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Brasil ingresó en la segunda vuelta electoral con una hipotética ventaja considerable para Flavio Bolsonaro. A los dos puntos que sacó a Lula en la primera ronda, se añade la mayor parte de los siete puntos del resto de los candidatos de la ultraderecha. En los principales estados, los candidatos del gobierno nacional fueron literalmente aplastados por los gobernadores en funciones, que reunieron para sí los votos de la derecha liberal que está coaligada nominalmente en el oficialista Frente Brasil Popular. Lula mismo perdió más de 3 millones de los votos obtenidos en 2022, luego del fracaso del golpe cívico-militar del 8 de enero de 2023 y la condena a Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel. El líder histórico del PT carga con una hipoteca política ilevantable. Figuras asociadas fuertemente a Lula, como el ex castrista José Dirceu, no lograron un diploma de diputado. Una encuesta reciente de DataFolha lo da, sin embargo, en “empate técnico” con su rival, aunque dos puntos abajo (dentro del margen de error). Es probable que esté equivocada.
De todos modos, han pasado cosas. Una movilización enorme de los estudiantes de la Universidad Fluminense en Niteroi, estado de Río de Janeiro, salió en apoyo a Lula, seguida de movilizaciones similares en otros once estados, en capitales como Florianópolis o Porto Alegre. Su limitación política, sin embargo, quedó expuesta en su carácter electoral, porque una cosa es una movilización independiente contra el fascismo, cuyo objetivo es erradicarlo del escenario político, otra es el apoyo a una variante liberal del mismo sistema, que prohija y reproduce el fascismo como consecuencia de su irrevocable incapacidad para combatir al capitalismo y promover una acción histórica independiente de la clase obrera. El apoyo político al gobierno en presencia no altera la percepción de las masas. El dato político decisivo en situaciones de guerra imperialista como en la actualidad, es el estado de consciencia de las masas y la autonomía histórica de su dirección.
El Frente Brasil Popular realizó un acto político igualmente enorme en la famosa avenida Paulista de la capital del estado, sin un registro de que haya movido el amperímetro electoral. La prensa paulista, de todos modos, resaltó la decisión de designar como futuro ministro de Finanzas al actual vicepresidente Gerardo Alckmin, en caso de ganar el balotaje, como un mensaje a la Federación Industrial de que un cuarto mandato lulista sería enteramente dedicado al gran ajuste. En cuestiones decisivas como esta, no hay polémica electoral entre Lula y Bolsonaro filho.
Lo que sí ha causado un ruido político y una confusión aun mayor ha sido el proyecto de ley del gobierno que reduce la semana laboral a cinco días. Aprobada la media sanción con anterioridad a las elecciones por un cámara baja de derecha, acabó convertida en ley el miércoles 14 en el Senado, con el voto de Bolsonaro y su partido Liberal. La prensa del país como la extranjera sostienen que la aprobación favorecería electoralmente al gobierno, sin aventurar un cambio de los resultados. Pero la disminución de un día de la semana laboral, sin afectar el salario, no le quita una coma a su condición flexibilizadora y precarizadora. Es así que habilita, vía negociación colectiva, a las horas extras, al cambio de jornadas y al banco de horas; el descanso sabatino y dominical puede ser transferido a otro día de la semana, previo acuerdo. Autoriza los contratos individuales; excluye a los trabajadores de aplicación y a los monotributistas en general. En un país que litiga sus conflictos “na marra”, de facto, la ley 5x2 deja espacio suficiente para cualquier arbitrariedad. Hay otro proyecto en circulación que no ha avanzado, el de la quita de las deudas insolventes, que han sido dadas de baja por los bancos. La pugna con estos continúa. Flavio Bolsonaro no ha tenido reparos en votar el proyecto 5x2 de su rival y anunciar al mismo tiempo la intención de derogarlo si o cuando llegue a la presidencia. Le han soplado que un furcio semejante no lo afecta en cuanto a votos.
Un sector de la burguesía liberal ha tomado la decisión de hace público su apoyo a Lula en cuanto a una defensa del estado de derecho. Observa con pánico la ruptura de contratos de Donald Trump con sus aliados de la OTAN y presta oídos a quienes como Mark Carney, el primer ministro de Canadá, plantea rodear a la democracia de un cordón sanitario. Hay otro sector que defiende la política de China de desarrollar cadenas de producción con socios locales, a diferencia de Trump, que no logra avanzar en sus proyectos más restringidos. Brasil es la arena de una confrontación de clases internacional, donde la clase obrera del país no ocupa un lugar independiente, bajo la custodia tóxica del PT y del fituismo vecino.
