La reactivación, la deuda, las jubilaciones, la crisis política

Escribe Jorge Altamira

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¿En qué ha quedado la premisa fundacional del gobierno de los Fernández – “para pagar la deuda primero hay que crecer”?

Una transferencia de recursos al Tesoro del orden de los u$s 8-10 mil millones por la vía de mayores impuestos, fundamentalmente, y una reducción de gastos, no es precisamente una vía para reactivar la economía. De un modo general, los sectores golpeados por la recesión producen al 50/40% de su capacidad. ‘Incentivos’ tales como un ‘reperfilamiento’ de la deuda de la industria con la Afip, cuando no son desviados hacia otros fines, se destinan a la cancelación de la deuda con los bancos, que son los acreedores principales de las famosas Pymes, o a las empresas de cabeceras, que son el segundo acreedor de ellas. Incluso si los precios al consumidor dejaran de crecer al ritmo que lo vienen haciendo, los cinco mil pesos que se asignan por única vez a la franja más baja de ingresos de jubilados y activos, poco podrían mover el amperímetro de la demanda final. Lo mismo sucede con el aumento de 6.000 a 9.000 pesos – ¡a cuenta de paritarias! – dispuesto para los privados.

Un incremento de los derechos de exportación, como ha ocurrido con la agroindustria, o el inmobiliario progresivo rural, que Kicillof difícilmente consiga, podrían ser reactivadores, contra lo que opina el sentido común, si la recaudación fuera destinada a obras públicas o a inversiones industriales, pero no es este el propósito del plan de los Fernández. Esos gravámenes apuntan a reducir el déficit fiscal, en la convicción de que ello serviría para aquietar la desvalorización del peso y evitar que la deuda externa en moneda nacional se desmadre. De cualquier forma, mayores impuestos en una recesión raramente han logrado aumentar el ingreso fiscal. El congelamiento de las tarifas de servicios es, de otra parte, contradictorio con esta política fiscal, y no solamente porque reduce la recaudación impositiva correspondiente. Aunque reduzca la incidencia directa en los costos y en los precios, el congelamiento obliga a mayores subsidios (con el agregado del transporte), que el gobierno no ha cuantificado o no desea revelar su monto.

Por otro lado, la obtención del ‘equilibrio fiscal’ no facilita el pago de la deuda externa – apenas es la condición para una re-negociación de ella, la cual representa más del 80% del PBI y el 35/40% de sus vencimientos es en los dos años próximos. Esto da vuelta el lema fernandista de que para pagar primero hay que crecer, por el contrario: primero hay que re-negociar la deuda. Los capitalistas parecen dar muestras de coincidir con este diagnóstico recesivo, porque han saludado la doble victoria de la ‘coalición peronista’, en las Paso y en las generales, con 61 mil despidos de trabajadores ‘formales’. La doble indemnización que decretó Alberto Fernández significa que se esperan aún más, al menos por los 180 días que vienen. La necesidad de mantener y acrecentar el superávit del comercio exterior, sin la perspectiva de aumento de las exportaciones, refuerza el torniquete de la recesión, porque obliga a una compresión sistemática de las importaciones – en especial las que necesita la manufactura nacional.

El famoso “crecimiento” debería venir entonces de una reanudación del financiamiento internacional. De acuerdo a Walter Graziano, en Ámbito, los Fernández habrían cambiado sus planes poco antes de asumir, cuando aceptaron la propuesta de que Martín Guzmán, un experto en deudas externas, precisamente, fuera el ministro de Economía. Afuera habrían quedado los ‘populistas’ de paladar negro, que encabezan Mercedes Marcó del Pont o incluso Axel Kicillof. Alineado con otra ala de los economistas ‘progres’, Guzmán asegura que los sistemas previsionales son “inflacionarios”, o sea que propone liquidarlos. Parece no haber advertido que el fenómeno inflacionario por excelencia, desde poco antes de los 90 del siglo pasado, es el endeudamiento internacional, que ha crecido a tasas de centenares por ciento, y que bien calculado se acerca al mil por ciento del producto bruto interno mundial. Sólo los fondos de cobertura que operan en la City de Londres tienen activos por 60 billones de dólares. Lo mismo ocurre con la burbuja bursátil y la expansión fabulosa de los balances de los bancos centrales. Se encuentra más cerca de un estallido catastrófico este sistema financiero, que las finanzas de Argentina con todas sus miserias.

