Escribe Julio Quintana
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El presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira, mediante el decreto 5707, ha extendido el estado de excepción en su país hasta mediados de diciembre próximo. La extensión fue probada por amplia mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, apenas por debajo de los dos tercios de los legisladores presentes, cuando bastaba con una mayoría simple (El Deber, 17/09). El Bloque Libre, del derechista cruceño Tuto Quiroga, se abstuvo al no lograr un acuerdo con el oficialismo para el impulso de sus pedidos de reforma constitucional. Con esta extensión, apoyada por casi todos los partidos del régimen político boliviano, el gobierno podrá seguir restringiendo el derecho a reunión, tránsito y circulación, mediante la intervención de la policía y los militares.
El estado de excepción fue inicialmente decretado en la madrugada del 20 de junio pasado, apenas horas después de que el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, levantara la huelga general llamada desde el primero de mayo pasado. El fin de la huelga debía dar lugar a la formación de una mesa de diálogo con el gobierno y serviría para “evitar” la instalación del estado de excepción. Deshaciéndose de su promesa, Paz Pereira lo justificó en nombre de “pacificar” el país, acabar con el desabastecimiento de combustibles y alimentos y con el declive económico de Bolivia, achacados a los bloqueos y la rebelión obrera y campesina desatados en su contra. Con la liquidación de la rebelión por medio del acuerdo con la COB y la Tupac Katari, el presidente boliviano lanzó una avanzada penal contra los manifestantes junto a una devaluación inicial del 40% de la moneda boliviana.
Después de tres meses de estado de excepción, Paz Pereira no ha logrado revertir la escasez de dólares y ha encarecido la importación de productos básicos, particularmente el combustible, por lo que el desabastecimiento se ha agravado. Las inversiones extranjeras prometidas, supuestamente bloqueadas por la rebelión en su contra, no se han consumado; ni tampoco han llegado los fondos acordados con el FMI. En este caso, el directorio del organismo no ha autorizado aún el préstamo de 1.900 millones de dólares pre acordado, ni ha fijado fecha para tratarlo. El principal argumento del gobierno para la extensión del estado de excepción fue evitar nuevas protestas, pronosticadas en base a informes de inteligencia de la policía y el ejército (El Deber, 17/09).
A mediados de agosto, Paz Pereira volvió a aplicar por decreto un aumento del combustible diésel, esta vez del 84%, pero sólo para los “grandes consumidores”. Esto ha echado leña al fuego a la inflación creciente y provocado el regreso de los bloqueos, pero en este caso por parte de productores agrícolas del oriente boliviano. Mientras que en un primer momento el ´gasolinazo´ había sido justificado por los altos precios internacionales, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, ha declarado que la medida no se puede derogar porque es una exigencia del FMI (Erbol, 27/08). Posteriormente, mediante el decreto 5701, el presidente boliviano autorizó a las refinerías bolivianas a importar petróleo crudo para refinarlo y a vender sus derivados a precio de mercado, abriendo paso a la eliminación completa de los subsidios a los combustibles (El Deber, 08/09).
El gobierno boliviano ha dado a conocer un anexo del acuerdo con el Fondo, en donde se compromete a eliminar todas las subvenciones a los combustibles para enero del 2027, junto con la liberación de la importación, refinación y comercialización de los mismos. El FMI exige reducir el déficit fiscal del 11% a un 9% en 2026 y llevarlo al 2% para 2031 (Bloomberg, 11/09). El Milei del altiplano está completamente jugado al apoyo del capital internacional, especialmente del FMI y el Banco Mundial, para obtener un financiamiento de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares (El Deber, 26/08), que salven a su gobierno. La continuidad del estado de excepción está ligada a poder descargar este fenomenal mazazo sobre la clase obrera y el campesinado boliviano. La Asamblea Plurinacional daría su respaldo al acuerdo con el FMI en las próximas semanas, por lo que la extensión del estado de excepción es también un acto de defensa propia.
El otro argumento utilizado por el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo, para solicitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional la extensión del estado de excepción, fue la acusación contra los carteles brasileños, el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC), de intentar controlar municipios del departamento de Pando fronterizos con Brasil (El Deber 17/09). Estos carteles brasileños fueron declarados "terroristas" por el Departamento de Estado norteamericano, a pedido del fascista brasileño Flavio Bolsonaro, por lo que hoy en día constituyen la excusa para una eventual intervención militar estadounidense sobre territorio brasileño, por parte de Donald Trump. Paz Pereira ha integrado a Bolivia al Escudo de las Américas. Desde esta posición, se ofrece como base para las acciones golpistas del trumpismo en Brasil, como pasó, al revés, cuando desde el gobierno de Jair Bolsonaro, junto con la oligarquía cruceña, se preparó el golpe de 2018 contra la última presidencia de Evo Morales.
Las organizaciones que “dirigieron” la liquidación de la rebelión obrera y campesina de junio y julio, buscando en todo momento un compromiso con el gobierno, no han perdido la oportunidad de rechazar discursivamente la extensión del estado de excepción, para mejor disimular su compromiso con el gobierno de Paz Pereira. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, fue más lejos aún, utilizando sus declaraciones de “rechazo” para reivindicar la liquidación de la rebelión boliviana de hace 2 meses y el estado de excepción que sobrevino, luego declarando que durante ese período el país ha estado “tranquilo” (Unitel, 16/09), pero su extensión podría jugarle en contra al gobierno (La Razón, 16/09). La Tupac Katari y Evo Morales se limitaron a tildar de “anticonstitucional” esta prórroga, sin brindar mayores explicaciones (La Patria, 17/09).
Mientras el desabastecimiento de combustibles y la inflación hunden en la pobreza a capas cada vez más amplias de la clase obrera y campesinos bolivianos; los bancos que operan en Bolivia han obtenido ganancias fenomenales durante el primer semestre del 2026 -un incremento del 77% con respecto al 2025, según el Banco Central boliviano-. Por otro lado, la guerra internacional, con el crecimiento exponencial de los precios de los combustibles, no dejará de golpear los planes fondomonetaristas y proimperialistas de Paz Pereira y la derecha boliviana, acicateando la rebelión popular. En este cuadro, la tendencia y la necesidad a retomar la movilización por las reivindicaciones más sentidas de la clase obrera y los campesinos bolivianos, no dejaron de crecer durante el estado de excepción y se agudizarán bajo su extensión.
Bolivia: Paz Pereira mantiene el "estado de excepción" para imponer un golpe devaluatorio exigido por el FMI Por Julio Quintana, 27/06/2026.

