Guerra previsional

Escribe Jorge Altamira

La emergencia de los Fernández.

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Es probable que lo último que admitan los Fernández es su filiación política con Macron y Bolsonaro. Lo cierto, sin embargo, es que la pieza fundamental de la ‘emergencia’ que enviaron al Congreso, la suspensión del ajuste de las jubilaciones por la inflación, constituye un golpe aún más severo que las reformas previsionales que uno logró imponer en Brasil, hasta cierto punto, y el otro intenta en Francia.

El proyecto de emergencia del gobierno nacional y popular deroga un aumento de las jubilaciones del 28% ya establecida para el próximo semestre – una sustracción del 2% del PBI, o sea unos u$s10 mil millones. Representa nada menos que el doble de los intereses devengados, para 2020, de la deuda externa con los acreedores privados. En términos de ajuste fiscal supera cómodamente la recaudación por mayores derechos de exportación y el aumento del impuesto a los bienes personales. El juramento de no pagar la deuda externa a costa de los jubilados se convirtió en una ‘promesa de estudiante’.

El golpe previsional se aplica también a los regímenes de docentes, universitarios y científicos – quizás una gentileza para sectores que, de acuerdo a las encuestas, habrían dado un apoyo electoral importante al Frente de Todos. La suspensión de la reducción de los aportes patronales a la previsión social, que había establecido Macri, se encuentra desmentida por las disposiciones en sentido contrario que se establecen para Pymes y algunas industrias. En cuentas resumidas, Argentina se encamina a un terremoto político.

Los Fernández reclaman la posibilidad de sustituir los derechos adquiridos por los jubilados al aumento por la inflación pasada, en el próximo semestre, por ajustes por decreto, hasta la sanción de una nueva legislación previsional. La expectativa del flamante oficialismo es que el cepo cambiario y el congelamiento de tarifas y eventualmente de precios, redunde en una tasa de inflación menor, que les permita justificar un ajuste más bajo que el que debería aplicarse de acuerdo a derecho. El empalme entre un ajuste y otro significaría, por lo tanto, una confiscación económica, que desconocería la pérdida de poder adquisitivo por la inflación pasada. Cuando los propagandistas K reclaman que se espere a los decretos de ajuste que darán los Fernández, cometen una falacia: si la inflación cae, no repondrán la pérdida pasada, y si por el contrario la inflación aumenta, la emergencia habrá estallado por todas sus costuras.

Es probable que el golpe previsional sea denunciado como una transferencia de recursos para pagar la deuda externa, sin reparar que no ofrece los dólares necesarios para hacerlo. Argentina no puede pagar esa deuda con ajustes fiscales, porque carece de las reservas en divisas que puedan se puedan comprar con pesos.

El ataque al sistema previsional tiene otro alcance, estructural, que es reducir el ingreso de los trabajadores en beneficio del capital y dar un paso hacia la privatización del régimen jubilatorio. En términos estrictos, el sistema previsional se ha transformado en otra cosa – en un subsidio a la tercera edad, que ha perdido todo vínculo con los aportes realizados durante la vida laboral. Se consuma una confiscación que se ha venido produciendo bajo todos los gobiernos precedentes, incluidos los militares. El pago de la deuda externa será decidido en una pulseada estratégica con los acreedores y el FMI.

Fuera de agenda, se ha conocido que el gobierno aumentaría también la mínima salarial, en una saga parecida a las jubilaciones, o sea que se suspenderían las paritarias y los aumentos salariales. Que este ataque no se haya oficializado aún revela el temor del gobierno a la reacción del movimiento obrero – si no de la burocracia, sí de las bases. Más allá del entrelazamiento de intereses patronales y de la burocracia en la reciente crisis en UTA, por debajo opera un resentimiento explosivo contra la entrega de los salarios por parte del burócrata del sindicato – otro Fernández.

Ajustes y desajustes

La emergencia ómnibus que los Fernández han enviado al Congreso, revela la decadencia sin atenuantes de los llamados keynesianos – el nobel Joseph Stiglitz y su discípulo Martín Guzmán. Justifican la política inaugurada por los Fernández en términos de “consistencia macroeconómica”, o sea, capaz de encarar los desafíos “del hambre” sin generar desequilibrios de conjunto. La emergencia ómnibus de los Fernández es, sin embargo, lo contrario del equilibrio. En primer lugar, refuerza el fenomenal desequilibrio social, en perjuicio de jubilados y trabajadores. En lugar de “meter plata en el bolsillo de la gente”, se la saca. La autorización a aumentar ‘ingresos brutos’ a las provincias será pagado por los consumidores.

