Argentina, con cepo y sin red

Escribe Marcelo Ramal

Tiempo de lectura: 4 minutos

Ni los más cerrados defensores del gobierno creen que el reforzamiento del cepo al dólar será capaz de darle un respiro a la deriva económica y política del gobierno de Alberto y Cristina Fernández. La crisis sólo ha saltado a un escalón superior, al igual que el dólar paralelo. El encarecimiento del dólar para ahorro ha sido sólo una fachada, porque las múltiples restricciones impuestas a su compra -desde los beneficiarios de IFE hasta los titulares de tarjetas de crédito refinanciadas- han impuesto una veda casi absoluta a quienes compraban divisas para proteger sus ingresos escasos. El gobierno, a su vez, ha ofrecido facilidades para quienes estén dispuestos a ingresar dólares al país comprando bonos, pero sin resultados a la vista. Como los dólares no aparecen, la brecha que separa al dólar 'cepo' del dólar libre continúa, sólo que en un peldaño superior.

Se ha debatido la posibilidad de que el Banco Central salga a vender una parte de los “flamantes” bonos en dólares emitidos bajo el reciente canje de deuda, con el propósito de bajar el precio de la divisa. Esta variante, sin embargo, podría conducir a una baja en la cotización de los bonos, los que podrían caer en picada si sus tenedores privados siguen la misma conducta. Así, y a pocas semanas del “canje” Guzmán-BlackRock, se pondría de manifiesto que los compromisos de reestructuración son una hoja al viento, por la mismas y sencillas razones que empujaron al cepo: Argentina carece de los recursos, no ya para pagar la deuda, sino siquiera para el giro corriente de operaciones comerciales con el exterior. El default del Banco Central tiene lugar cuando faltan seis u ocho largos meses para que vuelvan a ingresar dólares de la cosecha.

Si de cosecha se trata, hay que decir que el supercepo agravó todas las tensiones con la burguesía exportadora, que exige a los gritos la modificación de un dólar oficial que ahora vale la mitad del dólar libre. El gobierno intenta apaciguar este reclamo asegurándole a los monopolios cerealeros y petroleros que podrán repatriar utilidades comprando la divisa 'oficialista' de 75/79 pesos. Pero para el capital agrario es un pobre consuelo, cuando la totalidad de los ingresos por exportaciones deben liquidarlos a un dólar todavía inferior, y cuando los insumos agrícolas comienzan a ajustar sus precios según la marcha de los diversos dólares -'libres' o 'bolsa'. El supercepo, que ha precipitado una devaluación parcial, será la antesala de otra, de carácter general. Pero el impacto de esa devaluación, en términos de carestía y desorganización económica, deberá estar acompañada por una crisis de gabinete, o sea, por una crisis política.

Capital y trabajo

Las interpretaciones “cambiarias” de esta crisis vuelan muy bajo respecto de sus verdaderos alcances. Si la moneda actúa como equivalente general de la riqueza social generada por un país, la existencia de “15 paridades diferentes” expresa una disolución de las relaciones sociales vigentes. Carlos Melconian, un economista ligado al macrismo, acaba de confesar un escenario de destrucción de capital –“ni siquiera invertís lo que se deprecia”, señaló, agregando que “el capital y el trabajo son los que te llevan a que una economía crezca”. Naturalmente, a este macrista oriundo de Avellaneda habría que explicarle que el capital es sólo trabajo acumulado y sustraído a los trabajadores. Pero por eso mismo: si el capital no se reproduce, es porque se ha alterado decisivamente la generación de trabajo no retribuido, como consecuencia de la pandemia. Aún con las aperturas en curso, una parte importante de la fuerza laboral sigue parcial o totalmente parada, más aún en un país donde el 40% de ella trabaja en negro –o sea, es explotada en condiciones que no dan lugar a elementales cuidados sanitarios y, por lo tanto, no puede trabajar. Pero incluso si se admitiera a la mentirosa dupla de Melconian- “el capital y el trabajo”-, hay que decir que la labor destructiva del Covid 19 fue pavorosamente agravada por la gestión capitalista de la pandemia, que consistió en cuidar “al capital y… al capital”. A ese rescate fueron destinados la casi totalidad de los recursos del Estado. Esto vale para el Banco Central, que destinó casi 5.000 millones de dólares para los compromisos de deuda -en medio de la crisis sanitaria- y le vendió divisas baratas a los capitalistas para que cancelaran sus deudas con el exterior, muchas de las cuales no son más que autopréstamos. La fuga de capitales consentida es la contrapartida de la actual quiebra del Central. La pandemia, por el contrario, exigía la centralización de los recursos económicos y un plan económico y sanitario para rescatar a la fuerza de trabajo.

Poder político

El fallido supercepo, y la devaluación que conlleva, anuncia otra etapa de la crisis: los precarios equilibrios sostenidos con alfileres durante la cuarentena podrían volar por los aires, incluso cuando el trabajo disolutorio de la pandemia -con 12.000 casos por día- está lejos de atenuarse.

A la disparada de precios, ya se han anotado las empresas de servicios públicos, que ni siquiera se conforman con el aumento del 30% que el gobierno les ha asegurado en el presupuesto 2021. El acuerdo con el FMI, y la posibilidad de un auxilio financiero, están muy distantes de esta crisis, y sólo llegarían después –y no antes- de que se opere un desenlace económico y político a las contradicciones actuales. El gobierno, mientras tanto, ha cantado victoria por la decisión del Senado de apartar a los jueces que imputan a Cristina por la causa de los cuadernos. Pero el alivio puede ser tan efímero como el del supercepo, porque la decisión final quedará en la Corte. La justicia es el árbitro último e inevitable de un régimen en disolución. En definitiva, está en discusión cuál deberá ser el régimen político que tendrá que hacerse cargo de las consecuencias explosivas de la crisis en desarrollo. La posibilidad de un rodrigazo y de una crisis política debe ser discutida enérgicamente en la vanguardia de los trabajadores y sus organizaciones: aumento del 50% para todos; indexación del salario; ningún despido; ningún cierre; plan económico único para terminar con la sangría nacional; gobierno de trabajadores.

Suscribite a Política Obrera