[CORREO DE LECTORES] Las organizaciones vaticanas lanzan la UTEP para blanquear la precarización

El próximo sábado 21, las organizaciones cayetanas van a lanzar oficialmente la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en el microestadio de Ferro.

La intención de la CCC, la CTEP, Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán y de otras organizaciones vinculadas a la iglesia, es constituirse en el "Sindicato de los excluidos". Su idea es organizar a los trabajadores no formales para que pueden acceder a una obra social y a una futura jubilación.

Para impulsar a la UTEP, estas organizaciones realizaron esta semana un acto en la Universidad de Quilmes en donde levantaron el programa que les señaló el papa Francisco, "Tierra, techo y trabajo". Están negociando para ingresar a la CGT y tienen el compromiso del Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, para que el Estado se haga cargo de completar los aportes sociales insuficientes "con una pequeña suma".

En este sindicato podrían afiliarse todos los trabajadores precarizados que se engloban en lo que están organizaciones llaman “la economía popular”. Cartoneros, feriantes, carreros y también remiseros, que no cuentan ni con organización sindical ni con aportes previsionales ni obra social.

Con el lanzamiento de la UTEP, las organizaciones cayetanas pretenden terminar de cristalizar la adaptación a la miseria. Sus dirigentes se posicionan contrarios al capitalismo, pero militan la resignación y plantean que no hay alternativa. Por lo tanto, hay que rebuscársela en el sistema en el que vivimos y organizarse lo mejor posible para sobrevivir.

Ellos explican que, por la propia dinámica de la competencia entre capitalistas, las máquinas remplazan a los trabajadores produciendo cada vez más mercancías y más desocupados. Como esta dinámica no tiene reversa, muchos "excluidos" han creado su propio trabajo y se han hecho cuentapropistas: cartoneros, remiseros, feriantes, etc. La tarea, para las organizaciones cayetanas, es la de organizarse para conquistar derechos en estas condiciones de miseria arrancándoles algo a los oligarcas.

Pero los desocupados no son excluidos. Los produce el capital y los necesita para tirar los salarios a la baja. Forman parte del sistema. Lo que no explican los dirigentes sociales ligados al Vaticano, es que esa misma contradicción del sistema que ellos señalan, la de producir cada vez más mercancías y más desocupados, es insuperable para el capital. Para que una mercancía se concrete tiene que haber alguien que la compre. Eso en un mundo que deprecia y elimina los salarios, se vuelve cada vez más y más imposible. Y para poder competir, el capital está obligado a invertir en maquinaria para abaratar costos. Al despedir, no solo está disolviendo su propio mercado de consumo. Está aumentando los costos muertos, los que no generan nuevo valor, sino que solo trasladan el propio. La única mercancía que genera nuevo valor es la fuerza de trabajo humana. Al alterar de esta forma la composición orgánica de la mercancía, al disminuir la parte del capital vivo de la mercancía, el capital se va cavando su propia tumba.

Entender lo insuperable de esta contradicción dentro de los marcos del capitalismo, es lo que puede mejorar la perspectiva. El capital se ahoga en sus límites y nos quiere llevar puestos. Si intentamos flotar unidos a él, nos vamos a pique. Hay que buscar otro barco.

El capital controla los gobiernos y el monopolio de la fuerza y es dueño de los medios de comunicación y de producción. La encerrona de sus contradicciones es lo que nos da la oportunidad de terminarlo, luchando contra él y buscando una alternativa. Solo un gobierno de trabajadores puede estar interesado en producir para el bien común y en organizar la sociedad, no solo para satisfacer las necesidades de la mayoría, sino para que cada uno pueda realizarse como ser humano. Las organizaciones vaticanas quieren que nos acostumbremos a vivir en la escasez y nos prometen organizarnos para rasguñar algún derecho. No por nada responden al Vaticano. Son el brazo ejecutor de la Iglesia para realizar la tarea milenaria de embellecer la pobreza y mantener sumisos a los explotados. Como hoy no hay quien pueda conformarse con el reino de los cielos, no hay mejor servicio que organizarlos para arrancar miserias. Y si funciona siempre con la misma zanahoria mejor aún.

La última movilización de la que participaron las organizaciones cayetanas fue al Congreso Nacional para reclamar la emergencia alimentaria. Como lo denunciamos desde la tendencia del Partido Obrero, dicha ley no paliaba ninguna demanda y solo servía a los fines de presionar al acampe piquetero para que se levante sin concederle nada en concreto. También funcionó como pacto social para dejar transcurrir sin sobresaltos la transición. Hace unos días, casi tres meses después, Juan Carlos Alderete, recién electo diputado por el Frente de Todos y dirigente de la CCC, denunció que Macri dejó los galpones completamente vacíos de alimentos y reclamó para solucionarlo... ¡una ley de emergencia económica y social! ¡Para poder comprar sin licitación! Está claro que para esto el gobierno no necesita de una ley, pero ahora sabemos que las declaraciones de Alderete no formaban parte de una simple maniobra distraccionista como la de septiembre, sino que con esa fachada pretendían hacer pasar una confiscación gigantesca a los jubilados congelando la movilidad por seis meses.

Por su parte, Alberto Fernández está lanzando una serie de medidas que pretende vender como paliativos a la crisis. Decretó la doble indemnización en lugar de prohibir los despidos y las suspensiones, bajó solo un 8% los medicamentos, dejándolos muy encima del precio que tenían antes de la inflación macrista. Lo mismo pasa con el bono para jubilados y AUH y la tarjeta alimentaria para madres con hijos: ni atinan a recuperar lo perdido por la inflación. NI hablar de la pretensión de suspender las paritarias y remplazarlas por un aumento por decreto. Todo apunta a un achatamiento mayor de jubilaciones y salarios y garantizar la supervivencia como todo horizonte. Este paquete es la presentación para negociar con el FMI y apunta a perpetuar la precarización con la coartada de la emergencia social.

La lucha contra el hambre no puede ser el salvoconducto para entregar las condiciones de vida de los trabajadores. Como emergencia, hay que prohibir los despidos y suspensiones, duplicar los montos mensuales de jubilaciones, AUH y planes sociales. Ir a un plan de vivienda y obra pública para generar empleo. Para esto hay que romper con el FMI.

En este contexto, la creación de la UTEP está puesto a los objetivos de desviar la lucha hacia el callejón sin salida de las emergencias sociales y maquillar la precariedad económica en la que se encuentran millones de trabajadores.

Las reivindicaciones inmediatas y concretas que se tendría que plantear un sindicato de la economía popular no deberían limitarse a tener una jubilación de miseria y una obra social. El propósito debería ser convertir a los cartoneros y feriantes en trabajadores estatales, bajo un régimen en blanco y un sueldo fijo, con condiciones de seguridad garantizadas. La importancia de los cartoneros como recuperadores urbanos es innegable frente a las problemáticas ambientales que plantea el exceso de basura y la sobreproducción. Los feriantes también cumplen varias funciones: hacen circular lo recuperado convirtiendo en mercancía, son de los pocos intermediarios que acercan productos orgánicos a los barrios, favorecen la actividad cultural a través de las artesanías.

Muy distinto sería si la UTEP se planteara luchar por estas reivindicaciones para superar la precariedad, alcanzar un salario acorde a la canasta familiar, y, en ese camino, señalara como norte la necesidad de terminar con orden social de miseria apuntando al poder político y la necesidad de su superación. Sin embargo, en esta etapa que se abre con el gobierno de los Fernández, la UTEP se crea para usar la lucha contra el hambre como argumento pérfido contra los trabajadores en lucha.