Datos oficiales desmienten a Alberto Fernández

Hace algunos días, el Presidente de la Nación Alberto Fernández declaró en conferencia de prensa que "no hubo problemas de contagios en las actividades esenciales habilitadas". Pero el informe de la Secretaría de Riesgos de Trabajo que publica Clarín en el día de hoy (7/9) contradice las declaraciones del Presidente: "Coronavirus: casi el 20% de los contagiados son trabajadores esenciales Dentro de los afectados, la mayor parte pertenece al personal de salud y a las fuerzas de seguridad. El personal de salud encabeza los contagios entre los trabajadores esenciales". "Los datos surgen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Entre los 81.000 enfermos hubo 220 fallecidos".

Según se consigna en la nota, los datos al 1° de septiembre de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo abarcan los casos que se denunciaron ante las Aseguradoras (ART). En total hubo 81.141 trabajadores esenciales contagiados sobre un total de 428.249 contagios. De los 81.141 contagios, 61.031 pudieron recuperarse y hubo 220 fallecidos. La mayoría de los contagiados tiene entre 25 y 44 años.

Como hemos señalado en otros artículos de Política Obrera, los dichos de Alberto Fernández apuntan, por un lado, a colocar la responsabilidad de los contagios en los descuidos individuales de los trabajadores. Intenta ocultar que el Estado ha autorizado a todas las actividades a retomar sus tareas y que, en la mayoría de las empresas, ni siquiera se cumple el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. La cuarentena, hecha hilachas por la presión del capital, rige solamente para la vida familiar de los trabajadores.

En segundo lugar, las declaraciones de Fernández constituyen una toma de posición con respecto a quién se tiene que hacer cargo de pagar las consecuencias de la pandemia en la salud de los trabajadores. Cómo informa Clarín, según el DNU 367/20, el coronavirus se considera “presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- (…) respecto de las y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio…”. Las ART no quieren saber nada con que esta medida presuntiva sea confirmada por la SRT y las declaraciones del Presidente anticipan una modificación de la misma. De hecho, en las regiones donde la ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) pasa de fase al DISPO (Distanciamiento), esta medida presuntiva no rige.

Otro aspecto que está recorriendo hoy a varios lugares de trabajo esenciales puede derivar en consecuencias criminales. Es que las empresas están presionando a los trabajadores pertenecientes a los grupos de riesgo (mayores de 60 años o con enfermedades preexistentes) para que retomen tareas. Para ello se valen de un resquicio dejado por el gobierno en el decreto de la ASPO, que dice que la excepción de la obligación de licenciar al personal de riesgo no rige cuando esos trabajadores son irremplazables. Así las cosas, empresas como Lipo o Lodiser están haciendo volver a las tareas a aquellos que, de contagiarse, corren todavía mayor riesgo de vida que el resto.

Las fábricas y establecimientos de todo el país habilitados a seguir produciendo, caiga quien caiga, son uno de los principales vectores de desarrollo del virus. En las fábricas que llegan a un punto de colapso, donde no hay protocolo que valga para impedir los contagios, se impone el retorno a la cuarentena estricta. Estamos ante una confrontación estratégica, fábrica por fábrica y establecimiento por establecimiento, entre la salud de los trabajadores y las ganancias de los capitalistas. La cuestión de la huelga general en defensa de la salud y de la vida está objetivamente planteada en la agenda de la clase obrera.