Arrancó una nueva etapa

El sábado reciente Alberto Fernández disipó, en parte, el cuadro de impasse que dejó ver la falta de anuncios en su discurso inaugural, luego de cuatro meses de ‘transición’.

Lo que puso sobre la mesa es el programa de medidas con el que pretende encarar la negociación con el FMI y los acreedores en el intento de salir, en principio, de la cesación de pagos en que se encuentra Argentina – el principal objetivo de Fernández y de cualquier gobierno capitalista. Las sociedades rurales ya anticiparon que van a hacer una agitación contra el aumento de las retenciones a la exportación, y Macri renovó su propósito de convocar a una concentración contra los proyectos de leyes de emergencia que se enviarán al Congreso para ser tratados en las sesiones extraordinarias. La primera espada del Presidente, Santiago Cafiero, le contó a los diarios que se incrementará el impuesto los llamados bienes personales, incluidos los declarados en el exterior. Se trata de una ruptura del compromiso de Macri con los evasores cuando los incentivó a pusieran las cuentas en orden, en ocasión del blanqueo de hace tres años. Los anuncios no prevén nada contra la evasión fiscal.

De otro lado, el decreto de doble indemnización en casos de despidos sin causa ha servido para relegar de la primera plana la decisión de congelar las paritarias y limitar los aumentos de salarios y jubilaciones a porcentajes inferiores a la inflación, descargando sobre los trabajadores la faena de ‘desindexar’ la economía. Se trata, en el caso de los salarios, de aumentos no remunerativos, lo que exime a las patronales de aportar a Anses y somete a un mayor desfinanciamiento al deficitario sistema previsional – que de tal solamente le queda el nombre. Cafiero, también, anticipó a los diarios el propósito de modificar el componente de la inflación en el índice de ajuste de las jubilaciones, otro torniquete para ‘desindexar’ los precios, a costa de los trabajadores.

A las Pymes, se les informó de una moratoria de sus deuda impositivas y previsionales, con el remanido argumento de promover la producción, a sabiendas que esas patronales utilizarán la dispensa para pagar sus deudas con los bancos y con la gran industria a la que se encuentran tercerizadas. El eclecticismo de las medidas es patente, porque unas apuntan a cubrir el déficit del Tesoro y otras a agrandarlo. El ‘ajuste’ que el nuevo gobierno se comprometió a no aplicar, sigue en pie como un remanente del que impuso el macrismo a los trabajadores, cuya situación no cambia, sino que incluso empeora.

Emergencia

Los proyectos de emergencia, que aún se desconocen, apuntarían hacia un freno a las tarifas de servicios, aunque acompañadas, por supuesto, de mayores subsidios. Además, las empresas proveedoras gozarán de “regímenes especiales”. Es el caso de las compañías que operan en Vaca Muerta, para que reciban sin descuentos el precio internacional del petróleo y, por lo tanto, subsidios para el destinado al consumo interno. La ruptura de los contratos sería subsanada por los poderes que autorizará la ‘emergencia’. El trato de excepción para los accionistas de YPF, Tecpetrol, Panamerican, Chevron, etc, es justificado por la necesidad de obtener dólares de exportación. Es un pretexto por lo menos curioso, ya que seguirán gozando del privilegio de no repatriar los ingresos que obtengan en el mercado internacional. Otro campo de aplicación de la emergencia es altamente explosivo: volver a ‘reperfilar’ la deuda contraída bajo legislación local, que está en manos también de fondos internacionales. La semana pasada, la administración ´nacional y popular´ se abstuvo de incumplir estos contratos y pagó el ciento por ciento de los vencimientos.

El ‘tránsito ordenado’ se ha convertido, como se puede ver, en una sacudida del avispero. Los gobernantes que supimos conseguir, conscientes de los desajustes de su plan, tienen previsto cerrar la brecha con un ‘pacto social’ y la ‘solidaridad de los que más tienen con los que tienen menos’, un eufemismo hipócrita cuando se tiene presente la magnitud del abismo entre unos y otros. La burocracia ha anticipado que someterá a los sindicatos al Estado, por enésima vez, es decir al rescate del sistema capitalista en perjuicio del pueblo. La prórroga del presupuesto de Macri, decidida por Fernández, significará un empeoramiento de los servicios de salud y educación, ya que el nuevo plan sólo alude al congelamiento de una canasta reducida de medicamentos y muy parcial de las cuotas escolares y los gastos de las familias en educación.

Acreedores y clase obrera

Los grandes interrogantes son ahora dos: ¿alcanzará este diseño de pretendido ‘reequiibrio fiscal’ para ofrecer las bases de un acuerdo con los acreedores internacionales y el FMI? Algo que se olvida con frecuencia es que quienes tienen inversiones en deuda de Argentina son también accionistas de pools de siembra afectados por las retenciones, o de monopolios de electricidad que cotizan en las bolsas y al mismo tiempo, probablemente, dueños de numerosos inmuebles que forman parte del rubro de ‘bienes personales’. No es solamente el repetido ‘equilibrio fiscal’ lo que está en juego, como quizás supongan los académicos del nuevo gabinete, incluso si se doctoraron en Columbia University.

El otro interrogante, menos enigmático, es la forma y los ritmos con los que la clase obrera y otros numerosos estratos de trabajadores asimilarán el ajuste de nuevo tipo, nacional y popular, para quien la retención a un exportador ‘equilibra’ otra reforma previsional en perjuicio de los jubilados, sean de la escala mínima o no. Eso no se arregla con una ‘canasta navideña’. Aún antes de los anuncios recientes se han desarrollado luchas por paritarias y otras de envergadura como la de los residentes médicos. Es necesario un debate en la vanguardia de la clase obrera acerca de cómo abordar la lucha por las conquistas amenazadas y contra el intento de regimentación de los sindicatos, en las nuevas circunstancias políticas. Se impone una campaña de debates, seguida de la votación de conclusiones, en todos los ámbitos de los trabajadores.

Escenario continental

El plan F-F, que se presentan unidos en este paquete de medidas, al margen de diferencias políticas y judiciales, tiene un componente ‘geopolítico’. F-F apelan a la benevolencia del ‘establishment’ norteamericano para mejorar sus chances de negociación financiera, manteniendo a Argentina en el ‘grupo de Lima’, donde la metió Macri, que es un ariete del golpe en Venezuela y, en consecuencia, un aliado del gobierno de facto de Bolivia. El grupo Lima, en suma, es un defensor del ‘violador en tu camino’, como ha denominado a Piñera y a los ‘pacos’ un colectivo femenino de Chile. F-F mantiene en la lista de “organizaciones terroristas” a Hezbollah, violando una resolución en contrario de las Naciones Unidas. Hezbollah integra el gobierno del Líbano, reconocido por Argentina, y es un protagonista activo en las negociaciones que acompañan la guerra desatada por EEUU y la UE en Medio Oriente. Por otra parte, no se ha escuchado nada acerca de la posibilidad de que sea derogada la ley antiterrorista aprobada por el gobierno de CFK. Por último, y probablemente lo más importante, AF ha otorgado la residencia en Argentina a Evo Morales para operar una ‘salida consensuada’ con el gobierno de facto en Bolivia.

La cesación de pagos, por un lado, y la crisis internacional que las rebeliones populares han desatado en América Latina, por el otro, convierten a Argentina en un epicentro político, lo mismo que el gobierno que se acaba de inaugurar. La tarea más importante es, ahora, clarificar esta situación histórica, para preparar a los trabajadores más avanzados en las grandes luchas que se avecinan.