La cacería de Trump contra los refugiados haitianos

Las cifras récord de encarcelamientos y la tasa de mortalidad en los centros de detención confirman que la política fascista de Donald Trump ha dado un salto cualitativo en la cuestión de las deportaciones. Con la venia de la Suprema Corte y la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), el gobierno trumpista busca liquidar los derechos más elementales de cientos de miles de haitianos, utilizados hasta ahora como mano de obra precaria y superexplotada.

Tras las movilizaciones de masas y la crisis política desatada por los crímenes de los matones del ICE (policía militarizada migratoria) en Minnesota, el gobierno desató una nueva ofensiva contra los inmigrantes sin papeles, cebándose especialmente con los refugiados de origen haitiano. La remoción de Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la llegada de Markwayne Mullin no buscaron frenar la ofensiva, sino relanzar con métodos más encubiertos la política de detenciones masivas y deportaciones.

Tras una caída temporal de las detenciones por la protesta social y la crisis parlamentaria, en julio se registró un récord histórico con más de 51.000 inmigrantes encarcelados en condiciones de verdaderos campos de concentración. La tasa de mortalidad bajo custodia policial prácticamente cuadriplica a la de administraciones anteriores. Mullin ha evitado la ocupación militar de las ciudades para amortiguar el impacto mediático, trasladando la cacería a aeropuertos, puestos de trabajo, hogares e incluso oficinas de regulación migratoria.

Un fallo de la Suprema Corte trumpista a fines de junio avaló la liquidación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350.000 haitianos y unos 50.000 sirios, despojándolos automáticamente de sus permisos de trabajo. Se trata de una población perfectamente fichada y fácilmente ubicable (se conocen sus domicilios y lugares de trabajo), lo cual abrió paso a la cacería y las deportaciones express. El fallo judicial, redactado por el reaccionario juez Samuel Alito habilita al gobierno a “iniciar deportaciones masivas de inmediato, negándose a permitir que las personas permanezcan en el país mientras sus litigios están pendientes” (The Nation, 25/6).

Mullin además ordenó a las oficinas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. que remitieran las solicitudes de asilo a los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia incluso sin primero entrevistar a los solicitantes. La aplicación al asilo se ha convertido en una pasarela para las expulsiones sin proceso judicial (los “jueces” de inmigración son meros ejecutores administrativos de las deportaciones). Los servicios de asilo tienen unos 450.000 casos pendientes y cada año se suman decenas de miles de solicitantes.

El gobernador Republicano de Ohio, Mike DeWine, declaró que la medida es “un error” (CBS), haciéndose eco de las quejas de sectores patronales. La ciudad de Springfield en ese Estado fue el centro de la campaña racista contra los inmigrantes provenientes de Haití, que ocupó un lugar importante en la campaña electoral de Trump. DeWine declaró que los haitianos “han creado y ocupado puestos de trabajo... Así que perderlos y que ya no puedan trabajar, y que posiblemente sean expulsados de este país, es, francamente, un duro golpe para Springfield y para el estado de Ohio”.

La cuestión de la eliminación del ICE ha estado presente en las campañas de varios candidatos progresistas triunfantes en las primarias Demócratas, lo cual refleja el repudio popular a la represión militarizada de Trump. Sin embargo, han sido incapaces de impulsar la movilización popular contra esta escalada. El alcalde de la DSA (Demócratas Socialistas) Zohran Mamdani afirmó que su gobierno “se vio obligado” a cumplir con el fallo de la Corte contra los haitianos “y a desvincular a cualquier empleado que no haya establecido vías alternativas de trabajo legal”. Mamdani se limitó a pedir a Trump el restablecimiento del TPS por razones humanitarias y económicas, ofreciendo asistencia legal simbólica, pero negándose a interponer acciones jurídicas de peso o a convocar a las calles de Nueva York contra las detenciones del ICE.

La política de la DSA y Bernie Sanders apunta a canalizar la “bronca” hacia el proceso electoral, no a la movilización de masas. Basta recordar que, en la más grande movilización de la historia, la última marcha “No Kings”, no se hicieron presentes ni Mamdani ni Ocasio-Cortez, las figuras más prominentes de la DSA. Mientras el electorado gira a la izquierda, los líderes que canalizan transitoriamente ese giro apuntan a reforzar su integración al Estado imperialista.

La defensa de los refugiados haitianos y de todos los trabajadores indocumentados exige la reactivación de la lucha en las calles, las huelgas y la movilización independiente.