La ola de impuestos se ha extendido al mercado de cambios de divisas – en especial para el turismo al exterior. No hay datos, tampoco aquí, sobre lo que se espera recaudar, pero ya ha subido las cotizaciones a ochenta pesos el dólar. No se han gravado, sin embargo, las remesas y utilidades al exterior, a diferencia del cepo que las atrapó hasta 2015, ni por supuesto los servicios de deuda. Aun encarecido, al dólar-turismo lo financia el Banco Central, obligado a aportar a los bancos las divisas por los gastos con tarjetas. De otro lado, si la evasión del pago del impuesto eleva la cotización de divisas en el mercado negro, como ya está ocurriendo, crece la presión devaluatoria sobre el peso y no mejora la recaudación. Esta política es un blanco perfecto para las represalias internacionales, que pueden alegar un perjuicio para otros países, en especial del Mercosur. No hace falta decir que un dividendo girado al exterior, que retorna al mercado negro para aprovechar la brecha entre los cambios, implica un abastecimiento de divisas oficiales al mercado ilegal.

Euforia

Las medidas ‘populistas’ de los Fernández han sido recibidas con euforia en los mercados de capitales, al punto que han subido hasta las acciones de empresas que han sido afectadas por un congelamiento de tarifas por seis meses. Lo singular de este crecimiento es que se ha producido en forma paralela a la reducción de la calificación de la deuda de Argentina, por parte de las agencias Fitch y Standard & Poor’s (Financial Times, 2/12). ¿Los ‘bonistas’ saludan la marcha triunfal hacia la cesación de pagos? Por supuesto, porque en este caso se trata de un nuevo ‘reperfilamiento’ de la deuda que se rige por legislación local, mientras se pagan en forma integral los vencimientos de deuda con legislación extranjera.

¡Cómo no van a saludar los ‘mercados’ a los Fernández, cuando estos exceptúan del ‘reperfilamiento’ local a los Bomopro, los bonos que se encuentran en manos de Pimco, uno de los cinco mayores fondos internacionales, en alrededor de un 60 por ciento? El flamante presidente del Banco Central, Pesce, ha superado en genuflexión ante los usureros internacionales al nunca olvidado Luis Caputo, que al contrario de Pesce le hizo perder a esos fondos un montón de dinero en la crisis de junio de 2018. (Pesce, durante el default de 2002, reconvirtió a dólares la deuda en pesos de la Ciudad de Buenos Aires con el JP Morgan y el BBVA). Los Fernández elevaron, además, del 50 al 70% la obligación del FGS de Anses de comprar deuda pública (Alcadio Oña, Clarín, 22/12; Donovan, La Nación, 23/12), para financiar el pago de la deuda con acreedores privados. Enseguida le metieron un título en pesos, al valor nominal, que cotiza en el mercado a 40, haciendo perder al Fondo de los jubilados un 60% de sus activos. En los últimos cinco años, los activos del FGS se han desvalorizado de u$s60 a 22 mil millones.

Este trajín financiero pre-renegociación de deuda tiene otro capítulo que ha dejado las páginas que antes les prodigaron los diarios: las Leliq. Alberto Fernández ha reemplazado su vieja cruzada de pagar a los jubilados con las ganancias que dejaban esas letras, por la cruzada de que esos mismos bancos sean los mayores beneficiarios. Es así que el Central las está cancelando metódicamente, por medio de una reducción lentísima de las tasas de interés que recibían. En contraste con sus recientes diatribas, ahora se empeña en que los bancos no salgan dañados y que puedan convertir en moneda los beneficios. Luego podrán expatriar las utilidades por el mercado oficial o girarlos al exterior por el sistema ‘contado con liquidación’. No es un accidente que las acciones de los bancos sean las que más hayan subido en el panel.

