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El gobierno ha justificado la cifra de inflación más alta de los últimos 20 años con el argumento del “impacto de la suba internacional de precios” como consecuencia de la guerra. Lo que debería explicar, en realidad, es el fracaso de todos los supuestos controles y “fondos compensadores” que debían poner a raya a la carestía de los alimentos, que treparon más allá del 7% general. El índice inflacionario muestra al gobierno como una completa nulidad para siquiera arbitrar y poner un límite al capital agroexportador y a los monopolios alimentarios. Lo mismo vale para el aumento incesante de los alquileres, aún cuando la propiedad inmobiliaria se deflaciona en dólares constantemente. La razón de la parálisis oficial es clara: cualquier choque con el agronegocio conspiraría con el objetivo de “acumulación de divisas” comprometido con el FMI, aunque, de todos modos, el Banco Central no le haya sumado a esa “acumulación” un solo dólar en lo que va del año. Por el contrario, la inflación galopante le incorpora una nueva contradicción al programa económico, pues esos mismos agroexportadores reclaman acelerar la devaluación monetaria, para evitar lo que comienzan a llamar un “atraso cambiario”. El 16% de inflación del trimestre no incorpora todavía a las colosales “correcciones” tarifarias que se prevén en la luz y el gas, y que amenazan llevar el índice anual de inflación en torno del 80-100%.
En este cuadro, los capitalistas “formadores de precios” han salido a alertar, no sobre sus remarcaciones frenéticas, sino sobre los reclamos salariales, los de las paritarias que están por delante – pero también las que ya se cerraron en 40-45% y que han quedado desautorizadas por completo. El FMI, en esa línea, ha salido a advertir sobre el impacto inflacionario… de salarios y jubilaciones. No rezonga por la carestía desenfrenada de precios, a las que el estado se asocia cobrando impuestos. Apenas reclama que la indexación de precios y recaudación fiscal sea acompañada por la desindexación de los ingresos del trabajo.
La escalada inflacionaria plantea una deliberación general en las organizaciones obreras, por un aumento general que recupere la pérdida salarial pasada -que es del 20 al 30% en los últimos años- por el ajuste mensual del salario, por el salario igual a la canasta familiar, que es hoy de 160.000 pesos.
