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Contra lo que algunos esperaban, los dirigentes de AMIA y DAIA no atacaron a Alberto Fernández en la conmemoración del 26° aniversario del atentado a la AMIA. La expectativa de ese choque venía dada por las declaraciones de AF ante la directora del Comité Judío Americano, calificando al Memorando con Irán como “una forma de destrabar el problema”, o sea la clarificación acerca de los responsables del atentado. En su momento, AF había denunciado que el memorando favorecía la impunidad.
Ahora, la indulgencia de Fernández con el memorándum no movió el avispero, incluso cuando el macrismo y la gran prensa se habían largado a agitarlo. Es que a poco de asumir, Fernández refrendó la decisión del gobierno de Macri de declarar a Hezbollah, “organización terrorista”, algo que la ONU ha rechazado, pero que está en la línea de las exigencias de Trump y Netanyahu. Más recientemente, la cancillería argentina adhirió a la resolución del IHRA -un lobby internacional del sionismo- que condena como “antisemitismo” cualquier crítica o denuncia de la política del Estado de Israel. A instancias del propio Frente de Todos, Solá solicitió la adhesión de las legislaturas y del Congreso y la Suprema Corte, lo que consagraría el delito de opinión. La primera visita internacional de Fernández fue, precisamente, a Netanyahu., acusado de crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional. Son motivos suficientes para que sus voceros locales, al menos por el momento, no decidan sumarse a los militantes de la “grieta”.
Historia
Las afirmaciones de Fernández sobre el memorándum, en este contexto, tienen también otro significado retrospectivo. Demuestran que la política exterior cristinista nunca concibió al memorándum como una ruptura o choque con la diplomacia del departamento de Estado, al servicio de la cual todos los gobiernos de los últimos 26 años manipularon la causa AMIA. La pretensión argentina de acordar un juicio a distancia acompañó a la política de distensión de la administración Obama con Irán, que tuvo su punto más alto en el acuerdo nuclear. Mucho después del memorándum, Cristina reveló gestiones de la administración Obama para que Argentina proveyera a Irán de uranio enriquecido -que el régimen islámico alegaba necesitar con fines pacíficos- a cambio de que Irán desmantelara por completo su producción local. Argentina, por lo tanto, transitaba por el campo de maniobras de la diplomacia yanqui con el régimen iraní. La declinación de la administración demócrata, de un lado, y del gobierno CFK, del otro, terminaron convirtiendo al memorándum en un ariete político y penal contra el kirchnerismo. Después, la muerte no esclarecida de Nisman, y todas las revelaciones posteriores, pusieron de manifiesto sobre qué carriles transitaba la llamada “causa AMIA”: el de un aparato de justicia entrelazado con los servicios de espionaje del Estado, los cuales, a su turno, actuaban bajo conchabo institucional o personal de los organismos de espionaje del imperialismo.
La pretensión de colocar a la causa AMIA en la llamada “grieta” presenta finalmente otro inconveniente de fondo: ocurre que el encubrimiento del atentado enloda a todo el personal judicial y político de la burguesía argentina y del propio sionismo, como ocurrió con el fallecido juez Bonadio, con el entonces presidente de DAIA Rubén Beraja; con el “Fino” Palacio, el lugarteniente policial de Macri, y todos los gobiernos que guardaron bajo siete llaves los archivos de la ex SIDE. Más recientemente, la causa del “espionaje M” ha revelado el hilo conductor de espías y funcionarios que unieron a la AFI macrista con la SIDE de los gobiernos anteriores. Como señaló algún periodista, la causa AMIA es la “caja negra” de los servicios.
El esclarecimiento del brutal atentado antisemita de 1994 sólo podrá ser precedido por el desmantelamiento del “Estado de servicios” y sus jefes políticos y judiciales. En ese banquillo deberán sentarse todos los partidos de la burguesía argentina.
