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Desde que se produjeron las elecciones generales, el nuevo oficialismo nacional reiteró hasta el cansancio que Argentina constituía la excepción de un continente surcado por rebeliones populares –ello, porque aquí la bronca fue pacíficamente encauzada por el voto al Frente de Todos. Desde la izquierda del FIT U y el aparato oficial del PO, esta tesis encontró su horma, y algunos editorializaron que “Argentina no es Chile”. Pero bastó que se abriera una rendija en el interior del país, y nada menos que en su cuarta provincia, para que el ´fantasma que surca el continente´ ingresara en territorio nacional. La habilitación al uso de cianuro y otros productos contaminantes en la megaminería, a través de un pacto radical pejotista en la legislatura mendocina, desató una rebelión popular que se encuentra en pleno desarrollo. En las movilizaciones que tienen lugar en la provincia, se advierte la impronta de la rebelión chilena: la persistencia y profundidad de las marchas; la afluencia masiva de jóvenes; el desafío a las organizaciones obreras o sociales tradicionales; la respuesta todavía más enérgica y masiva luego de la represión, que intentaba justamente amilanar a los manifestantes. La misma tendencia se manifestó hace semanas atrás en la lucha de los residentes y concurrentes porteños, que terminaron rodeando la jefatura de gobierno luego de una huelga general de una semana.
Oposición albertista
Los abanderados de la ´transición ordenada´ dicen que el pueblo mendocino se levanta contra un gobierno macrista, o sea que estaríamos asistiendo a un remezón del pasado (lo mismo había ocurrido con Larreta y los residentes). En realidad, no saben de qué hablan. El tándem mendocino Suárez-Cornejo viene de oponerse a la tentativa macrista de boicotear la “emergencia económica”, con el argumento de defender la nueva gobernabilidad nacional. En este acercamiento al albertismo, el mandatario mendocino fue acompañado por Gerardo Morales, el carcelero de Milagro Sala. La razón de ambos para esta semiconversión al gobierno es el interés común en relanzar la minería a cielo abierto, venciendo todas las trabas legales que en estos años se fueron imponiendo como resultado de la movilización popular. El tercer mosquetero del lobby minero es el chubutense Arcioni, que apuesta a derogar las normas protectivas en medio del reavivamiento de las movilizaciones y asambleas que tuvieron lugar bajo el chubutazo.
La rebelión mendocina, por lo tanto, es un golpe en el corazón del régimen actual, y de sus planteamientos estratégicos. En los intentos del gobierno para salir del defolt de la deuda, la cuestión minera ocupa un lugar central, junto al impulso a Vaca Muerta. La “emergencia económica”, por eso, estableció una reducción a las retenciones mineras. El ministro Guzmán dice que la Argentina “necesita generar dólares” para pagar la deuda . Pero las chances de salir del defolt por medio de las exportaciones energéticas y mineras se encuentran doblemente cuestionadas. De un lado, por el peso gigantesco de la deuda en relación a los dólares que puedan aportar esas exportaciones. Del otro, por la crisis mundial, que ha derrumbado los precios internacionales de los minerales e hidrocarburos. En Mendoza, a nadie escapa que la decisión de habilitar el uso de cianuro ha desatado la oposición de la burguesía ligada a la agroindustria, y que exige la preservación del agua. Pero ello sólo demuestra que los planteamientos oficiales son una fuente de mayores desequilibrios y fracturas sociales. La política oficial, que pregona la ´armonía social´, es un acicate a las crisis políticas y a la intervención popular.
Argentina, en el eje
A la luz de todo lo anterior, es claro que la rebelión mendocina es una poderosa llamada de atención al gobierno y sobre el conjunto del proceso político. La tentativa “nacional y popular” de rescatar al régimen económico y social que terminó hundiéndose con el macrismo se enfrentará, por un lado, con las condiciones de la bancarrota internacional, y, por el otro, con las tendencias a la rebelión popular, acicateadas por la crisis social que deja el macrismo y por el escenario continental. La depredación minera choca con las conquistas impuestas luego de años de movilización en numerosas provincias; la reforma previsional que asoma en la suspensión de la movilidad jubilatoria tiene sobre su cabeza a la rebelión de diciembre de 2017; el mismo destino de choque tendrá la tentativa de suspender las paritarias, con una inflación que no bajará del 40% y que el gobierno, que “desindexa” salarios y jubilaciones, atiza todos los días, cuando, por ejemplo, habilita a impuestazos en las provincias y restaura el IVA sobre los alimentos esenciales. El gobierno buscará maniobrar y reacodomodarse de cara a los mendozasos, pero cada uno de esos virajes acentuará sus fracturas interiores y su capacidad de arbitraje. La gran tarea de la izquierda revolucionaria, en este cuadro, es asociar la defensa de todas las reivindicaciones y conquistas amenazadas a la explicación sistemática del alcance de la crisis, sus lazos con la rebelión continental y la cuestión latente del poder político. Por lo pronto, las crisis mineras replantean la organización social y económica de las provincias, y, por lo tanto, la cuestión de la Asamblea Constituyente. Este es el escenario de conjunto al que debemos integrar las primeras manifestaciones de esta transición política.
