Régimen Penal Juvenil: otro fallo judicial irrita al poder político

En las últimas semanas se ha vuelto una constante la crítica de gobernadores o funcionarios políticos a jueces que han resuelto fallos que no son de su agrado. Hace 10 días la destinataria fue una jueza de Lomas de Zamora que ante un pedido de habeas corpus correctivo, resolvió la suspensión de la aplicación de la ley 27801 -llamada como “Régimen Penal Juvenil”- en toda la provincia de Buenos Aires. El aspecto principal de aquella norma es la reducción de la edad de imputabilidad, estableciéndola a partir de los 14 años de edad. El fallo de la jueza se fundó, básicamente, en la inexistencia de infraestructura para albergar y dar respuesta a la demanda que implicaría esta persecución penal contra los adolescentes. El fallo fue apelado y finalmente revocado por la Cámara correspondiente.

Ahora, en otro hecho, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, la jueza Laura De Marinis dictó la inconstitucionalidad del artículo primero de la ley. Justamente, es el que determina la edad de punibilidad. Lo hizo frente a un hecho en concreto de un niño de 14 años, detenido por una tentativa de robo. En su resolución, la jueza advirtió una idea muy concreta: someter a un niño de 14 por un hurto al sistema penal es de una desproporción absoluta. No es un crimen aberrante, ni de los catalogados violentos. Ni siquiera se consumó, porque el celular que se le endilga haber querido robar nunca estuvo en su poder. Por lo que la magistrada entendió que, ante semejante incursión, lo que falló aquí realmente fue el sistema de protección integral de la niñez. Dicho de otra manera: no estamos ante un conflicto penal, sino, de lo contrario, de proteger la trayectoria vital del niño bajo responsabilidad del Estado y los adultos. Sobre el se advierte una vulnerabilidad palpable, carente de adultos responsables para su contención. La crítica de la jueza es dirigida al Estado, que atento a la carencia de recursos del chico, pretende absolverse a sí mismo castigándolo. Palabras más, palabras menos, la jueza entendió que lo que este requiere son asistencias de otra índole y que el Estado incumplió. Para ilustrar su punto -y demostrar la pretensión descabellada de someter a juicio penal a un chico apenas adolescente- la jueza citó el ejemplo qué pasaría en un aula, si un alumno le esconde una regla a otro compañero, ¿estaría cometiendo un hurto? No tiene ningún tipo de sentido privarlo de su libertad ni someterlo a ese calvario, concluye.

Fue cuestión de horas para que todo el arco derechista lance sus críticas. Jorge Macri y su ministro de justicia han prometido someter a juicio político a la jueza De Marinis. Patricia Bullrich volvió con la alharaca contra los jueces garantistas. Se ha tornado una práctica más que repetitiva de parte de los ´republicanos que supimos conseguir´, esta de apretar a cualquier juez que no falle según sus lineamientos. Bien visto es una práctica autoritaria que busca evitar cualquier disenso. Pero subyace en el corazón de toda la reforma política que el gobierno libertario tiene en el tapete. No es solo un protocolo antipiquetes, sino toda reorganización sobre bases sin derechos ni garantías: ni en el ámbito laboral, ni en el campo de la agitación política electoral. La avanzada contra los niños obedece a la tentativa general de un régimen excepcional y tira por la borda todos los votos del progresismo para poner en pie este sistema penal juvenil. Lo que tenemos son detenidos por tentativas de hurto y jóvenes hacinados en establecimientos supuestamente construidos para su resocialización -nada positivo puede salir de esto. Jorge Macri compite palmo a palmo con los Milei en la fascistización de su gobierno.

Bien observado, el fallo de la jueza De Marinis es también una crítica a la política de ajuste y recortes del gasto social de parte de todos los gobiernos, cuando señala que no existe sistema de protección vigente es porque lo poco que había fue desmantelado. Las secretarías de Niñez y Adolescencia no tienen ningún tipo de recursos para afrontar la cantidad y gravísimas situaciones de menores vulnerados en sus derechos más elementales. Si algún tipo de respuesta existe, es por parte de sus trabajadores que no se quedan de brazos cruzados a pesar de la extrema precariedad laboral a la que son sometidos. Luchar por las libertades democráticas es una tarea insoslayable para cualquier activista.