De cualquier modo, las subas en los mercados representan más bien un ‘rebote’ que una tendencia, desde cotizaciones previas extremadamente bajas, pues dependen del desenlace de las negociaciones internacionales.

A renegociar

Marcelo Bonelli, de Clarín, asegura que los ‘bonistas’ se equivocan si creen que pueden lograr una dilación de pagos por menos de cuatro años. Este sería el espacio de tiempo que reclama el gobierno para ‘crecer’. Cualquiera resulte el período que se acierte, los Fernández no podrán evitar la supervisión de los acreedores sobre las cuentas públicas, o sea el FMI, y sobre las ‘reformas estructurales’, o sea las jubilaciones; el K, Álvarez Agis, ha dicho que debe ser convertido en un sistema de pensión a la vejez. Como el asesino que vuelve al lugar del crimen, AF retomaría una labor que inició con Menem y tuvo que abandonar con Kirchner, por razones de fuerza mayor: la privatización previsional. Con jubilaciones cada vez menores para quienes revistan arriba de la mínima, el ex lobista de las compañías de seguros habilitaría la jubilación privada ‘voluntaria’. Los ‘bonistas’ podrían acortar el plazo de pago de sus acreencias, invirtiendo los títulos de deuda en nuevos servicios de seguros – los jubilatorios.

Un acuerdo de deuda, suponiendo que se logre, no aportaría nada al Estado, forzado a una dieta dura. Pero sí podría reabrir el financiamiento o re-financiamiento exterior a las compañías – justamente lo que intentó hacer Macri cuando pagó a los buitres y levantó el cepo-2015. Es la mayor expectativa de la burguesía nacional. Este es el criterio ‘profundo’ acerca de la reactivación, del ministro Guzmán, profesor de la popular UNLP, hincha del belicoso ‘lobo’ y ‘progre’ para los círculos financieros. Una salida de este tipo presenta, sin embargo, toda clase de incógnitas – si no que lo diga Mauricio, quien ni siquiera logró plata privada para obra pública, y sí solamente para la ‘timba’ financiera. La economía mundial se mueve entre previsiones de recesión generalizada y una discutible euforia financiera. AF ha sido pródigo en promesas, en lo que hace a canalizar ese retorno financiero: privatización previsional ‘voluntaria’, Vaca Muerta, minería – todo muy poco para u$s 400 mil millones girando como deuda. Tampoco es fiable para atraer negocios, por su costo elevado de inversión y la incertidumbre de los mercados de materias primas. En cualquier caso, la reactivación por esta vía – inversiones extranjeras -, no llegará mañana ni pasado. Los plazos que se ha dado el oficialismo para cumplir promesas son exiguos; el ‘cooperativismo’ social clerical no resolverá el drama del hambre.

Ruleta rusa

La reestructuración de la deuda y la reactivación trasladan a Argentina a un terreno minado: la guerra económica USA-China. Un eventual embajador a China, Sabino Vaca Narvaja, describió en Clarín el interés de Xi Jinping para que la ‘ruta de la seda’ involucre a Argentina. A la burocracia china le interesa Vaca Muerta y la minería tanto como a Trump – o más. Por estos mismos días, un flamante funcionario de Trump se convirtió en la persona más leída por los usuarios del Financial Times, por declarar que la ‘ruta de la seda’ está llevando a las naciones envueltas en el proyecto a la corrupción y a la bancarrota. Con un presupuesto triplicado, ofreció la alternativa de inversiones financiadas por Estados Unidos. Los ‘bonistas’ de Wall Street y de la City de Londres deberán decidir si ‘reperfilan’ una deuda para los patrocinadores de la ‘ruta’ o para sus rivales de occidente. La cuestión de la deuda hace girar más ruedas de las que surgen a primera vista. Ni hablar de la confrontación política que suscitan los vínculos ‘bolivarianos’, al menos de una parte de la coalición oficial, los kirchneristas.

