Abajo la intervención al Partido Obrero de Tucumán

Este jueves 12, tuvo lugar una audiencia ´de partes´ en los estrados de la jueza Servini de Cubría, referida a la intervención al Partido del Obrero de Tucumán, decidida por el aparato oficial del PO.

A fines de junio, 370 compañeros habían suscripto un pedido de reconocimiento como Tendencia, sobre la base de un programa, como lo establece el estatuto del Partido Obrero. Enseguida, un grupo indeterminado de dirigentes del aparato del Partido Obrero los declaró por “afuera de la organización”, en tanto otros miembros del CC del partido hacían público su repudio al atropello, como ocurrió con Alejandro Crespo y varios dirigentes del SUTNA. Dos días más tarde, la camarilla dirigente del PO intervino la personería del Partido en Tucumán, y se presentó a la justicia con sus interventores y apoderados.

La intervención fue justificada por “irregularidades en una presentación contable” y por la “parálisis partidaria denotada en la campaña electoral provincial”. Dos patrañas, en especial ‘la contable’, cuyas presentaciones maneja precisamente el grupo sancionador. La verdadera razón de la intervención era que el 90% de sus militantes habían adherido a los documentos ´alternativos´ presentados por quienes luego encabezaron la Tendencia. La intervención vino acompañada de un asalto al local partidario y la sustracción de objetos de valor. Una movilización de militantes, en repudio a los “interventores”, permitió recuperar el local. Después, los dirigentes locales del PO se presentaron a la justicia para rechazar la intervención.

Inmoralidad política

La audiencia formó parte del proceso judicial en torno a esta intervención. El primer “acto” de los representantes legales del PO y de Gabriel Solano fue rechazar el pedido de Marcelo Ramal, también presente en la audiencia, a hacer uso de la palabra, con el argumento de que no era “parte actora” ni se encontraba “afiliado”. La provocación, como se ve, carece del sentido del ridículo.

La propia Servini de Cubría debió rechazar esta pretensión, y Ramal abrió la audiencia señalando que el aparato partidario se había salteado cualquier deliberación o instancia política con el comité de Tucumán para recurrir, sin intermediaciones, a la justicia del Estado. En segundo lugar, que el único motivo real de la intervención era una represalia política, que ya había conducido a la expulsión de más de un millar de militantes. Luego, nos tocó desnudar la impostura jurídica de los pretendidos “motivos” de la intervención.

Los organizadores de la reciente derrota electoral del FIT-U, acusaron al PO de Tucumán de una “débil campaña electoral”, mientras los interventores sustraían los recursos del partido de la provincia y silenciaban su campaña en la prensa del partido. La asfixia y el boicot al PO de Tucumán, dijimos, afectó también al principal candidato del PO y el FIT-U en Tucumán, Ariel Osatinsky, el cual no forma parte de la Tendencia, pero había repudiado las expulsiones, los asaltos a locales y otras manifestaciones de violencia política.

En respuesta a nuestras afirmaciones, los representantes oficiales desplegaron un verdadero torneo de imposturas. Martín Correa, el “interventor designado”, le explicó a Servini de Cubría que la vida partidaria “había emergido de una larga parálisis después de la intervención”, algo que no discutió en ningún momento con los militantes del partido. Correa representa a un reducido puñado de afiliados que se vieron obligados a ´adherir´ a la intervención bajo la amenaza de perder reivindicaciones obtenidas por el Polo Obrero. Correa no tuvo empacho en presentarse como ´expresión mayoritaria´ del PO de Tucumán, lo que fue refrendado por Solano, quien aseguró que el PO oficial “había cuadruplicado su capacidad de movilización después de la intervención”. Pero si son mayoría, ¿por qué intervienen el distrito?

Solano agregó que “se habían hecho todos los gastos necesarios para la campaña, como, por ejemplo, la impresión de boletas”. Lo que ocultó es que esas boletas no le fueron entregadas a los militantes intervenidos, al punto que debimos recurrir a otros partidos del FIT-U para proveernos de ellas. Teniendo en cuenta que la militancia del PO tucumano es la fuerza abrumadoramente mayoritaria de la izquierda provincial, es claro que al aparato le importó un bledo la campaña electoral, sino por sobre todo la supervivencia del aparato. Los dirigentes del resto de los partidos del FIT-U en ningún momento hicieron la denuncia de este sabotaje contra la vanguardia obrera en la provincia y, por qué no, en el país.

Congreso trucho

Nuestros abogados demostraron, también, que los actos legales que pretendieron amparar esta intervención, como la reforma de la carta orgánica partidaria por parte de un supuesto ´comité nacional´ electo por un ´congreso partidario”, eran actos nulos, inexistentes y desconocidos, no ya por la opinión pública, sino, en primer lugar, para el conjunto de la militancia del PO. Ninguno de esos ´congresales´ fue verdaderamente electo en sus distritos, se trata de armados discrecionales. Solano presentó a nuestra denuncia como “temeraria”, porque “cuestiona actos que el PO llevó adelante y aprobó en todo este período, como por ejemplo la participación en el FIT-U o la propia campaña electoral”. Olvida que estos “actos” que citó fueron parte de debates y resoluciones llevadas adelante con conocimiento de la militancia partidaria. ¡Pero nadie votó en el partido la intervención a Tucumán! Ni siquiera el Comité Nacional realmente electo en el 26 Congreso. La lista de “congresales” y “directivos” que reformaron la carta orgánica y habilitaron a la intervención del PO conforma una camarilla de carácter familiar, lo que autoriza a definirla como una conspiración política. La abogada Alaniz calificó a esta denuncia nuestra como un acto de “misoginia”, en una evidente confusión –debió decir “nepotismo”. Más allá de todo esto, denunciamos la perpetración de un acto discrecional y secreto para el conjunto del partido –esa es la cuestión!

Justicia

Gabriel Solano, en su última intervención ante la doctora Servini, corrió detrás de lo imposible, a saber, que la intervención a Tucumán “no tenía un carácter judicial”. La jueza lo miró incrédula… Le hablaba sin duda a ella, pero, por elevación, a las más diversas vertientes nacionales e internacionales, que han repudiado la usurpación del partido y el recurso de los usurpadores al Estado. La intervención a Tucumán es una consecuencia de la expulsión de la Tendencia, que reúne a 1.200 militantes del partido; no es un acto de partido sino de aparato, que reclama el apoyo del aparato judicial.

Las declaraciones de Correa y Solano acerca del “desarrollo normal” del PO de Tucumán son la muestra de una completa falta de escrúpulos. En el lugar de los hechos, desatarían la indignación de la militancia del PO. Los derechos electorales del PO de Tucumán fueron conquistados por sus militantes, no por Solano o Correa.

En nuestra declaración ante la jueza, finalmente, reafirmamos nuestra pertenencia al Partido Obrero, del cual no seremos apartados por ninguna decisión administrativa o judicial promovida por una camarilla; que luchamos por el reconocimiento de la Tendencia como corriente interna del PO, con todos los derechos a manifestarnos a través de los canales y recursos del Partido; que reclamamos la integración plena de todos los militantes expulsados y, como parte de ello, el cese inmediato de la intervención a Tucumán.

Al cerrar su intervención, Ramal señaló que el aparato del PO se estaba convirtiendo en un cascarón vacío, que busca protegerse por medio de un fraude judicial. La militancia realmente empeñada en la construcción de un partido continuaba afluyendo a las filas de nuestra Tendencia.