Escriben Cecilia García y Lucas Benvenuto
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A una semana de la postergación del desalojo de la toma de Guernica, funcionarios de la provincia de Buenos Aires se hicieron presentes ante una asamblea de 300 familias. Allí estuvieron funcionarios de Desarrollo de la Comunidad, de la Subsecretaría de Economía Popular, de la Secretaria de Hábitat, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia y hasta del Ministerio de la Mujer.
Los funcionarios abrieron el debate diciendo que estaban en la toma para traer soluciones en función del “programa de hábitat de suelo y vivienda” que anunció Kicillof el mes pasado y que, en palabras de los propios funcionarios, se iba a empezar a ejecutar en Guernica, aunque Kicillof nunca lo hubiera mencionado.
Los funcionarios no tuvieron el menor empacho en señalar que “acá había vecinos que vinieron a tomar tierras porque en sus casas no tenían contrapisos o les faltaban alguna terminación”, cosa que fue repudiado en forma unánime en la asamblea.
Los emisarios de Kicillof expusieron un “plan” de reubicación para las familias. Les dijeron a los vecinos que, el día anterior, les habían mostrado a las organizaciones sociales un plano general del distrito de Presidente Perón, donde se encontraban señalados los supuestos 3000 lotes donde los trabajadores podrían reubicarse en un futuro. Los vecinos insistieron en consultarles donde se ubicaban efectivamente esos lotes, sobre qué calles en concreto, pero no fue respondido por los funcionarios de Kicillof.
Bajo el velo de que “esto se tiene que solucionar de manera pacífica” -el juez fijó el 14 de octubre para el operativo de desalojo policial-, una vez más el gobierno de Kicillof no ha hecho ninguna propuesta en concreto a las 2.500 familias. Lo “no pacífico” es que las familias negocien sus derechos bajo la amenaza permanente de un desalojo por la fuerza represiva del Estado. Las preguntas de los vecinos no cesaron ante la falta de respuestas concretas, pero los funcionarios no tuvieron el menor empacho en decirles a los vecinos de “que no entendían la propuesta del gobierno y era en vano seguir con esta negociación”.
Luego de la huida de los funcionarios, un vecino señaló claramente: “nosotros acá tenemos la tierra y estamos todos unidos, nadie se va a ir sin que todos juntos peleemos sin dar ningún paso atrás. Vamos a pelear por las tierras de Guernica. ¡De acá no se va nadie!” La asamblea rompió en aplausos. Como señalaron los vecinos, muy correctamente: “ellos quieren que nosotros salgamos de acá y que cada familia se vaya ubicando a lo largo del tiempo, de aproximadamente 6 meses, sin saber realmente donde nos van a reubicar. Tiraron un mapa como cuando vino Colón con los espejitos de colores”.
El gobierno ha usado estos días para seguir avanzando en las maniobras de desgaste y división de los vecinos. Esta semana, una patrulla de cuatriciclos recorrió el terreno amedrentando a los ocupantes. Asimismo, la intendenta Blanca Cantero declaró en medios locales “que no habrá casas para los que están en la toma de terrenos” y que “cada intendente se deberá hacer cargo de los vecinos que ocuparon las tierras del distrito”.
En este contexto, hay organizaciones sociales que defienden un proyecto que ya ha sido acercado a la gobernación. Dicho proyecto propone que los terrenos que corresponden a los barrios 20 de Julio y San Martín sean adquiridos por el Estado, ya que no se ha podido demostrar la titularidad de dichos terrenos, y la "cesión" del 10% de los terrenos que corresponden al emprendimiento inmobiliario "El Bellaco" y el Club San Cirano, donde ahora se encuentran instalados los barrios La Lucha y La Unión. Esto, dicen, se condice con la ley de barrios privados. Sin embargo, lo que la ley dice es que el 10 por ciento de los terrenos deben cederse para zonas recreativas, no para viviendas. Por otro lado, se desconoce el impacto ambiental que tendrá la construcción de este emprendimiento inmobiliario, no ya sobre la toma sino sobre todos los barrios aledaños. Ninguna propuesta de solución puede ser decidida a espalda de los vecinos, debe ser la asamblea general soberana la que defina cada una de las acciones a seguir incluyendo cualquier tipo de urbanización.
Movilicémonos el jueves 8 de octubre a la gobernación, en la Plata en Capital Federal con el EMVJ a Plaza de mayo y organicemos la solidaridad alrededor de la Toma de Guernica para el día 14.
No al desalojo. Por el derecho a la tierra y la vivienda.