Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: un refuerzo para el Estado policial

La "causa nacional" enarbolada por el gobierno liberticida en torno a Malvinas no es más que el mascarón de proa del desarrollo de una variante fascista, atada a un acuerdo con el trumpismo para militarizar el Atlántico Sur. Incluye medidas de integración transversal de los aparatos represivos, que redunda en un reforzamiento del Estado policíaco.

Como con Galtieri en 1982, todo el arco político ha saludado el discurso ‘malvinero’ de Mile como un "viraje" hacia el nacionalismo ‘soberno. Gran parte de la oposición se limitó a "denunciar" el oportunismo electoral de los anuncios. No consigue reconciliar la contradicción entre el propósito de recuperar la soberanía sobre Malvinas, por medios diplomáticos y sanciones económicas improbables, con la militarización que supone la instalación de una base militar integrada en Ushuaia, con el pretexto de la soberani2a de Malvinas, de la mano del Comando Sur del Pentágono. Los bloques opositores salvan esta contradicción ofreciendo discutir el proyecto del Ejecutivo si es que éste "beneficia a la soberanía del país", el típico lenguaje de un comrpomiso. El extravío es mayor en en el FITU, que aprueba la "reversión", realizada por Milei, al considerarala un "giro" motivado por la movilización contra la ley de tierras. La realidad es que estamos en presencia de un salto cualitativo en la integración político-miltar de Argentina en la guerra imperialista mundial. A diferencia de los que ocurre en el Estrecho de Ormuz o de Bab al Mandeb, la base militar integrada pretende defender el Estrecho de Magallanes como paso interoceánico para el imperialismo norteamericano.

Desde la Casa Rosada se ha convocado a toda la dirigencia política a dar "máxima prioridad y celeridad" al tratamiento del proyecto de Seguridad Nacional en el Congreso. “No podemos, dice Milei, darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas".

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional consta de 133 artículos y tiene como finalidad reformar el régimen vigente (estipulado en la Ley 26.659) para sancionar a las empresas que realicen explotaciones no autorizadas de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. La iniciativa amplía, en la línea de las sanciones impuestas hasta el momento, la prohibición a accionistas, controlantes y proveedores, e incorpora multas calculadas según el valor internacional del petróleo y establece que determinadas actividades pueden ser penadas con hasta 20 años de prisión. Las sanciones incluirían a la actividad pesquera.

El proyecto contempla un salvoconducto para las empresas que realicen actividades prohibidas por medio del Régimen de Desistimiento y Regularización, posibilitando que requieran regularizar su situación si demuestran que dejaron de realizarlas y se comprometen a no reincidir, posibilitando reconvertir sus actividades y desarrollarlas de manera lícita en territorio argentino.

El texto plantea modificar el artículo 225 bis del Código Penal, a fin de sancionar con entre 5 y 12 años de prisión a quien, "actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva". La iniciativa también apunta contra aquellos que "promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes". En ese caso, el texto oficial establece penas mayores, que van de 8 a 15 años, "si la conducta se cometiere mediante amenazas, sobornos, coerción o uso de estructuras criminales". (La Nación, 18/9).

El texto habilita, en estos términos. a utilizar la ley para llevar adelante la persecución política contra periodistas y activistas bajo la excusa de ser "agentes extranjeros". En mayo del año pasado, la SIDE se impulsó un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que abría una puerta para tareas de espionaje interno sobre quienes buscaran "erosionar" la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios o pudieran generar una "pérdida de confianza" en las "políticas económicas" del Gobierno. Tras la revelación, el PIN fue reelaborado.

Pero la centralidad del proyecto se encuentra en la creación del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), un nuevo organismo con el que el Gobierno liberticida pretende coordinar distintas áreas del Estado y definir una política común frente a "amenazas que afecten los intereses estratégicos" de Argentina. La creación del nuevo organismo abre paso a un nuevo reajuste del presupuesto del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas y SIDE, entre otras reparticiones, y será presidido por el Presidente. El CSN tendrá a su cargo elaborar la futura Política de Seguridad Nacional, es decir que no se restringirá a la cuestión Malvinas, sino que "definirá la política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado; estará integrado por Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, y establecerá un marco para la protección de la infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima" y "tendrá facultades especiales para responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales y no estatales que amenacen la seguridad nacional" (Página 12, 6/9).

La puesta en funcionamiento del CSN se superpone con el Consejo de Defensa Nacional y con el Consejo de Seguridad Interna. Este andamiaje legal,"forma parte”, em la interpretaciôn de Página 12, “de un consenso democrático para ponerles límites a los militares, a los espías y a los integrantes de las fuerzas de seguridad" (ídem). Es lo contrario: el proyecto mileísta avanza en el desarrollo de la “seguridad nacional’” precedente, que incluye la “ley contra el terrorismo” aprobada bajo el gobierno de Cristia Kirchner.

La agenda la creación del CSN viene siendo barajada desde marzo del año pasado, cuando la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, presentó un proyecto que fue discutido dentro del gabinete. El CSN, que actuaría ante "amenazas que afecten los intereses estratégicos" de Argentina, habilitaría a declarar como "actividad terrorista" a acciones que el gobierno evalúe, de manera discrecional, como un peligro para la "defensa nacional". La SIDE ocupará un lugar central en el CSN, y en este sentido los "sótanos de la democracia" fueron premiados con el aumento de los gastos reservados por $30 mil millones, habilitados por DNU 867. Hace menos de dos meses la SIDE había recibido un desembolso de $49 mil millones destinados también a fondos reservados.

El CSN liberticida, lejos está de convertirse en un organismo en pos de la "defensa de la soberanía", y los recursos destinados para su puesta en funcionamiento no estarán al servicio de la "identificación de empresas que operan en Malvinas", sino que tendrán como finalidad mantener a raya la conflictividad social derivada del plan de guerra de Milei-Caputo contra las masas.

El gobierno de refuerza el Estado policíaco al servicio del imperialismo y la guerra. Ninguna reivindicación de soberanía territorial vale por sí misma si no sirve para desarrollar un proceso de emancipación social y una lucha de clases consciente. Desde 1982, Malvinas es una base militar de la OTAN. Trump busca imponer la supremacía norteamericana en el Atlántico Sur.