Kicillof y la sábana corta

Escribe Lucas Benvenuto

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En la Legislatura de la provincia de Buenos Aires se encuentra en discusión un proyecto de ley impulsado por el gobernador Kicillof para autorizar la toma de deuda por 500 millones de dólares y 20.000 millones de pesos. El destino de tamaño préstamo serviría para hacer frente a las “consecuencias sociales, sanitarias y económicas que provoca la pandemia del coronavirus”.

Este nuevo endeudamiento se sumará a la deuda ya contraída en dólares, bajo legislación extranjera, mayormente por gobierno de Scioli, cercana a los 9.000 millones de dólares.

Bajo el argumento de que la provincia espera una caída en su recaudación de julio del orden del 25% y la necesidad de otorgar un aporte extraordinario a los municipios para compensar gastos extraordinarios por 6.435 millones de pesos debido a la pandemia, la provincia recurriría a este nuevo endeudamiento en dólares con el Banco Mundial y el BID. El proyecto de ley también solicita autorización de la Tesorería General de la Provincia a ampliar durante el 2020 en hasta $ 8.000 millones o su equivalente en otras monedas, el monto máximo a emitir de Letras del Tesoro.

Este nuevo endeudamiento contaría con el apoyo de Cambiemos, a cambio de que se difieran o directamente condonen las transferencias que ya se ejecutaron a los municipios como préstamos durante estos últimos dos meses. Exigen también 18 cuotas para devolver los fondos girados por provincia para el pago de salarios municipales. La provincia de Buenos Aires, por medio de su Tesoro, giró $10.000 millones por medio de las ATP y otros $4.000 millones por aportes reintegrables que corresponden al Fondo Especial de Emergencia “a tasa cero”.

El rescate de las patronales, incluidas las empresas privadas de salud (vaciamiento de IOMA mediante) llevó a agotar rápidamente el presupuesto anual de la provincia. Un presupuesto cuya ley fiscal sufrió un duro revés por parte de los pooles de siembra y terratenientes que impusieron las mismas estructuras de recaudación implementadas por Vidal, privando a la provincia de 30.000 millones de pesos más para este año.

La puja por la sábana corta entre los distintos intendentes se da alrededor de cómo se reparten los pocos recursos que maneja Kicillof. Por ejemplo, los intendentes del conurbano exigen que la mayoría de los recursos deberían estar destinados al AMBA ya que estuvieron con menor “actividad económica en los últimos 120 días”. Esto último establece una grieta hacia adentro de Juntos por el Cambio, entre los intendentes del interior de la provincia y los del AMBA. Los intendentes también exigen la intervención de Kicillof para que EDESUR no les cobre una deuda cercana a los 3.000 millones de pesos, mientras aumentan los piquetes en distintos barrios del conurbano exigiendo el inmediato restablecimiento del servicio eléctrico.

Como se ve, el nuevo paquete de deuda que se está discutiendo en la legislatura no alcanzará para cubrir el déficit de la provincia ni de los municipios (que amenazan con no pagar el sueldo a los municipales) y, por el otro, augura nuevas crisis políticas entre intendentes y el propio Kicillof.

La cuestión de la deuda en la provincia es una divisoria de aguas entre los intereses de los trabajadores estatales, por un lado, y los capitales industriales, agrarios y sus personeros políticos, por el otro.

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