La docencia en pie de lucha: defendamos la educación pública y gratuita, en resguardo de la salud y la vida

Declaración Nacional de Tribuna Docente (Tendencia):

Nos encontramos asistiendo a la quiebra sin atenuantes del sistema educativo nacional. Así ya lo reconocen funcionarios y “especialistas” de todos los colores políticos cuando coinciden en que cuando termine la cuarentena tendremos un saldo de “millones de adolescentes analfabetos”. La ONU anuncia que estamos en presencia de una “catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas”. Como nunca antes, educación y capitalismo se han tornado definitivamente incompatibles.

La crisis ya se venía desarrollando, como consecuencia de las políticas de vaciamiento y las reformas anti educativas de los sucesivos gobiernos. Lo que hizo la pandemia fue exponerla crudamente ante los ojos del conjunto de la sociedad. El Estado se ha mostrado incapaz de garantizar la educación de las familias obreras. Cuando el ministro de Educación, Nicolás Trotta plantea que "no es el momento de evaluar” y que “es más importante cuidarnos que aprender”, reconoce el fracaso del año académico y que el gobierno ha renunciado a desarrollar un plan educativo ajustado al contexto actual.

Rechazamos la “vuelta a clases” presenciales

Presionados por el capital -que reclama la liberación total de la economía- el gobierno ha aprobado junto con los 24 ministros de educación de las provincias y los gremios (de nuevo sin consultar a los docentes) un protocolo de “vuelta a clases” presenciales. Con la clase obrera retornando a sus lugares de trabajo ¿quién “cuida” a sus hijos si no hay licencias? La escuela es vista desde el punto de vista capitalista como una “guardería”. Sin embargo, ha entrado en crisis por dos cuestiones: el avance descontrolado de la pandemia que conoce récords de contagios y muertes todos los días, y por el repudio generalizado que ha causado entre la docencia y la comunidad educativa la presentación de un protocolo que sólo puede ser aplicado en la “ficción” en la que viven los funcionarios educativos y no en las escuelas que se encuentran en ruinas en términos de infraestructura escolar y sin ninguna condición de seguridad e higiene para recibir a estudiantes y docentes. Los intentos de avanzar en provincias como Jujuy y Santiago del Estero, llevó a que los gobiernos provinciales deban retroceder rápidamente.

Este problema plantea una cuestión de fondo: un protocolo que verdaderamente cuide la salud y la vida requiere una inversión extraordinaria, refacciones edilicias y un plan integral de obras de infraestructura escolar, que es incompatible con el cumplimiento del acuerdo de deuda al que el gobierno, con el apoyo de los macristas y el FMI, acaba de cerrar con los bonistas privados. Entre las garantías que estos exigen en un “plan económico” se encuentra también la pretensión de avanzar en una reforma previsional y la liquidación de los llamados regímenes “especiales” de los docentes.

“Virtualidad” y super explotación laboral

Los docentes y los estudiantes han sido lanzados a su suerte, sin equipos y sin formación para garantizar el desarrollo de las clases. Las condiciones de miseria y hacinamiento en la que viven los alumnos, sin embargo, choca con la posibilidad de llevar a cabo la tan mentada “Educación Virtual”. Un informe de fines de abril de la Unesco daba cuenta de que el 48,7% de los niños argentinos no tiene PC, un 47,1% no tiene wifi y entre las familias humildes, trabajadoras, el 78,3% no accede a internet.

Según la encuesta nacional de CTERA sobre “Salud y condiciones de trabajo docente”, el 46% de los docentes tiene un acceso “limitado” o directamente no tiene una computadora en su hogar. El Estado para desligarse de su responsabilidad ahora pretende que la docencia se endeude con créditos usuarios con los bancos para obtener su propia PC. Pero el plan ni siquiera garantiza eso, ya que cientos de miles no han podido acceder por no cumplir con los “requisitos”. Una verdadera estafa. Sin la infraestructura y los recursos tecnológicos necesarios es inviable la “continuidad pedagógica”.