El equilibrio presupuestario que se procura es una falacia, porque recae sobre el corte completo de la obra pública, que Macri impuso en los dos últimos años, cuando también se derrumbó el régimen de Participación Pública Privada, bajo la presión conjunta de los ‘cuaderno’ y el desplome financiero e industrial. La moratoria impositiva a las Pymes es un bocado de cardenal para los bancos, que están por arriba de la AFIP en la condición de acreedores de ellas. También lo es para la gran industria, que podrá cobrar las deudas de su periferia tercerizada. La piedra libre para los combustibles y Vaca Muerta añade otro desequilibrio explosivo con el congelamiento de tarifas para las empresas de energía. Los Fernández se jactan de un cepo ‘duro’ que defiende las pocas reservas internacionales de Argentina, que está desmentido por el derecho de las multinacionales ha girar al exterior sus utilidades y dividendos al tipo de cambio oficial – el más barato del mercado.

Según se lee, la emisión de una Letra intransferible en dólares del Tesoro al Banco Central, por 4500 millones, habría provocado una euforia en los acreedores internacionales y explicaría la suba de la cotización de los títulos de la deuda externa de Argentina. Se trata, sin embargo, de otro aumento del stock de créditos incobrables del Banco con el Tesoro, que alcanzaría los u$s60 mil millones, que el estado no piensa en cancelar. El reemplazo de dólares billetes por un título sin valor, disminuye el respaldo de la moneda en circulación, por lo cual constituye una forma disfrazada de emisión de pesos. Esto desmiente el compromiso del ministro Guzmán de que no emitiría moneda para no azuzar la inflación. Claro que cuando se trata de pagar intereses a los fondos internacionales, la ‘ortodoxia’ es saludada por todas las corrientes económicas.

El gran hermano

La emergencia ómnibus ha sido saludada por el FMI. Algunos periodistas con buen tránsito, dicen incluso que fue elaborada con sus directores o técnicos. Esto no significa que los Fernández hayan eludido el control del FMI, que es la garantía única que admiten los acreedores de que el programa será cumplido. Los desequilibrios de la emergencia se manifestarán en el semestre que los Fernández reclaman para ponerla a prueba, lo mismo que la pulseada con los bonistas y el Fondo. En lugar de cerrar una crisis, la emergencia F-F inicia un período aún más convulsivo que el precedente.

El proyecto de emergencia ha sacudido el avispero del oficialismo y la oposición, porque choca con intereses cruzados en ambos bloques. Los lobbies mineros de la UCR darán quórum (Morales, Cornejo), los sojeros, no. Lavagna acompaña, como ocurre con Techint-Tecpetrol; los ultra K del bloque oficial meterán, como siempre, violín en bolsa, porque no hay nada como seguir cobrando dietas en el Congreso y en la Administración, y hasta se convertirán en los principales abogados del diablo. Debemos impulsar una enorme deliberación de los trabajadores para derrotar el congelamiento de las jubilaciones y los salarios, y la suspensión de paritarias.

Lo que distingue el abordaje de la crisis por parte de Macri, por un lado, del de los Fernández, por el otro, es que estos últimos pretenden una concentración de poder que les permita maniobrar entre los polos de la lucha de clases en el período próximo. Por eso envía un proyecto de ley que, en cuestiones vitales, reemplaza la ley por el decreto. Todos los términos de la crisis están sobre la mesa de la lucha política.

Una salida a la crisis en términos de recuperar el crédito internacional, equilibrar el mercado monetario, alcanzar superávits fiscales y comerciales, alcanzar un equilibrio o excedente fiscal, es quedar encerrado en una salida capitalista, que pagarán fatalmente los trabajadores. Todas esas categorías son la representación de la crisis en términos del capital. Para que ocurra lo contrario es necesario que la clase obrera tome las palancas fundamentales de la economía en sus manos y trace un plan de acuerdo a sus intereses y, por sobre todo, a sus fines estratégicos. Esto inicia un período transicional de reglamentación de la economía, cuyo destino dependerá de la evolución de la crisis económica y política mundial en su conjunto.

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