La semana navideña puso de manifiesto cuestiones de una envergadura incluso mayor. El recule en chancletas del mendocino Suárez y de sus acompañantes albertistas con la ley cianuro, no es moco de pavo. Muestra los límites infranqueables del gobierno de los Fernández para aplicar la versión popular del ajuste. Después de todo, el bloque que votó el cianuro había obtenido el 95% de los votos en octubre. La población de la provincia más conectada con los chilenos hizo sonar el tambor de la rebelión. Marca tendencia.

No menos relevante es la crisis que se ha producido en el Senado bonaerense sobre la ley impositiva. Se trata de una fractura política de fondo. De un lado es un rechazo a un proyecto que grava el suelo urbano en forma progresiva – algo muy ‘inoportuno’ como método, con independencia de la envergadura de la carga impositiva que se aplica a las propiedades más extensas. De un lado es rechazada por los terratenientes e incluso por los ‘pools de siembra´ y los fideicomisos agrícolas que podrían ver aumentados los alquileres de campos. De otro lado, suena ‘inoportuna’ para empezar una renegociación de deuda con los grupos financieros.

Alguien ha querido aquí patear el tablero – o Kicillof, disconforme con el gabinete económico que ha prevalecido, o AF, más disconforme aun con lo que interpretaría como desestabilizador en vísperas de la llegada del FMI. Es cierto que no es el peronismo, sino el macrismo, mayoría en esa cámara, quien no dio quórum para el tratamiento del proyecto, y es cierto también que los macristas quieren hacer sonar su resentimiento por no recibir los cargos públicos que creen merecer. Pero no se habrían atrevido a detonar esta crisis sin el guiño de los intendentes pejotistas o de la Casa Rosada, que aún no abrió la boca. Los Fernández enfrentan dos reveses tempranísimos: una rebelión popular y una fractura política.

Pacto Social

¿Hay algo en este mundo que no pueda ser remediado por un ‘pacto social’? Es lo que asegura la literatura oficial, que ve en ese pacto y en un Consejo que lo administre la vigencia de la principal de las ‘veinte verdades’: la colaboración de clases. Una parva de economistas le atribuye la capacidad de detener la escalada de los precios y conquistar “la desindexación” de la economía. Mendoza y el Senado bonaerense apuntan a lo contrario. El blindaje de los poderes de emergencia y del ‘pacto social’, focalizan toda la crisis en el poder político y en el Ejecutivo. Una caracterización de la situación política procura integrar el conjunto de sus contradicciones, no puede ser sustituida por el denuncismo de cada medida de la política oficial por separado.

Los Fernández pretenden inaugurar el Consejo nacional antes de que se conozca el golpe de gracia que prepara para el sistema previsional, cuando anuncien una suma fija para quienes ganan por encima de la mínima, desindexando por esta vía las jubilaciones hasta su extinción. Esta es la batalla con que empieza 2020. La recepción de un salario al final de la vida laboral, similar al corriente, es un derecho que los Fernández quieren convertir en dádiva de un Estado para con “aquellos que menos tienen”. Un derecho significa una obligación impuesta al Estado y a las patronales por parte de los trabajadores. La clase capitalista, que obtiene sus ganancias por medio de la explotación de la fuerza de trabajo, quiere transformar esta dependencia suya de la clase obrera, en lo contrario: en la dependencia de esta de la limosna que provee el capital. No es solamente una pelea por ingresos – es una pelea por la posición que ocupa cada clase en la sociedad y en el desenlace de los antagonismos irreconciliables de esa sociedad. Los medios de comunicación ya han convertido a los que viven debajo del nivel de la pobreza – desocupados, trabajadores de salario básico, precarizados, jubilados -, en “vagos”, que viven a expensas de la sociedad, cuando es exactamente lo contrario: ‘la sociedad’ (capitalista) vive a costa de la pauperización creciente de la fuerza de trabajo.

La burocracia sindical, incluso la que se profesa combativa, ya ha declarado su apoyo a la liquidación, ahora definitiva, de la previsión social.

El verano debe convertirse en un campo de lucha política en torno a esta cuestión. Es la pelea que está a la orden del día en numerosos países.

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