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La presentación del nuevo “Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat” en el Salón Dorado de la provincia de Buenos Aires no pudo haber encontrado otro escenario más alejado de la realidad de las 2.500 familias que hoy están librando una enorme lucha por sus tierras y viviendas en la toma de Guernica. El Salón Dorado albergó, no a los delegados por manzana votados en la toma, quienes no fueron recibidos en ningún momento por las autoridades bonaerenses, sino de intendentes y los responsables del “hábitat” de los bonaerenses.
Kicillof señaló que la presentación de este plan de viviendas le hubiese gustado anunciarlo “en otro contexto”, no porque falten horas para el cumplimiento del desalojo de las familias de Guernica sino porque “en el mundo se está desarrollando con más fuerza la pandemia y la crisis económica internacional”. Ver la paja en el ojo ajeno, en este caso fuera de las fronteras nacionales, y exclamar luego que los problemas hay que ponerlos sobre la mesa y “con franqueza”, es una acto canallesco. Kicillof intentó cargar el fardo nuevamente a “la herencia recibida”. Con independencia del “aporte” realizado por la gestión de María Eugenia Vidal al derrumbe provincial, vale recordar que el peronismo gobierna la provincia y la mayoría de los municios desde los años 80.
En los últimos 50 años, la población del conurbano bonaerense se triplicó, como se expresa en la la proliferación de villas y asentamientos. La pandemia llevó a un extremo insoportable la situación de hacinamiento y el deterioro de los barrios obreros, como fue el caso de Villa Azul. Esto es el resultante de una política que nadie puede achacarle solo a “Heidi” Vidal.
El anuncio de la construcción de 33.600 viviendas en los próximos tres años y la reactivación de viviendas que quedaron paradas por un presupuesto de 190.000 millones de pesos no suple ni el 2% del déficit habitacional de la provincia, según la estimación del propio gobernador.
A ninguno se le pudo pasar el vuelco en el discurso del otrora defensor de la salida indolora al “problema” de Guernica. El señalamiento de que “los bonaerenses tengan la necesidad de tener el derecho a la vivienda no implicaría que se pueda resolver avanzando sobre los derechos de los demás”, lo pone en línea con el reclamo del conjunto de los intendentes del conurbano -con la ´massista´ Blanca Cantero a la cabeza- de proceder al desalojo policial en Guernica. ¿No es que dónde “había una necesidad, nacía un derecho”? Lo que proliferan son los countries en terrenos que pertenecen a los trabajadores bonaerenses.
El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, anunciaba que Gobierno provincial tendrá que cumplir con la decisión de la Justicia de desalojar el predio de Guernica el jueves 1, señalando que, de lo contrario, la administración bonaerense "tendrá consecuencias penales".
La “unificación” de los organismos de tierra y vivienda bajo la órbita de la jefatura de gabinete, como anunció Kicillof en la conferencia de prensa, no va a solucionar el problema de las 2.500 familias de Guernica ni de las otras casi 2 millones que se reparten en asentamientos en territorio bonaerense. La acción política desplegada por los trabajadores en Guernica ha llamado la atención a varios sectores de la clase obrera que ya dieron su pronunciamiento y se suman a la defensa incondicional de los pobladores de la toma. “Si gana Guernica, ganamos todos”, plantea una deliberación alrededor del problema de que clase social tiene que gobernar.
