Escribe Julio Quintana
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El presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira ha dado un paso clave para la liquidación de la rebelión obrera y campesina en su contra. El pasado viernes por la noche, después de una semana de negociaciones y dos reuniones de “diálogo”, ha logrado un acuerdo político con la COB. Esa misma noche, ante los medios de comunicación, el secretario ejecutivo de la Central Obrera, Mario Argollo, levantó la huelga general establecida desde el Primero de Mayo, que no se efectivizó, sin embargo, en la mayoría de los lugares de trabajo, y llamó a levantar los bloqueos sostenidos por organizaciones campesinas e indígenas y obreros autoconvocados. El “diálogo” se estableció a pedido de una “conminatoria” de la COB.
A las dos de la mañana del sábado, Paz Pereira decretó el estado de excepción para “liberar” las rutas y calles del país. Inmediatamente, el ejército y la policía boliviana fueron movilizados para el operativo de despeje, lo que da cuenta de una preparación previa a la firma del acuerdo con la COB. El presidente volvió a llamar a la población a “acompañar a la policía y el ejército en los desbloqueos”. Ayer, domingo, se sostenían aún 31 bloqueos en La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz (El Deber, 21/06). En Chuquisaca y Pando, los bloqueos refluyeron completamente durante la semana. Potosí amaneció sin bloqueos; hubo enfrentamientos civiles en varias zonas de El Alto (Latitud Bolivia, 21/06).
El Comité Cívico de Santa Cruz, bastión de la oligarquía fascista boliviana y del conjunto de las cámaras empresariales, aplaudieron la medida que habían exigido desde el principio El derechista y ex presidente boliviano Tuto Quiroga, inmediatamente exigió la aprobación exprés del estado de excepción por parte de la Asamblea Plurinacional boliviana. Según la ley 1740, que reglamenta el estado de excepción, es necesaria una mayoría agravada de la Asamblea Plurinacional en un plazo máximo de setenta y dos horas. Fue lo que ocurrió a las dos de la mañana del domingo, con más de dos tercios de diputados y senadores.
Las direcciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), la CSUTCB Túpac Katari y los Ponchos Rojos, junto a otras organizaciones campesinas e indígenas, han denunciado a la COB y las Fejuves de traidoras y ratificaron en un primer momento proseguir la lucha por la renuncia del presidente. Un dirigente de la Túpac Katari reconoció que los miembros de la COB se habían retirado de los piquetes desde hacía al menos una semana (La Razón, 19/06). Todo esto es muy instructivo, porque la llamada izquierda, en Bolivia y más allá, había lanzado la consigna del gobierno de la COB.
La semana pasada, la Túpac Katari también había “conminado” al gobierno a un “diálogo” con un pliego que pedía la derogación de una serie de decretos considerados “inconstitucionales”, entre ellos la ley de reglamentación del estado de excepción (Unitel, 16/06). También hubo denuncias en contra de algunos de sus propios dirigentes por haber participado en las negociaciones de la COB con el gobierno de Paz Pereira. Bajo este marco, la Túpac Katari decretó el “cuarto intermedio “de los bloqueos y convocó a un cabildo para el lunes próximo (RENNO, 20/06), aunque su realización está cuestionada por la prohibición de las reuniones públicas que establece el estado de excepción.
La coordinadora de las seis federaciones campesinas del trópico de Cochabamba, dirigidas por Evo Morales, ratificaron proseguir la lucha. El ministro de gobierno, amenazó con la intervención del departamento de Cochabamba, acusó Evo Morales de impulsar acciones vinculadas al narco terrorismo y advirtió que la policía y el ejército boliviano están definiendo el plan operativo para ingresar a la zona (Los Tiempos, 20/06).
Hace dos semanas, Paz Pereira ya había logrado la cooptación de 5 de las 9 centrales obreras departamentales; un acuerdo con la Federación Nacional de Trabajadores Fabriles; y, la semana pasada, con las seccionales sindicales de los mineros de Huanuni y Colquiri. También firmó, por enésima vez, un acta acuerdo con la dirección de los auto transportistas de La Paz, afectados por la “gasolina basura”.
El fin de semana anterior, la dirección de la COB habi2a suspendido su ampliado dos veces consecutivas en una clara muestra de desorientación ante la avanzada del gobierno sobre sus departamentales y sindicatos afiliados. Finalmente, el comité ejecutivo de la COB dirigido por Mario Argollo decidió “conminar” a principios de semana al presidente Rodrigo Paz a un “diálogo”, con un pliego de ocho puntos, bajo la amenaza grandilocuente de “revolucionar el país”. El pliego exigía la liberación de más de un centenar de detenidos, la finalización de la política de criminalización de la protesta social y que el gobierno combata al “racismo”, la no entrega de los recursos naturales, rechazaba el acuerdo con el FMI, solicitaba mecanismos de “consenso” de las medidas del gobierno y el cumplimiento de las promesas electorales, exigía una “redistribución” equitativa y la “protección” de la canasta familiar. La primera sesión de negociaciones entre el gobierno y la COB, se levantó bajo el compromiso de liberar los detenidos durante las represiones a las movilizaciones y bloqueos.
El carácter abstracto del pliego de la COB permitió que Paz Pereira pudiera comprometerse sin con todos los puntos establecidos por la COB. Pero fue categórico en defender acuerdo con el FMI, anunciado días antes como “cercano”, junto a una devaluación del 40% de la moneda local (Bloomberg Línea, 15/06). La COB resignó su rechazo al FMI y aceptó un mecanismo de “administración transparente” de los recursos obtenidos de organismos de crédito internacionales.
Hasta el momento, el operativo militar y policial de despeje ha sido masivo y concentrado en los puntos de bloqueos ya abandonados por los manifestantes. En el caso de Caracollo, en Oruro, se desplegaron más de mil efectivos (Wara TV, 21/06). El bloqueo de San Julián en Santa Cruz, que semanas atrás había derrotado una represión policial y para policial de la Unión Juvenil Cruceña, fue levantado mediante una negociación encabezada por el gobernador cruceño y bajo la promesa de obras de infraestructura y otras reivindicaciones (El Deber, 21/06), claramente condicionado por la entrega de la COB y el repliegue de la Túpac Katari en La Paz. En Cochabamba, Paz Pereira tratará de hacer efectiva la prisión de Evo Morales.
En lo inmediato, Paz Pereira sale políticamente muy reforzado de esta crisis. Con el levantamiento de la mayoría de los bloqueos y la declaración del estado de excepción, ha reforzado su influencia política en las capas medias que nunca fueron atraídas a la lucha por la COB o la Túpac Katari. Ahora, Paz deberá seguir su arbitraje entre los sectores derechistas que exigen ir a fondo.
El desabastecimiento de combustible y su calidad, no ha sido resuelto; como tampoco la carestía de la vida, que se agravará por la fuerte devaluación que está exigiendo el FMI.
