Vicentin: ahora, el desguace

Escribe Juan Ferro

Tiempo de lectura: 3 minutos

Vicentin, tras el retiro de su proyecto de expropiación, exhibe a un directorio en una febril actividad y a una justicia que marcha a paso de tortuga tratando de obstaculizar la línea de rescatar “lo que se pueda” que se ha impuesto el grupo.

La marcha de los acontecimientos ha dejado claro quiénes son los verdaderos acreedores de las andanzas de Vicentin. Ahora se sabe que la suma de todos los créditos que le otorgaron bancos internacionales es muy superior a los créditos que le otorgó el Banco Nación; de hecho, mientras la entidad estatal podría verificar un crédito de $18.182 millones, los bancos internacionales irían con una acreencia de, al menos, $ 33.137 millones. En una situación de disolución del grupo, los principales candidatos a quedarse con Vicentin y beneficiarse con su desguace son grupos financieros internacionales.

Vicentin desde hace ya algunos años inició una verdadera estafa de guante blanco amparada por la abierta permisividad del Estado. La línea maestra del grupo fue la diversificación de rubros. Los principales desembarcos se dieron en el sector frigorífico con la adquisición de Friar; luego en, biocombustibles con Renova; en vinos, con la compra de Enav, Sottano; en alimentos, con las compras de Emulgrain-Alimentos Refrigerados, a los que sumó servicios portuarios como Río del Norte y la Terminal Puerto de Rosario.

En el 2018, el grupo continuó con su proceso de diversificación. Creó Vicentin Desarrollos, que pasó a estar bajo el control compartido de Oleaginosa San Lorenzo (Vicentin SAIC) y Sir Cotton (Vicentin Family Group).

Una cuestión central en la estrategia del grupo fue el armado de una estructura dual con dos empresas holding principales: Vicentin SAIC (Argentina) y Vicentin Family Group (Uruguay). La primera quedó con participaciones muy relevantes en las empresas oleaginosas (Oleaginosa San Lorenzo, Vicentin Paraguay, Vicentin Brasil, entre otras), de biocombustibles (Renova y Biogas Avellaneda) y comercializadoras (Tastil y Vicentin Europa). Por su parte, la uruguaya Vicentin Family Group quedó con el control de dos empresas VFG IyA e IALatam), a través de las cuales administra, hasta hoy, las algodoneras, entre otras empresas.

Las empresas uruguayas fueron una gran pantalla para transferir activos que antes estaban en manos de Vicentin SAIC e incorporar otros durante el proceso de diversificación, generando una verdadera ´estructura paralela´ con sede formal en Uruguay. Fue a través de las empresas uruguayas que fueron solicitados los principales créditos y actuaron como intermediarios en la exportación, terciando en el blanqueo de dinero dado el absoluto control de los volúmenes de exportaciones a través de sus propias terminales portuarias.

Ahora Vicentin se largó a vender. Lo hizo con el 50% del frigorífico Friar al fondo Buenos Aires Finantial Capital (BAF Capital), un grupo holandés que es uno de los acreedores importante del grupo de bancos internacionales y, al mismo tiempo, habría transferido a Uruguay los fondos que se generaron en esa operación siguiendo con las oscuras operaciones anteriores.

El juez Julián Ercolini, que lleva la causa, sorprendentemente aún no dictó la inhibición general de bienes de Vicentin, que ahora tiene en la mira una nueva venta en Buyanor y puede vender a precio de remate la algodonera de Reconquista, hoy en feroz conflicto con los trabajadores.

Mientras el directorio de Vicentin sigue la ruta de los negocios sucios con la complicidad del juez de la quiebra, el futuro de este desguace va a terminar en manos de los grupos internacionales que son sus principales acreedores. Ante este cuadro, es de suma importancia que se convoque a un plenario de delegados electos de todas las empresas afectadas, acompañado de la discusión de un pliego de reivindicaciones frente a esta crisis.

El Frente de Izquierda ha presentado un proyecto de expropiación sin pago, que obviamente no tendrá tratamiento parlamentario, y sólo podría ser viable bajo el capitalismo en circunstancias excepcionales. Pero la izquierda también debería convocar a un plenario de delegados electos, que esté abierto al movimiento obrero y a un congreso que elabore un programa obrero frente a la crisis.

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