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La huelga de choferes que empezó el jueves 2, en el interior del país, extendería hasta el martes 7 de julio.
El motivo es el incumplimiento del pago salarial en tiempo y forma. En Bariloche, la empresa MiBus adeuda el incremento del 18.3% acordado para ser efectivizado en diciembre de 2019 (unos 20.000 pesos) y parte del aguinaldo que debía cobrarse en enero. La inflación y la carestía ya desvalorizaron esas cifras.
Si bien motivos para parar sobran -como ser el descuido por parte de la empresa de su personal en cuanto a higiene y seguridad, horarios arbitrarios, falta de servicios acorde a los protocolos de pandemia -lo que provoca incumplimiento del distanciamiento obligatorio o, si no, malestar de los usuarios que deben esperar horas en las paradas-, los choferes desconfían del propósito verdadero de la dirección gremial. Sospechan fuertemente que con este paro tanto la burocracia como las patronales presionan al gobierno para que entregue más subsidios. Y sostienen que no traerá ningún beneficio ni a trabajadores ni a usuarios. No hubo ninguna asamblea del personal para debatir la oportunidad y la modalidad de la huelga.
Este paro se da en el contexto de una prolongada lucha de los usuarios y la Multisectorial por el Transporte Público por tomar cartas en el asunto. Las multitudinarias audiencias públicas, los estudios técnicos, las denuncias en los medios y en la justicia, la participación (fallida) en la Comisión de Seguimiento manifiestan la pelea de los usuarios por tener un servicio a la altura de sus necesidades.
Bariloche no es un caso aislado. En todo el país se vive esta crisis en la que los empresarios viven de los subsidios del Estado y brindan un mal servicio y con tarifas impagables. El frío, la nieve, las calles anegables, la falta de garitas y la poca frecuencia del servicio hacen al mayor sufrimiento de los trabajadores que requieren del transporte público.
La patronal y el gobierno que la apaña aluden a que los costos son muy grandes y que no obtienen suficientes beneficios. No es cuestión de beneficios sino cuestión de servicio público, como la salud y la educación.
Por una comisión de control de trabajadores y usuarios que audite los movimientos económicos de la empresa.
