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El gobierno Kast anunció una serie de medidas y proyectos de ley que atacan al corazón de las conquistas logradas por las revueltas estudiantiles de hace más de una década, consagradas legalmente, algunas de ellas, bajo los gobiernos de Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018). Mediante estas medidas y proyectos de ley, el gobierno retornaría a un sistema de ingreso con derecho de admisión por parte de la escuela (punto eliminado por la “Ley de Inclusión Escolar”, promulgada en 2015); interrumpe el pasaje de las escuelas municipales a la gestión nacional (la municipalización de las escuelas fue implementada por la dictadura de Pinochet en los años 80’) y autoriza a la policía a revisar mochilas y vestimentas e intervenir sin orden judicial.
Derecho de admisión
Dos semanas atrás, el gobierno de Kast presentó un proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE) -un sistema centralizado de inscripción online que publica las escuelas que reciben financiamiento estatal, tanto de gestión estatal como privada. Con la Ley de Inclusión Escolar (sancionada en 2015), las escuelas ya no podían pedir calificaciones ni entrevistas a los padres sobre su situación social, etc. para seleccionar a sus alumnos. Los cupos son asignados por un algoritmo que, considerando las preferencias de las familias, establece un orden aleatorio de ingresantes.
El proyecto oficial devuelve a las escuelas públicas y privadas con subvención estatal el derecho de admisión. A partir de ahora, podrán solicitar notas de los alumnos desde séptimo básico (primaria) y entrevistar a las familias para decidir o no el ingreso a la escuela; mantiene, según expresa, un cupo para “estudiantes prioritarios” (hogares en situación socioeconómica vulnerable).
De este modo, el Estado prescinde de garantizar el derecho social a la educación, que pasa a ser una cuestión de “mérito individual”. Así lo expresó Kast: “Devolveremos a las familias el lugar que nunca debieron perder. Tras una década en que un sistema centralizado entregó la admisión escolar prácticamente al azar, ingresaremos un proyecto de ley que ponderará el mérito de los alumnos” (La Araucanía Diario, 23/6). La fraseología del “mérito” que encubre las desigualdades sociales obvias, que son la raíz de las “diferencias de aptitud” y habilita la discriminación detrás de la crítica a un sistema “basado en el azar”. La derecha celebró que Kast comience "a eliminar la ‘Tombolita’ de Bachelet- en nombre del derecho de los padres a elegir el colegio para sus hijos”.
Para Cristián Bellei (Centro de Investigación Avanzada en Educación), “el diseño normativo del Ejecutivo altera el corazón del sistema: [garantizar] que los niños no sean excluidos por su condición socioeconómica o familiar (...) Se dice que tienen que ser no discriminatorios, pero la capacidad de fiscalizar eso en una entrevista es muy subjetiva (…)”. [Abre] la puerta a unas prácticas de discriminación que en Chile fueron muy masivas” (Diario Uchile, 5/07).
Retorno a la municipalización pinochetista
En los años ˋ80 la dictadura de Pinochet impulsó el pasaje de las escuelas nacionales a la gestión municipal. El desfinanciamiento resultante, más el sistema de vouchers de créditos educativos que incentivaron la competencia entre escuelas, condujo a un derrumbe de la escuela pública. Según Cristián Bellei, las escuelas públicas, que cubrían más del 80% de la oferta educativa en 1973 (año del Golpe), hoy solo cubren un 30%. La respuesta a este derrumbe fueron las rebeliones estudiantiles de las últimas décadas.
La Ley de Educación Pública de 2018 establece un traspaso progresivo de las escuelas públicas de gestión municipal al sistema nacional. La ministra de Educación, María Paz Arzola anunció su suspensión: "Si hay municipios que administran bien sus escuelas y [otras] con problemas graves y serios como lo hemos visto, lo responsable es hacer una pausa” (Página 7, 11/05). La suspensión anunciada tropieza con la existencia de un calendario establecido por ley y el gobierno debería dictar una ley para el caso.
Intervención policial y estado de excepción en las escuelas
Recientemente también el Congreso chileno aprobó el proyecto oficial de Ley de “Escuelas Protegidas”. La misma habilita a Carabineros y a la PDI (Policía de Investigaciones de Chile) la revisión de mochilas y vestimentas sin orden judicial “cuando exista algún indicio de que el estudiante ha cometido o intentado cometer un crimen (!) o simple delito o se dispone a cometerlo” (El País, 24/6). En dicho caso, si “el padre, madre o apoderados no concurra [en el plazo correspondiente], el sostenedor del establecimiento deberá comunicar los antecedentes a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones de Chile para que proceda” (El País, 24/6).
Lo liberticidas chilenos utilizan el dramático episodio del asesinato de un docente por parte de un alumno (un hecho excepcional de incumbencia penal) en marzo de este año (El País, 27/3) para convertir todo lo pertinente a la convivencia escolar contemplada en los reglamentos escolares (vestimenta, etc.) en hechos penales e introducir la sospecha (“indicios de que un alumno se dispone a cometer un delito”) como método de persecución e intervención policial.
Además, incorpora como falta grave “aquellos actos (...) que tengan como consecuencia la interrupción total o parcial de las clases” (El País, 16/6) -expresión que puede abarcar una toma de escuela o una movilización estudiantil- acciones que, según la ley son causales de cancelación de la matrícula en la escuela y de no admisión en otra.
Por último, modifica la Ley 21.091 de Educación Superior, restringiendo la gratuidad universitaria de aquellos escolares que hayan sido condenados por hechos que afectan la convivencia escolar. Es decir que extiende la pena, cumplida por la condena previa, a un derecho constitucional como el ingreso gratuito a la Universidad. Así lo interpreta el Tribunal Constitucional, que rechazó por tal carácter tanto este artículo como el referido a la revisión de mochilas (El País, 24/6).
La lucha por los derechos educativos fue el factor político de masas que marcó la vida política chilena de las décadas posteriores a la dictadura de Pinochet. Las movilizaciones estudiantiles de 2006 con paros estudiantiles y tomas de escuelas (llamada “Revolución Pingüina” por los uniformes escolares) durante el primer gobierno de Bachelet (2006-2010), llegaron a convocar a casi 800.000 estudiantes en una jornada de paros y movilizaciones en todo el país. Resultante de este cuadro de movilizaciones estudiantiles, en 2009 se deroga la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), sancionada hacia el final del pinochetismo en 1990, que es reemplazada por la la actual Ley de General de Educación.
Sin embargo, la herencia educativa del pinochetismo se mantuvo. Para 2011, durante la primera presidencia de Sebastián Piñera, sólo el 25% del sistema educativo era financiado por el Estado (BBC Mundo, Cono Sur, 10/08/11). Ocupaciones de escuelas y movilizaciones de estudiantes universitarios y secundarios, que muchas veces superaron las 200.000 personas sólo en Santiago, se produjeron a lo largo de casi todo ese año.
Finalmente, la rebelión chilena de 2019, que conmovió al régimen político del país, se inició cuando un grupo de miles de estudiantes secundarios se organizó para saltar los molinetes del Metro de Santiago frente al aumento del transporte. "No son 30 pesos, son 30 años", fue la frase que resumió la rebelión chilena contra el orden pinochetista. El gobierno de Gabriel Boric dilapidó ese esfuerzo en una Asamblea Constituyente pactada con la derecha que condujo a una nueva frustración.
La contrarreforma educativa de Kast deberá enfrentarse a esta memoria histórica.
