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La gran jornada de paro y movilización que paralizó a Francia el martes 29 de septiembre de 2026 es el inicio de una pulseada de enorme magnitud contra el plan de ajuste de 54.000 millones de euros anunciado por el gabinete del primer ministro Sébastien Lecornu. Lo que ocurre en las calles es una irrupción de los centros ferroviarios, refinerías y cuarteles de bomberos contra la bancarrota de un Estado imperialista en guerra que pretende descargar su propia quiebra sobre las espaldas de la población. La reducción del gasto social en el presupuesto significa el colapso definitivo de los hospitales, el congelamiento de los salarios estatales, el desfinanciamiento de la educación pública y de las universidades, el recorte de los subsidios de vivienda y de las protecciones sociales básicas. A esto se le suma que el gobierno de Lecornu ensaya un amago de flexibilización laboral y nuevos ataques a los convenios colectivos, buscando desregular las condiciones de contratación en el sector público y privado, precarizar aún más la estabilidad laboral y liquidar conquistas históricas de los trabajadores franceses.
Como registran los despachos de la prensa internacional y las coberturas locales en París (con reportes de movilizaciones en más de 170 puntos de concentración en todo el territorio), existe una tensión inocultable entre la contención de las cúpulas sindicales y la combatividad que se gesta en los lugares de trabajo y estudio. En los bastiones tradicionales del movimiento obrero -como los talleres de mantenimiento de los ferroviarios (SNCF), los puertos, las refinerías de TotalEnergies y los hospitales-, la gravedad del ajuste coloca sobre la mesa la necesidad de ir hacia un plan de lucha sostenido e impulsar la huelga general por tiempo indeterminado para evitar el desmantelamiento social que el gobierno quiere consumar.
También la juventud estudiantil ha tomado masivamente las calles; golpeada por la precarización, el aumento del costo de vida y los recortes, se erige como un factor de continuidad y acicate. Desde las primeras horas de las protestas, se registraron asambleas, cortes y la organización de estudiantes secundarios y universitarios en facultades y liceos de distintas ciudades.
A la movilización obrero-estudiantil se sumaron los bomberos, que marcharon con sus uniformes, camiones y sirenas. Que hayan roto la disciplina institucional para movilizarse codo a codo con los trabajadores revela el colapso de los servicios públicos esenciales.
La intersindical
Frente al masivo descontento, la burocracia de las ocho centrales sindicales del país (desde la CGT encabezada por Sophie Binet hasta la superentreguista CFDT) constituyeron una Intersindical fundamentalmente como un frente de contención de la lucha. Si bien reclaman la derogación del ajuste, el aumento salarial y la anulación de la reforma jubilatoria, su propuesta se agota en gravar a las "grandes fortunas" mediante impuestos extraordinarios. Pretender que un Estado imperialista en quiebra resuelva el déficit social mediante una mera modificación impositiva sin expropiar el capital es una farsa que busca salvar el sistema económico bajo nuevos ropajes. A esta limitación programática se le suma una omisión deliberada y cómplice: la Intersindical silencia por completo la inclusión de los inmigrantes y la lucha por sus derechos elementales en sus pliegos de reclamos. Al dejar de lado a los trabajadores extranjeros, la burocracia sindical renuncia a defender a la clase obrera de conjunto frente al avance del fascismo.
Esto recién empieza
El sindicato de trabajadores de las administraciones públicas territoriales, que incluye a docentes y personal administrativo (agrupados en la FSU Territoriale) y diversos gremios de la función pública, ha lanzado preavisos de huelga para la totalidad del mes de octubre en rechazo al congelamiento salarial. En el transporte aéreo y los servicios públicos se han anunciado movilizaciones y paros escalonados, incluyendo un paro nacional en el transporte aéreo del 17 al 21 de octubre, mientras los sectores de la energía, la educación y los servicios locales preparan nuevas coordinaciones de base para desbordar el calendario fragmentado que intentan imponer las cúpulas sindicales.
La guerra y el rescate continuo al gran capital
El gobierno de Macron y Lecornu insiste en que Francia vive "por encima de sus posibilidades". Es una mentira abierta. El déficit primario del 5,4% del PIB y una astronómica deuda soberana de 3,2 billones de euros (117,6% del PIB) -un nivel de endeudamiento que no se registraba en el país desde 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial- no son el producto de pensiones generosas ni de salarios estatales abultados. Son el resultado directo de la socialización sistemática de las pérdidas del gran capital y del presupuesto de guerra de la OTAN. Bajo la gestión de Macron, el volumen de ayudas públicas directas e indirectas, exenciones de cargas patronales y beneficios impositivos a las empresas alcanzó la cifra récord de entre 160.000 y 200.000 millones de euros anuales (alrededor del 7% del PIB). Este mecanismo de salvataje patronal explica la anatomía del endeudamiento público.
En la crisis internacional de 2008, la deuda pasó del 64% al 90% del PIB porque el Estado francés rescató masivamente al sistema bancario privado absorbiendo los pasivos tóxicos del capital financiero.
En la pandemia de COVID-19 (2020–2021), la deuda escaló al 115% del PIB. Bajo el lema “Quoi qu'il en coûte" (Cueste lo que cueste), el Estado no "bancó los sueldos" por filantropía social, sino que financió con recursos públicos la totalidad de las nóminas salariales privadas, otorgando avales de crédito estatales por más de 300.000 millones de euros e inyectando fondos millonarios en multinacionales como Air France-KLM, Renault, Sanofi o EDF, las cuales mantuvieron el reparto récord de dividendos a sus accionistas.
Con la guerra de la OTAN y la crisis energética (2022-2024), la deuda subió por encima del 117% del PIB, financiando mediante la emisión de bonos estatales el sobreprecio de la energía.
A esta estructura de endeudamiento al servicio del beneficio corporativo se le suma la escalada militar. Mientras se exige un tijeretazo social de 54.000 millones de euros, el presupuesto de Defensa se expande a 50.000- 55.000 millones de euros anuales para responder al rearme imperialista. El presupuesto de ajuste a la población equivale casi exactamente al gasto militar del país, al tiempo que Francia destina más de 60.000 millones de euros al año únicamente al pago de los intereses de la deuda acumulada, superando el presupuesto de Educación o Salud.
El triunfo de esta lucha obrera estudiantil pondría a toda la nación de pie para encarar la derrota del plan de guerra, rechazar la deuda usuraria, expropiar a los grandes parásitos del CAC 40 (grandes corporaciones), derrotar al fascismo y abrir un camino de independencia política hacia el gobierno de los trabajadores.
