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Para ´contener´ a sus aliados del PRO y la UCR, el oficialismo consensuó con ellos un proyecto de "Fortalecimiento de la Sostenibilidad y Eficiencia Permanente en el Sistema de Discapacidad". Espera obtener un dictamen favorable incluso hoy mismo.
Es un texto igual al que establece la ley de emergencia en discapacidad, pero no menciona esa palabra. La ´oposición´ supuestamente había cerrado filas para votar su prórroga hasta diciembre de 2027, pero radicales y macristas abrazaron rápidamente el nuevo texto del oficialismo. Ese proyecto conserva el nomenclador único y actualización por IPC, la pensión equivalente al 70 % del haber mínimo jubilatorio, su compatibilidad con el trabajo registrado para quienes perciban hasta dos salarios mínimos, la cobertura de salud y los beneficios para los empleadores que contraten personas con discapacidad. También preserva el derecho de los prestadores a cobrar las compensaciones pendientes y establece que las partidas destinadas al sistema no podrán caer en términos reales respecto del año anterior.
Sin embargo, de aprobarse, la aplicación de la nueva norma va a requerir partidas presupuestarias que, hasta el momento, no están contempladas dentro del Presupuesto 2027. De hecho, el nuevo proyecto contradice por completo lo citado por el Ejecutivo dentro del proyecto de Presupuesto 2027 que, en su capítulo VI, deja de lado casi todas las disposiciones de la actual ley de emergencia. Es decir, propone eliminar el sistema de aranceles universales para las prestaciones, lo que permitiría a las obras sociales y empresas de medicina prepaga fijar libremente los valores de las terapias; recorta las pensiones, que pasarían a ser adjudicadas bajo la condición de “invalidez laboral”, lo que exige un porcentaje superior al 76% de discapacidad; establece el reempadronamiento obligatorio y deroga la obligación del Estado de garantizar las prestaciones que no disponga el sistema de salud pública, entre otros ataques.
La trampa está a la vista: para sortear la prórroga de la ley de emergencia, ratificada contra el veto presidencial y avalada por varios fallos judiciales, el gobierno ha presentado este nuevo proyecto que contradice las disposiciones del Presupuesto, pero está sujeto a él. Le ha alcanzado con esta maniobra, por lo pronto, para dividir a la ´unidad opositora´ que aprobó por unanimidad -de LLA hasta el FITU- menos un voto, el emplazamiento para el tratamiento de la prórroga de la emergencia en comisiones. Se ha verificado la denuncia del diputado santacruceño que votó en contra: aquella votación fue una maniobra dilatoria para desarmar la ´ofensiva´ de la oposición y derivarla a comisiones. De mantenerse el proyecto de Presupuesto actual, el gobierno podría incumplir su propia ley de ´fortalecimiento´ por falta de fuentes de financiamiento.
La iniciativa responde, hasta cierto punto, a las inquietudes de Patricia Bullrich. La jefa del bloque libertario de senadores había calificado al proyecto de presupuesto como una "bomba atómica". En diversas apariciones televisivas, Bullrich enfatizó que el apartado sobre Discapacidad no había sido discutido en la mesa política y alertó sobre la “ingobernabilidad” que había generado este mismo debate en otras dos instancias parlamentarias. Esta ´concesión´ apunta a lubricar acuerdos con los bloques colaboracionistas. El ataque a discapacidad -y más que ataque, la tentativa de desmantelamiento de todo el sistema de asistencia- es un punto crítico. El núcleo del Presupuesto 2027 apunta a la desindexación de los gastos sociales, la única alternativa que se le presenta al gobierno libertario para continuar ´ajustando´ en medio de la caída de la recaudación como resultado de la depresión económica.
El lunes pasado había finalizado con otro cimbronazo por la renuncia del Secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, en medio de la polémica por el brutal ajuste en el sector.
A esto se le suman las acechanzas judiciales sobre el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo Una auditoría registró un ´desfasaje´ de 158.000 millones de pesos durante su gestión en la agencia de Discapacidad. La causa judicial involucra a la propia Karina Milei. La auditoría relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas que no pasaron por las áreas de control establecidas. Se habla de un ´desfasaje´ debido a que la información proviene de cruzar los datos de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). La Justicia ha puesto la lupa sobre este relevamiento. La investigación se centra en sobreprecios cercanos al 20%. Karina Milei, según los audios que se le atribuyen a Spagnuolo, recibía una ´cometa´ del 3%.
El principal objetivo del gobierno es la defensa del (falso) superávit fiscal por medio de una nueva ofensiva contra las masas. Sin embargo, el gobierno atraviesa una situación potencialmente explosiva, como resultado del declive del plan Milei-Caputo, la insolvencia financiera del Estado y la crisis de la gestión Trump -su principal sostén-.
El impasse explosivo se gráfica en estas disputas al interior del gabinete, cada vez más virulentas.
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El gobierno liquida el sistema nacional de Discapacidad Por Joaquín Antúnez, 17/09/2026.
