Lula pacta con la derecha parlamentaria la última semana de la campaña electoral

Escribe Jorge Altamira

Con los presidentes de las dos cámaras del Congreso

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Cuando falta una semana para el balotaje, DataFolha ofrece una situación de “empate técnico” entre Lula y Bolsonaro (filho) que en caso de confirmarse dejará abierta una crisis política en cuanto a la legitimidad de los resultados. Los dos candidatos han protagonizado actos públicos muy concurridos, Lula en São Paulo y Río, Bolsonaro en Vitoria (Paraiba) y Salvador (Bahía). Queda por delante un debate presidencial, propiciado por la red Bandeirantes.

Como habíamos advertido, la campaña por la segunda ronda se ha convertido en una elección independiente, con una carga política propia; es posible que se produzcan realineamientos respecto a la primera vuelta o incluso una mayor participación electoral. La novedad de mayor peso, aunque presente desde antes del inicio de la campaña electoral, es la alianza política de Lula con un sector de la derecha de Brasil para poner una barrera a una victoria de Bolsonaro.

El arma más eficaz de Lula en esta segunda vuelta, ha sido el proyecto de reducción de la semana laboral de seis a cinco horas, que ha concitado, según coinciden los medios, un apoyo del electorado de Bolsonaro. Bolsonaro mismo se ha visto forzado a adherir a la iniciativa de Lula, luego de haber militado su rechazo. El proyecto en cuestión había logrado la media sanción en agosto pasado, de modo que le queda solamente la aprobación del Senado. A partir del Primero de Enero próximo, cuando tendrá lugar la transmisión de poderes, la cámara alta quedará con una sólida mayoría del partido Liberal que encabeza Flavio Bolsonaro. Es el ámbito constitucional que vota las designaciones en el Poder Judicial a partir de propuestas del Ejecutivo. La Justicia se enfrenta, en el momento actual, a una durísima crisis política, con vínculos con la estafa del banco Master y las coimas distribuidas por su dueño, Daniel Vacaro, que se encuentra en prisión. A partir del próximo control del Senado, el bolsonarismo ha desplegado la amenaza de varios juicios políticos contra magistrados rivales, para adueñarse de Superior Tribunal Federal.

Es en ese escenario en el que ha incursionado Lula para hacer un pacto político con Davi Alcolumbre, un derechista de União por Brasil, para habilitar la votación de la semana laboral de cinco días antes del balotaje. El acuerdo entraña un reparto de figuras en el Poder Judicial, en especial si Lula gana el balotaje. El desplazamiento del llamado Centrão, una coalición informal de derecha, hacia Lula insinúa una novedad de peso que es la disconformidad de una fracción de la derecha con una presidencia Bolsonaro y sus implicancias: amnistía general para los centenares de golpistas condenados judicialmente, incluido un grupo de alta patente del ejército, y un indulto presidencial a Jair Bolsonaro. Más allá de esto, se encuentra en juego un alineamiento incondicional de Brasil con el Escudo de las Américas de Trump, que es visto como inconveniente por una parte significativa de la burguesía brasileña. El pasaje del proyecto laboral por Diputados ya había dejado ver esta escisión en la derecha, por el apoyo que le brindó su presidente, Sergio Motta, del bloque de Republicanos.

La derogación del 6x1 por el 5x1 es una muestra de la enorme duplicidad del lulismo. Es que, en cuatro años de gobierno, Lula no derogó, ni menos aun el Congreso, la contrarreforma laboral impuesta por el gobierno de Jair Bolsonaro, de modo que los cinco días laborables por semana conviven con una ‘desregulación’ completa de derechos laborales, que llega hasta la imposición del contrato individual. El 5x1 no añade derechos sino que consolida su supresión. Ha sido vendido, sin embargo, como una conquista que incluso ha terminado por ser avalada por Flavio Bolsonaro, un defensor de la semana del 6 y hasta del 7x1, sin ningún descanso. El 5x1 está agendado para ser votado en la semana que se inicia, con la intención de suscitar algún vuelco en el resultado electoral. El voto por Lula “contra el fascismo” se ha convertido en uno de aprobación al pacto con una derecha de tintes fascistas, contra un fascista y un golpista, que procura demostrar una vocación democrática de último momento. La movilización de masas contra el fascismo pierde toda su fuerza si deja de ser independiente de la burguesía para transmutarse en un apoyo a ella. Un cuarto mandato para Lula significará una cohabitación más estrecha con la derecha parlamentaria que la vigente hasta ahora. El Centrão será el dueño de la pelota atada a un acuerdo político judicial.

En la volada derechista se coló algo más: el PT admite reducir la edad de imputabilidad del delito juvenil. Es una concesión brutal a la presión derechista, con el propósito de adueñarse de la agenda de seguridad de la ultraderecha y el fascismo; es su viga maestra, con ella viene la deportación de migrantes y la asunción de la agenda de Trump con respecto al narcotráfico, convertido en terrorismo de estado, para justificar asaltar militares y la guerra imperialista.

Estas ‘minucias’ de campaña no han sido siquiera consideradas por la prensa de izquierda de Brasil, para la cual la lucha contra el fascismo y la derechización del aparato y la política del Estado no pasa de una abstracción. Es un seguidismo en altísimo grado, que se acomoda a un movimientismo sin principios ni estrategia. En cualquier caso, la envergadura del endeudamiento publico de Brasil y la magnitud del de su población con bancos y fintech augura un período de ajustes y luchas necesitados de una dirección política independiente. Con un sentido mendaz de la ironía, Lula acaba de sostener que financiará un ajuste con la supresión de los presupuestos privados que los legisladores manejan por el dictado de una ley. Sería lo último que haría, por temor a una rebelión en la granja.

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