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Casi por unanimidad (25 votos de los 26 presentes) la Legislatura del Chubut aprobó la ley que habilita la “restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial”. Es una reestructuración, que no afecta su capital sino los plazos a pagarse. Se trata de los bonos BOPRO y BOCADE, cuyos vencimientos están previstos para 2023 el primero y 2026 el segundo. El monto total ronda los 900 millones de dólares, la mayoría bajo legislación extranjera.
Pese a que las negociaciones comenzaron hace aproximadamente dos meses, la aprobación recién se produjo luego del acuerdo nacional con los acreedores internacionales. Durante las semanas previas reinó la incertidumbre: el interbloque oficialista de Chubut al Frente, el PJ y Juntos por el Cambio no parecían llegar a un acuerdo y mostraron públicamente diferencias al respecto, en algunos casos con críticas enconadas, en especial desde el interbloque. Aunque tras la sesión, no faltaron quiénes se atribuyeron el “éxito” de la misma. En especial el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, de vínculos directos con Cristina Fernández, y el vicegobernador Ricardo Sastre, que responde a Sergio Massa, han salido a disputarse los principales “méritos”.
Más allá de la “rosca”, nada asegura que la renegociación de la deuda con los acreedores internacionales llegue a buen puerto, si se tiene presente que desde hace años vienen cobrando religiosamente los importes que se devengan mensualmente de las regalías petroleras. El gobierno no pretende dar de baja esta garantía, sino propender a comenzar a pagar la primera cuota de capital al menos en 2025.
Para que la negociación arribe a los resultados esperados, el Gobierno deberá respaldar su propuesta de alguna manera. La llamada “reestructuración del Estado” vuelve a ponerse sobre el tapete. En un informe presentado por el ministro de Economía, Oscar Antonena, a la Legislatura días previos al tratamiento de la ley aprobada, se plantea que “el principal problema que afecta a las cuentas de la Provincia se deriva del aumento sostenido de la planta de personal (y por ende de la de jubilados) y los salarios abonados (y por ende de las jubilaciones)”.
Más adelante señala que “para 2020, se estima que el gasto en salarios y jubilaciones representará aproximadamente el 90% de los ingresos totales (sin considerar incrementos en el stock de deuda)”. De lo que concluye: “La dinámica entre el aumento del gasto en personal y jubilados y el aumento de la deuda se ha vuelto insostenible. La deuda debe ser reestructurada y el gasto en salarios y jubilaciones, entre otros, debe ser revisado”.
En el informe se adelanta algunas de las medidas en que consistiría la pretendida “Reforma Estructural del Estado”: suspender la automaticidad en la indexación/aumento de salarios (aplicación de cláusulas gatillos); no convalidar aumentos salariales para períodos menores a un año, los que no podrán superar la inflación registrada en el período anterior; cancelar las vacantes para el ingreso a la planta de personal por lo menos por cuatro años; para el caso de bajas por jubilación (exclusivamente) podría incorporarse como máximo un agente por cada cuatro que se jubilan, dependiendo específicamente de la función desempeñada, propendiendo a no ingreso alguno, reubicando los recursos humanos y capacitando a los efectos; promover la jubilación de aquellos agentes que ya están en condiciones de hacerlo; ofrecer un plan de retiro voluntario a aquellos agentes próximos a la edad jubilatoria, percibiendo un ingreso hasta tanto lo alcancen.
Lo que viene
El arco político patronal se mostró conforme con el acuerdo y las lecturas que realizaron al respecto tienden a exagerar un supuesto triunfo o robustecimiento del gobernador Arcioni. No faltan quienes plantearon aprovechar la oportunidad para fortalecer consensos.
Pero el acuerdo es la contracara de un régimen que se encuentra desorientado y que marcha a tientas- El ajuste que debe llevar adelante choca con un desgaste y crisis de largo aliento, que no pudo ser superada ni con la elección de Arcioni en junio del año pasado ni con el apoyo de Fernández-Fernández luego. Los intentos para sostener la “gobernabilidad” expresan justamente la debilidad de origen del Gobierno.
En las negociaciones con los acreedores internacionales, seguramente volverá a ponerse sobre la mesa la intención de avanzar con la megaminería, prohibida por ley en la provincia. Sin embargo, este combo de “reestructuración del Estado” y megaminería ya se ensayó a comienzos de este año por orden del propio Alberto Fernández y Martín Guzmán, derivando en un rotundo fracaso producto de enormes movilizaciones. En esa oportunidad, sectores del propio oficialismo se vieron obligados a manifestarse en contra de la megaminería, e incluso se produjo la ruptura de hecho del bloque legislativo a solo 50 días de su conformación.
Mientras se escribe este artículo, trabajadores de la salud realizan un paro de 48 horas y convocan a asambleas en todos los hospitales de la provincia, en algunos de ellos se vienen registrando acampes en reclamo por la deuda de dos meses de salarios (junio y julio), del aguinaldo y del cumplimiento de las paritarias 2019, que implica otra masa salarial, es decir les deben 3 sueldos y medio. Los docentes comienzan otra semana de paro virtual. Los reclamos están a la hora del día en todas las dependencias estatales, aunque aún sin desarrollarse producto de los límites que impone la pandemia y las conducciones sindicales. La flexibilización de la cuarentena avizora grandes choques.
Los trabajadores deben oponerse al pago de la deuda y disponerse a la reorganización de sus filas para los grandes enfrentamientos que se avecinan. La coordinación de las bases en todo el territorio provincial debe fortalecerse para deliberar una salida independiente de las patronales, sus personeros políticos y de la burocracia sindical. Más que nunca se pone a la orden del día la perspectiva de congresos de delegados, plenarios intersectoriales y asambleas populares.
