Malvinas Argentinas: Leo Nardini, el “joven intendente renovador”, procesado por fraude

Escribe Ezequiel Amarilla

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En 2016, tras la asunción de Vidal en la provincia de Buenos Aires, las nuevas autoridades de Anses denunciaron en la justicia irregularidades en el registro y otorgación de las becas del Plan Progresar en Malvinas Argentinas, cuyo encargado era Leonardo Nardini, su actual intendente. A fines del año pasado, Nardini quedó procesado por fraude a la administración pública junto con otros militantes de su aparato político.

Nardini llegó a la UDAI (oficina de Anses para facilitación de trámites) de Malvinas en 2013, de la mano de la actual gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Desde esa oficina orquestó lo que la justicia ha determinado como un fraude de más de 6 millones de pesos, durante el año 2015, antes de asumir al frente del ejecutivo municipal.

Según las actuaciones judiciales, la UDAI recibía e ingresaba en una oficina paralela y por fuera de los empleados de planta, miles de solicitudes irregulares para la obtención de la beca Progresar. Mas de dos mil de esas solicitudes contaban con documentación de una misma escuela pública, sobredimensionando la matrícula de ese colegio. Las inscripciones truchas abarcan desde ingresos hechos en unidades básicas del PJ, oficinas paralelas, y asignación de la beca a jóvenes que no la habían solicitado o que, habiendo realizado algún trámite diferente al Progresar, la “militancia” nardinista utilizaba sus datos para tramitar becas cuyos titulares jamás cobraron.

La corrupción del aparato pejotista de Malvinas Argentinas no es una novedad, ni patrimonio único del distrito. Esto es, más bien, la regla en la mayoría de las intendencias, tanto “nac&pop” como “cambiemistas”. Es la “caja chica” que los gestores gubernamentales del estado capitalista disponen. Detrás de ese cobro en negro, revistan la administración de la pobreza y la función contenedora del aparato estatal y paraestatal que gestiona las “políticas sociales”. La pobreza generalizada revela la incapacidad del capitalismo a otorgar el derecho básico del trabajador, bajo este régimen, a ser explotado por un salario.

Nardini y sus cómplices deben ser denunciados, de esto no nos cabe duda. Pero en la ruta de la justicia priman el lenguaje de la corrupción propia del caso. Mas allá de la simple denuncia “penal” de la corrupción (y de los corruptos), que seguro seguirá un camino de encubrimientos, negociaciones y cajoneos, es necesario denunciar este hecho como un componente inherente del régimen capitalista, en este caso a nivel municipal. Nardini no renovó nada, van saliendo a luz los clásicos manejos de cualquier barón del conurbano.

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