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Desde hace cuarenta días permanece detenido Raúl Castells en prisión domiciliaria. La fiscalía lo acusa de coacción agravada, un delito por el cual, según el Código Penal, prevé penas de entre cinco y quince años de prisión (Art 142 Bis).
Castells está acusado por apoyar la lucha de los trabajadores municipales de Sáenz Peña. Cansados de los salarios de hambre, con básicos que van entre los 4.500 y 10.000 pesos, los trabajadores del municipio se autoconvocaron en el corralón municipal para reclamarle al intendente Bruno Cipollini urgentes mejoras salariales.
La acción consistió en una medida de fuerza que duró 48 horas e incluía el bloqueo de los portones de salida del corralón. Castells y su organización apoyaban el conflicto y ayudaban en el armado de una lista opositora que el intendente y la burocracia del sindicato quieren a toda costa desmantelar.
La prisión de Castells es aberrante. La fiscalía, para fundamentar su acusación, le atribuye no haber permitido que se atienda a enfermos del Covid recuerda su participación en otros conflictos, a los que califica de “antecedentes violentos” suyos y de su organización. La pena que pide es equivalente a la que se aplicaría en caso de una toma de rehenes.
El fiscal Marcelo Soto, quien ordenó el desalojo que derivó en las detenciones de Castells y sus compañeros Juan Martínez y Ana María Fernández, estableció como prueba del “delito” el secuestro de pancartas, colchones y cubiertas en el patio del corralón.
Repudiamos la detención de Raúl, de la que no son ajenos Cipollini, intendente de Sáenz Peña, y el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich.
Castells es hoy un rehén del gobierno provincial. Cuarenta días de prisión por apoyar una lucha obrera no puede ser permitido por las organizaciones políticas gremiales sociales y los derechos humanos. Impulsemos juntos una campaña nacional por su libertad.
