización salarial. Las obras que paralizó estaban al 25 % por 90 millones de dólares. Una de ellas iba a permitir que La Matanza tuviera cloacas en todo el distrito en 2027.
Según un informe de la UBA y el CONICET sobre la evolución de la Canasta de Servicios Públicos, las tarifas de agua aumentaron un 366 % en promedio entre diciembre de 2023 y marzo de 2026. Los cortes del suministro estaban impedidos desde 2006, cuando la empresa fue estatizada luego de casi dos décadas en manos privadas.
El suministro de agua en el AMBA fue privatizado en 1993, cuando Carlos Menem le entregó la concesión de la estatal Obras Sanitarias de la Nación a un consorcio integrado por la empresa francesa Suez Lyonnaise y la española Aguas de Barcelona, que operó bajo el nombre de Aguas Argentinas. Entre 1993 y 2002, los precios de las tarifas de Aguas Argentinas ascendieron un 88,2 %, lo que constituye una cifra inmensa, considerando que fue durante la convertibilidad, con nula inflación. La empresa francesa es conocida en el mundo por su mala gestión de efluentes, insuficiente tratamiento de aguas residuales, retraso o inexistencia de obras, tarifas desmedidas y coimas. Cuando la empresa fue reestatizada en 2006, Suez reclamó en el CIADI y consiguió una indemnización de 223 millones de dólares.
Ahora, una de las oferentes en el pliego de concesión es Veolia, que compró a Suez. Otros que se presentan por AySA son Edison Energía —integrada por la familia Neuss, amiga de Caputo—, Mauricio Filiberti, dueño de Transclor —la empresa de cloro que opera en las mismas plantas de AySA—, el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento.
Los Neuss, aportistas de la Fundación Faro, ya se quedaron con Transener —en una licitación sospechada de fraude—, las hidroeléctricas del Comahue, los pozos de YPF y Metrogas.
El año pasado circuló la versión de que iba a presentarse como oferente la firma estatal israelí Mekorot, pero la misma está impedida, por sus propios estatutos, de invertir en activos fuera de su país. Sin embargo, se la ha vinculado a Transclor y así, de forma solapada, aspira a la licitación.
En la lista de privatizaciones que habilita la Ley Bases figuran Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Una de las cuestiones que condicionan estos procesos de privatización es que todos están atravesados por el apuro ante la caída de la imagen de Milei. Sobre la hidrovía hay dos presentaciones en la Oficina Anticorrupción denunciando irregularidades.
El objetivo de Milei sobre AySA es que la concesión se extienda por 30 años, hasta 2057, y juntar unos 500 millones de dólares. El liberticida está apremiado por el pago de intereses de la deuda, en un momento en que la recesión generada por la aplicación de su plan económico derrumbó la recaudación fiscal. Caputo busca patear la deuda para después de 2027, negociando un nuevo mega préstamo con bancos internacionales. El Gobierno intenta unificar los créditos repo tomados desde 2025 en una sola operación por al menos 5.000 millones de dólares.
Mientras la burguesía busca cómo continuar el modelo sin Milei, este, consciente de la finitud de su mandato, busca apurar las privatizaciones. AySA se la disputan agentes de la lumpenburguesía y el genocidio. Los Neuss —que aspiran a quedarse con varias empresas del Estado—, los legatarios del grupo Suez —que ya hicieron estragos con el servicio en el pasado— y el socio de Mekorot —la empresa israelí que utiliza el corte de suministro como instrumento de tortura—.