La falta de una infraestructura tecnológica y de accesibilidad, junto a la falta de nombramiento de los cargos faltantes trae aparejado una súper explotación laboral sin precedentes. La encuesta mencionada señala que el 80% de la docencia declara trabaja más que durante las clases presenciales. Los problemas de salud que aparecen son cada vez más: dolores cervicales, irritación ocultar, problemas en la columna. Es necesario que las ART lo cubran, porque son la consecuencia de las inexistentes condiciones de trabajo para dar clases virtuales. Tomando en cuenta que el gremio se compone por una abrumadora mayoría de mujeres, la vida cotidiana de las compañeras se convierte en un padecimiento, ya que a la sobrecarga laboral se le suma el cuidado de los hijos y las tareas domésticas. La docencia no “descansa” nunca.

El protocolo que pretendía regular el trabajo virtual, que la CTERA presentó como un “triunfo” para los trabajadores, no ha resuelto ninguno de los problemas que fueron visibles desde el día uno de la “continuidad pedagógica virtual”.

Retroceso salarial

Recientemente el gobierno nacional con el acuerdo de la dirección de la CTERA -pero no de sus afiliados, quienes no fueron consultados- ha congelado el salario para dar por finalizada la paritaria hasta fin de año. Pero bien mirado, se trata de un ajuste. En primer lugar, porque se trata de una suma que los docentes ya veníamos cobrando desde principios de año. No habrá más “plata en el bolsillo de la gente”. Y segundo, porque esas sumas, se verán absorbidas por la inflación. A pesar de tener las tarifas de los servicios públicos congeladas y una recesión que raja las paredes, la inflación en el mes de junio fue de 2,2%. Se acaban de anunciar aumentos en las naftas y en las tarifas de los celulares. Se proyecta que la suba de precios para todo el año se ubica alrededor del 35%.

Con el anuncio de la continuidad del pago cuatro sumas fijas de $1210 por mes ($40 por día), el gobierno pretende que los docentes afrontemos la pandemia con salarios que no cubren -en promedio- la mitad del costo de una canasta familiar, que hoy ronda los $85.000.

El repudio a este acuerdo y en rechazo a los incumplimientos paritarios se está haciendo sentir en nueve provincias del país. Necesitamos reabrir la paritaria para luchar por un salario básico unificado nacional que cubra el costo de la canasta familiar por cargo y una cláusula de actualización por inflación.

Rebelión “online”

La docencia ingresa a esta última fase del ciclo lectivo con un creciente malestar porque el gobierno no ha dado respuestas a sus demandas más sentidas. Mediante 72 horas de “paros virtuales” los docentes de CABA pelean contra el incumplimiento de la paritaria de Larreta. En Neuquén, fruto de la presión de la docencia de base y las seccionales combativas, la dirección de ATEN resolvió la retención de servicios por cuatro días, exigiendo el cobro integral del aguinaldo y por el atraso en el cobro de los sueldos. En Chubut, con el método de la huelga general “online”, la docencia pelea a brazo partido por el cobro en tiempo y forma de sus salarios. Los docentes santafesinos cumplieron con un “no inicio” virtual y AMSAFE Rosario acaba de votar la realización de dos semanas de huelga. El frente gremial docente de Chaco llama a parar toda la semana en reclamo de la cláusula “gatillo”. En Catamarca se empiezan a realizar asambleas de docentes junto a las familias para rechazar la pretensión de “volver a clases”. hasta no estar todas las condiciones sanitarias garantizadas. En Entre Ríos se realizó una caravana contra la aprobación de la Ley de "Solidaridad" que representa un recorte al salario y las jubilaciones y hay votados seis días de apagón por la reapertura de la paritaria. En Misiones crecen las asambleas en reclamo de salario y por la falta de herramientas tecnológicas para trabajar. Los docentes en Santa Cruz reclaman por salarios adeudados y rechazan el protocolo de vuelta a clases del gobierno. En Córdoba, crece el reclamo por el nombramiento de docentes y en reclamo de asambleas a la conducción provincial del gremio. En Tucumán, la “asamblea de docentes autoconvocados”, encabeza la lucha contra el protocolo de “vuelta a clases” y por su salario. En Buenos Aires, crece el descontento. Las seccionales combativas de SUTEBA en Buenos Aires, vienen de impulsar paros y acciones de lucha por la inmediata realización de actos públicos virtuales y la reapertura de las paritarias.

