El crimen de Mariano Ferreyra y la detención de los metrodelegados (el soterrado hilo conductor del poder de la clase obrera) Por Pedro Pianta (ex juez penal)

El lunes 19 de octubre la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) emitió un comunicado que alertaba sobre la presencia de empresas tercerizadas que, violando el Convenio Colectivo de Trabajo, realizan tareas de mantenimiento.

La Asociación Gremial denunció “una forma de contratación ilegal que pretende emparchar el faltante de personal en los planteles de la empresa Emova y se declaró en estado de alerta permanente” (Prensa latina). A ese ilegal ataque a los derechos laborales básicos se le sumó la sanción desmesurada que la empresa le aplicó a un trabajador.

Fue entonces que el martes 20 de octubre pasado la Asociación Gremial inició una pacífica medida de protesta consistente en liberar los molinetes al paso del público.

Esa modalidad del legítimo ejercicio del Derecho a la Protesta que surge de la aplicación armónica de las normas de los artículos 14, 33 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional (en tanto le otorga rango Constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Declaración Universal de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) se realizó solamente en una de las estaciones de la Línea “B” entre las 7 y las 10 de la mañana. Es que, por orden de una fiscal, se produjo la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara, Facundo Heredia y Néstor Segovia.

Como es obvio, al no ocultarse detrás de ninguna sigla empresarial, comercial etc., los mencionados delegados gremiales pagaron con su libertad personal el precio de ejercer la representación legal de sus compañeros.

Ellos representan a una de las partes del conflicto. Veamos muy someramente cuál es la otra.

Emova no es una entelequia. Se trata de una Sociedad Anónima (S.A.) que funciona bajo la forma de un consorcio empresarial. Integrada por Benito Roggio Transporte y Metrovías, es un operador privado que fue enormemente beneficiado durante la última dictadura cívico-militar-clerical.

Desde el año 2021 tiene la concesión para el mantenimiento y la operación de la red de Subte y Premetro de CABA. Concretamente, las personas físicas vinculadas con ese holding son titulares de unas de las mayores fortunas de la Argentina. Sobre la base expuesta, antes de continuar con la descripción del desarrollo del conflicto, es interesante realizar algunas consideraciones.

Evidentemente la liberación de molinetes que derivó en la detención de los delegados gremiales, ni siquiera pudo generar una ínfima disminución de la tasa de ganancia para el fabuloso trust empresarial que se presenta como oponente de los trabajadores criminalizados.

Desde un punto de vista jurídico-penal, esa incuestionable evidencia, como mínimo, pone severamente en duda el requisito de proporcionalidad que debe existir entre la eventual afección a un bien jurídico y la medida que, a través del Poder Judicial, el Estado adopta para sancionar a la misma (principio de lesividad).

Eso, sin perjuicio de que es tan infame como ridículo invocar flagrancia en relación a la Asociación Ilícita. Ocurre que, en el marco de lo real, se trata de una calificación legal que, desde siempre, se postula a fin de obstaculizar excarcelaciones, etc. Claro está que, para intentar disfrazar el atropello a derechos elementales de la clase laboriosa, el Poder Judicial del Estado (que no es “La Justicia”) siempre tiene a mano la figura de la resistencia a la autoridad…

Es en ese marco que, exhibiendo la burda conducta de quien se hace el guapo frente al que considera más débil, el jefe de gobierno porteño prepeó a los trabajadores expresando lo siguiente: “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la Justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas” (Diario Perfil).

Lo cierto es que, más allá de esa vulgar bravuconada, los metrodelegados fueron liberados a las pocas horas de su detención. Ello ocurrió como consecuencia de un paro total que, ante las arbitrarias detenciones, adoptó por tiempo indefinido la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). El aludido desenlace exhibe con rotunda nitidez que toda la desmesurada potencia que deliberadamente se le asigna al capital se derrite como un helado al sol si la fuerza de trabajo decide dejar de subordinarse mansamente a su explotación.

