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Los últimos acontecimientos de ocupaciones de tierras expresan una de las realidades más atroces para los trabajadores: la vivienda precaria en barrios sin servicios, el hacinamiento que abarca desde el abuelo a los hijos de los nietos, donde conviven más de 10 personas en 40/45 metros cuadrados, en viviendas que, durante el verano, en su interior, llegan a 50 grados de calor y, en invierno, son una heladera. Esta situación, periódicamente, explota como un hormiguero. A esos “ocupantes” se los imputa de usurpadores y se los reprime. En el mejor de los casos, se los censa. Esta “explosión de ocupaciones”, en general sobre terrenos que, a la vista de todos, no cumplen ninguna función productiva, es pura responsabilidad de un Estado que permite la especulación con la tierra.
El impulso inmobiliario se dirige, en su mayor parte, a la vivienda de lujo, que va desplazando a los trabajadores de zonas urbanas y le impone a la clase media alquileres equivalentes a gran parte de su salario. Se habla de un déficit de cuatro millones de viviendas, pero, sin embargo, no se presenta un planteo para que la mayoría pueda alcanzar una vivienda digna (mínimo de 50 metros cuadrados, servicios de cloacas, agua corriente, luz e internet -hoy un artículo de primera necesidad-, asfalto, transporte, colegios y espacios verdes). El problema de la vivienda no solo abarca a los sectores más precarizados de la cadena laboral, ya que los hijos de la pequeña burguesía tampoco pueden acceder a un plan para alcanzar la vivienda propia.
Nuestro planteo
En primer lugar, el reclamo debe estar ligado en forma directa a los haberes de los trabajadores. Un plan de la vivienda propia no debe superar el 30% del salario sostén de la familia. El Estado debe ser el primer impulsor de la construcción de viviendas y, en particular, de la creación de barrios con planificación, esto es, por ejemplo, con transporte y servicios adecuados. El estado debe contar con un presupuesto anual para la construcción de, al menos, 500.000 viviendas por año. Como las viviendas se abonan, el mismo presupuesto se recupera año a año. Por otra parte, un plan de viviendas de este alcance significa la incorporación de miles y miles de trabajadores a la construcción, aliviando la desocupación.
La otra cuestión de la vivienda ociosa, especulativa u orientada a la renta debe ser incorporada. En primer lugar, se debería organizar un censo de viviendas desocupadas y obligar a la puesta en alquiler bajo apercibimiento de impuestos extraordinarios y, llegado el caso, la expropiación de la misma.
La toma de terrenos para la vivienda no soluciona el problema de fondo, solo asigna un lugar donde construir un techo, que siempre termina siendo precario y volviendo al punto del comienzo, perpetuando las mismas condiciones de las que se quiere huir. La movilización contra la represión y el desalojo debe estar acompañada por un planteo general sobre la cuestión de la vivienda.
De esta forma, además de proponer un Plan Obrero sobre la Vivienda, desenmascaramos los límites del Estado actual para llevar a cabo una solución sólida y definitiva para los trabajadores y la sociedad en su conjunto.
La burguesía, o mejor dicho sus voceros, cierran fila y acusan a los trabajadores sin techo de usurpadores y exigen la aplicación del Código Penal. El gobierno cierra filas y plantea que la toma de tierras es un delito que atenta contra la propiedad privada. Las organizaciones sociales defienden a los compañeros, pero sin un planteo estratégico que le exija al Estado una solución. Si los compañeros logran quedarse en los predios ocupados, van a hacerlo en condiciones precarias e inhumanas.
La cuestión de la vivienda es una de las más acuciantes de la sociedad. El Estado se ha desentendido de la cuestión, a pesar de contar con los medios materiales para solucionarlos, por su alianza con el capital inmobiliario.