La dirección de CTERA no está impulsando ningún plan de lucha para defender los derechos de los docentes. Es el límite insalvable que presenta una dirección que se encuentran integrada políticamente al gobierno, que actúa según sus propios intereses, y no sobre la base de los mandatos de sus afiliados. Al mismo tiempo depositan expectativas en la aprobación del famoso “impuesto a las grandes fortunas” que nunca apareció y en proyectos de ley sobre infraestructura escolar que han presentado en algunas legislaturas provinciales para intentar desviar un movimiento de lucha y encorsetarlo en el parlamento que se encuentra dominado por lobbys patronales y el capital financiero.

La cuestión por defender una organización gremial políticamente independiente, con el método de la democracia sindical, es un tema crucial para defender nuestras reivindicaciones.

Impulsamos la convocatoria a asambleas, plenarios provinciales con delegados mandatos por las bases para establecer un programa y por el desenvolvimiento de huelga nacional educativa que colabore con el triunfo de las provincias en lucha. Las seccionales y sindicatos antiburocráticos y combativos deben ser la punta de lanza de este proceso.

Proponemos el siguiente pliego de reivindicaciones

• Rechazamos el protocolo de “vuelta a clases”. No al regreso a las clases presenciales hasta no estar garantizadas todas las condiciones edilicias, de seguridad e higiene. Por un plan de obras de infraestructura escolar bajo control de los trabajadores. Formación de comités de seguridad e higiene en cada escuela, con poder de veto.
• Reapertura de la paritaria salarial. Salario igual a la canasta familiar por cargo y cláusula de actualización por inflación. Cumplimiento de los acuerdos ya firmados.
• Defensa del régimen jubilatorio. 82% móvil sobre los salarios.
• Provisión gratuita de todo el equipamiento necesario para desarrollar las clases virtuales. Que el Estado garantice una plataforma única informática. Por capacitación en servicio para todos los compañeros.
• Defensa de las condiciones laborales del Estatuto del Docente. Incorporación a la ART de todas las nuevas enfermedades que trae la “virtualidad”. Basta de sobre carga laboral.
• Basta de vaciamiento nuestra obra social. Cobertura de todas las prestaciones.
• Designación de todos los cargos faltantes. Por una garantía salarial de $40 mil para todos los compañeros que no han podido tomar horas/módulos. Por actos públicos virtuales fiscalizado por las organizaciones gremiales.
• Provisión de todos los elementos necesarios para la realización de las tareas de “voluntariado”, por el cumplimiento de los protocolos sanitarios, bajo control de los trabajadores.
• Triplicación del presupuesto educativo bajo control de los trabajadores de la educación.
• Por una educación pública científica, laica, gratuita y al servicio de las necesidades populares.

La crisis en la educación no puede ser abstraída de la crisis del régimen social más general, que se expresa en quiebra de empresas, colapso del sistema sanitario, en el aumento de la desocupación y la pobreza que toca la puerta de los niveles del 2001. La educación pública se encuentra en crisis en el mundo entero -en primer lugar, en EE.UU., epicentro de la crisis por el coronavirus-mientras los gobiernos se encuentran destinando fortunas al rescate de los bonistas, bancos y grupos económicos.

Una salida a este cuadro requiere de una transformación social de conjunto, de coordinar las luchas en curso y la elaboración de un programa integral que plantee el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para renacionalizar el sistema educativo y diseñar un programa de estudios que debe estar gestionado por los propios trabajadores de la educación y representantes de la comunidad educativa.

Una educación pública al servicio de la emancipación social de los explotados, o sea de carácter socialista, sólo será obra de un gobierno de trabadores.

*[Aprobada en reunión nacional con representaciones de: Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Córdoba, Tucumán, Catamarca, Misiones, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy y Salta]

12-8-20