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La voluntad de pago del gobierno ha quedado muy clara en la negociación de la deuda bajo legislación extranjera anunciada el lunes 31 de agosto. El gobierno se bajó de sus pretensiones de quita iniciales y terminó reconociendo casi por completo el valor de la deuda por un monto de U$S 66 mil millones. Dicha deuda sólo se pateó para adelante, aunque no tan para adelante ya que en los próximos tres años se pagarán U$S 2.889 millones.
Con posterioridad a este anuncio, el viernes 4 de septiembre el ministro Guzmán anunció la restructuración de la deuda en dólares bajo legislación local, otros U$S 41.715 millones para los que el gobierno utilizó los mismos criterios con los cuales negoció la deuda en legislación extranjera “respetando la premisa del tratamiento equitativo”, una jactancia similar a la que haría un equipo que se deja hacer tantos goles jugando de local como los que recibe jugando de visitante. Entre 2022 y 2023 esta deuda implicará vencimientos por un aproximado de U$S 500 millones, para ascender a U$S 750 millones en 2024, U$S 1750 millones en 2025, otros tantos en 2026, y luego seguir escalando en los años venideros. El ministro aprovechó la conferencia del viernes para informar sobre la deuda en pesos, mayoritariamente Leliqs, jactándose de la capacidad de roll over del gobierno, es decir de la capacidad de cancelar las obligaciones de deuda emitiendo más deuda, a tasas de interés siderales, haciendo una bola de nieve que bate todos los récords y que ha más que duplicado el ya abultado stock de Leliqs que dejó el gobierno de Macri (en lo que va del 2020 el gobierno lleva emitidos $1.117 billones en Leliqs).
Pero estas cifras representan tan solo una parte del total de la deuda pública, que asciende a 324 mil millones, sin tomar en cuenta las abultadas deudas provinciales y municipales, también en situación crítica (valga como ejemplo la provincia de Buenos Aires que deberá afrontar vencimientos promedio entre 2020 y 2023 por U$S1300 millones anuales). La deuda con el FMI, que el gobierno ya se apresta a negociar, ronda los U$S 52 mil millones de dólares que debería empezar a pagar a partir del año que viene. Según el cronograma de pagos, el primer pago debería efectuarse en 2021, por U$S 5900 millones, y empieza a empinarse en los años venideros, con vencimientos por U$S 20 mil millones en 2022 y U$S 23 mil millones en 2023. Para renegociar la deuda con el FMI, Argentina debería disponer alguna de las líneas de crédito que otorga el fondo, las cuales combinan plazos con condicionalidades (que el Fondo llama “reformas estructurales”) y a juzgar por el monto y los plazos que debería discutir nuestro país, dichas condicionalidades implicarán un drástico ajuste mediante el clásico paquete: devaluación, achicamiento del gasto público, reforma laboral, reforma previsional y mayor presión impositiva. Desde el gobierno suena cada vez menos el slogan de “cumplir sin más sacrificio para la gente” y se empieza a escuchar cada vez más el compromiso de bajar el déficit fiscal.
De todas maneras, la deuda con el Fondo no es el total de la deuda con organismos crediticios internacionales, deben considerarse también otros U$S 18 mil millones a pagar a otros organismos como el Banco Mundial, el Club de París, etc. Por último, hay que agregar la deuda en manos de Entidades Estatales, que el gobierno ya anunció que utilizará como mecanismo de “estabilidad cambiaria” ofreciendo dichos bonos para intervenir en la cotización del dólar bolsa. El BCRA se prepara a licitar en los próximos días bonos por un valor nominal de U$S 16.575 millones, cuyo valor de mercado es de U$S 7600 millones. La intención que declara el gobierno de utilizarlos para “acortar la brecha” y bajar la cotización del contado con liqui, dólar Mep, etc, al tratarse de una cotización fuertemente especulativa, implica el remate de títulos públicos para intervenir en un mercado que se utiliza fundamentalmente para fugar dólares, es ni más ni menos que un subsidio a la fuga.
Reservas en picada
El dato que informa el Banco Central es el de las Reservas Brutas, U$S 42.914, de las que sólo una parte se trata de reservas de libre disponibilidad o Reservas Netas, que se calculan entre U$S 2.500 millones (Infobae, 5/9) y U$S 3 MM (Ámbito, 7/9). Entre las compras de dólar ahorro y la demanda de dólares para importaciones y cancelaciones de deuda, se calcula que las reservas netas se agotarían en un plazo máximo de entre uno o dos meses.
Este rojo ha dado lugar a diversas especulaciones, respecto a cuáles serán las medidas y de dónde sacará el gobierno los fondos para hacer frente a la demanda de dólares. Una versión que fue y vino entre funcionarios y el propio presidente, fue la de cerrar el cepo a 0 y prohibir la venta de dólares, lo cual sólo serviría para estirar uno o dos meses adicionales la situación. En los últimos días se empezó a hablar de la posibilidad de vender las reservas en oro, una suma de U$S 3900 millones que también sería una salida de corto plazo. Otro trascendido dejó abierta la posibilidad de utilizar el Swap con China, una cifra de U$S 19 mil millones. El swap es un intercambio de monedas que en caso de activarse fungiría como préstamo a una tasa del 7% anual, tasas sumamente onerosas cuando las tasas en el mundo se ubican en torno al 0% en la FED y el BCE, o en torno al 2% en el caso de los mercados emergentes, por dar un ejemplo Perú acaba de emitir bonos de deuda soberana entre mayo y abril a un 2,3%.
Tampoco faltaron los rumores de echar mano a los encajes en dólares (depósitos privados) y hasta se habló de la posibilidad de eliminar el impuesto del 30% a quienes compren dólares con el compromiso de no retirarlos por el plazo de un año, una especie de corralito voluntario que más bien funcionaría como voz de alarma para provocar una estampida hacia una corrida cambiaria.
Como se ve, todos los malabares para garantizar el pago de la ilegítima y fraudulenta deuda externa deparan un fracaso más temprano que tarde, ya que la bancarrota nacional transforma todas las promesas de pago en espejitos de colores y un nuevo colapso que lleve otra vez al Default es inevitable en el corto plazo. La perorata de las negociaciones es sólo la justificación jurídica y política para avanzar en una nueva ofensiva del capital sobre el trabajo, seguir sumiendo en la degradación las condiciones de vida de las masas y consumar una expropiación del ahorro y los recursos nacionales (ya sea de la caja de la Anses, del BCRA o de los depósitos de los trabajadores en los bancos).
Mientras el colapso sanitario alcanza su punto máximo, cae el salario real, crecen el desempleo, la pobreza y la indigencia; el gobierno pone todo su esmero en complacer usureros. El repudio al pago de la deuda es una campaña de primer orden para todas las organizaciones obreras y populares.
