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Hace cuatro semanas que los obreros despedidos de la empresa Mansfield mantienen un acampe en las puertas de la empresa. Exigen la reincorporación a sus puestos de trabajo, como obreros mineros de planta, luego de los despidos en el mes de marzo, por al contratista EDVSA, que los tercerizaba.
Mansfield, UOCRA y el estado conspiran
Para el gobernador Gustavo Sáenz, “la minería es una política de estado”. No miente. El estado provincial prepara la promulgación de la Ley de Promoción Minera y con ella, obras de infraestructura, energía y rutas que beneficiarán a las compañías para extraer miles de toneladas de mineral. Mientras tanto, las patronales mineras abaratan costos con la tercerización de obreros que desarrollan obras y actividades de mantenimiento, necesarias para la puesta en marcha de la explotación y su continuidad.
Este es el caso de los 250 obreros mineros que, en marzo, fueron despedidos por EDVSA, la cual prestaba servicios en la mina Mansfield. Sus tareas eran de construcción, montaje y mantenimiento eléctrico de la mina, ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Mansfield es una compañía canadiense que acaba de comprar el 100% de proyecto Lindero, en la cordillera salteña, para la explotación de oro, litio y plata.
Contra la huelga, la Secretaría de Trabajo montó una audiencia de conciliación con las patronales y la burocracia de UOCRA, para consagrar los despidos. Los obreros se movilizaron a las puertas de la audiencia, exigieron participar con sus delegados, pero les impidieron ingresar. Sáenz y sus funcionarios desconocen a los obreros en lucha, como ocurrió con la docencia autoconvocada y los municipales de Colonia Santa Rosa, y bendice a los burócratas, que entregan a los obreros y sus reclamos.
Por su parte, AOMA, el sindicato de los mineros, no denuncia los despidos, tampoco el esquema de tercerización y precarización laboral. El monotributo y la tercerización pulverizan derechos laborales fundamentales como los convenios colectivos de trabajo y el derecho a organizarse en sus sindicatos. La burocracia juega un papel clave para quebrar la capacidad de acción de la clase obrera. Sáenz y las patronales se valen de su complicidad para golpear a los trabajadores.
Se desarrollaron un sinfín de reuniones con diputados y secretarios, que prometieron mediar en el conflicto en busca de una solución. Fueron una farsa para intentar desalentar los ánimos de lucha. Andres Suriani, presidente de la comisión de Minería, desnudó el carácter patronal de la cámara de diputados, al decir que “los obreros extorsionaban a la empresa” por reclamar su reincorporación en planta. La orientación del gobierno es desgastar el conflicto y dividir a los obreros en huelga. Ofrece, para el caso de que abandonen sus aspiraciones, algún contrato temporal en el futuro.
Sáenz intenta preservar los beneficios de los especuladores del suelo y los grupos económicos que se enriquecieron con Romero y Urtubey a costa del empobrecimiento de los trabajadores salteños. Está dispuesto a pagar una deuda usuraria y a condonar la evasión fiscal de las patronales, que no tienen empacho en dejar a los obreros en la calle, cuando el covid-19 empieza a propagarse en Salta. Para llevar a fondo esta agenda, Sáenz tendrá que chocar más fuerte contra las masas, que cada vez soportan menos los embates del ajuste y los enfrentan.
Coordinemos las luchas
A pesar de las maniobras en curso, los obreros decidieron mantener el piquete y el acampe. El desarrollo del fondo de huelga es un punto de apoyo fundamental para el sostenimiento de las medidas de lucha y, sobre todo, de la ampliación del conflicto sobre otros sectores obreros. Esta experiencia ayuda a comprender que la conquista de los puestos de trabajo será el resultado de una acción organizada y cada vez más amplia de los obreros, contra el gobierno y las patronales, y no mediante las gestiones de uno u otro funcionario.
El desarrollo del conflicto plantea la necesidad de una coordinación de las luchas en curso, para reforzar la batalla por la reincorporación de los obreros mineros y superar todas las formas de precariedad laboral. Junto a los remiseros y sus familias por la libertad de 7 trabajadores presos; los artistas independientes que frente a la pandemia vieron quebrados sus ingresos; los autoconvocados de salud que se rebelan contra un gobierno que no garantiza ni el personal para los hospitales; los compañeros sin techo.
Se impone, como tarea, que la clase obrera actúe en común y supere, en la práctica, todas las divisiones formales que les impusieron en el pasado.