Sólo fue necesario puñado de horas de una férrea medida de fuerza para hacer “retroceder en ojotas” al Capital y a quienes, subordinadamente, desde el Estado lo representan. Hizo falta muy poco para que el “guapo” Jefe de Estado porteño experimente la intrínseca fragilidad que encierra su “poder” frente al soterrado poder obrero.

Existe un paralelismo histórico con el hecho ocurrido el último 20 de octubre.

Es que, también un 20 de octubre, pero de hace 16 años, se produjo un feroz ataque a la clase obrera que, también, estuvo representada por “trabajadores del riel”. Ese día del año 2010 fue asesinado Mariano Ferreyra.

El joven obrero y militante socialista participaba en una manifestación que exigía el pase a planta permanente de trabajadores de la Línea Roca precarizados mediante el perverso sistema de tercerización laboral. El letal disparo que impactó en el pecho de la víctima obrera partió de integrantes de una patota que respondía a la burocracia encaramada en la cúpula de la Unión Ferroviaria.

Quien se detenga en declaraciones de encumbrados funcionarios políticos de aquella época advertirá sin ningún tipo de esfuerzo la equivalencia entre sus posturas y las del “picante” actual jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese sentido, el 21 de octubre de 2010, el entonces Jefe de Gabinete del gobierno nacional, Aníbal Fernández, actuó como encubridor del crimen de Mariano Ferreyra expresando que él no puede hacer nada si “un tarado sale de su casa con un arma”. Además, justificó la evidenciada falta de intervención que deliberadamente en favor de los atacantes armados exteriorizó la policía federal al liberar la zona del crimen. Dijo que esa fuerza estatal “hizo lo que tenía que hacer” (Diario Clarín)

De igual forma, se detectó un llamado telefónico del día 14 de enero de 2011 (es decir tres meses después del asesinato de Mariano Ferreyra) entre el entonces Ministro de Trabajo de la Nación Carlos Tomada y el burócrata sindical José Pedraza (Diario Perfil)

Además, el 11 de febrero de 2011 Noemí Rial (que era viceministra de Trabajo) se comunicó telefónicamente con Pedraza mientras se llevaban adelante diversos allanamientos.

En aquel llamado la viceministra le dijo al traidor sindical: ”Llamame a mi casa cualquier cosa que necesites, José” (Plaza de Mayo.com). Como si lo anterior no fuera suficiente, un simple repaso histórico nos recuerda que, poco antes del ataque letal que acabó con la vida del joven trabajador (en el mes de noviembre de 2009) la ex presidenta Cristina Kirchner elogió al líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, calificándolo como parte de un modelo de "sindicalismo que construye".

También enalteció el modelo de organización sindical de la Unión Ferroviaria manifestando ser una "profunda admiradora" del mismo. Vale la pena señalar que uno de los allanamientos que se realizaron en la causa en la que se investigó el crimen de Mariano Ferreyra se llevó adelante en un departamento que José Pedraza poseía, nada menos que en Puerto Madero.

Es evidente que lo reseñado exhibe la profunda podredumbre que caracteriza la burocracia sindical. No obstante, a la vista de sus manifestaciones, esa caracterización no es compartida por la ex presidenta de la Nación. Tampoco por altos funcionarios que formaban parte de su equipo de gobierno. Lo cierto es que las comunicaciones telefónicas aludidas fueron incorporadas como prueba en el juicio en el que José Pedraza fue condenado. Esa condena fue fruto de la pujante y persistente intervención popular.

Un burócrata sindical que parecía intocable fue finalmente condenado; aunque falleció a los 78 años mientras, por razones de salud y de edad avanzada, gozaba de prisión domiciliaria desde el año 2016. Claramente, un derecho inalcanzable para miles de personas que, por delitos con una lesividad infinitamente menor al cometido por Pedraza, habitan el atestado e infecto Sistema Carcelario. Existe un hilo conductor entre la reciente liberación de los metrodelegados y la histórica condena de Pedraza.

Siguiendo el mismo es posible vislumbrar la fenomenal potencialidad que, frente al capital y sus gerentes gubernamentales, anida en el interior de la Clase Obrera.