Perotti en emergencia

El gobernador santafesino envió a la legislatura un paquete de leyes por las cuales la provincia quedaría adherida al “Consenso Fiscal” que Alberto Fernández firmó con el resto de los gobernadores; declara ocho emergencias y una reforma impositiva para que “paguen más los que más tienen”.

El fundamento del paquete es paliar un déficit fiscal que en potencia supera los 40 mil millones de pesos. El oficialismo no tuvo problemas para aprobar la adhesión al Consenso Fiscal ni la reforma impositiva, que salió con cambios menores. No corrió la misma suerte la megaley de Emergencias que fue rechazada por la oposición, comandada por el ex gobernador Lifschitz.

Las ocho emergencias buscaban darle poderes especiales a Perotti para mover a discreción los presupuestos de las diferentes carteras y cancelar licitaciones (paralización) de la obra pública y para hacer frente a los compromisos de deuda de la provincia mediante nuevos endeudamientos (el proyecto preveía la habilitación de un endeudamiento de 15 mil millones de pesos). Por medio de la negativa, el Frente Progresista busca condicionar y colocarse como árbitro de los planes del oficialismo para negociar mejor la composición de los presupuestos. Al igual que en Buenos Aires está en juego la alícuota del impuesto rural, sin que haya cambios en la valuación fiscal de las propiedades. Para lo relativo a los salarios y jubilaciones estatales, Perotti no necesita superpoderes ni los socialistas cacarean tanto: diciembre será la última vez que se active (2 meses atrasados) la cláusula gatillo, un paso más en la “desindexación” de los salarios y las jubilaciones, y el cronograma de pagos se extenderá hasta mediados de enero, una situación.

Reforma impositiva

La reforma impositiva aumenta las alícuotas para la patente y los inmobiliarios urbano y rural. La suba del “API” habrá que sumarlo a la suba de los inmobiliarios que se están votando en los concejos municipales.

Los compromisos de la deuda de la provincia y el déficit fiscal empujan a Perotti a tener que gravar a los capitalistas que se habían beneficiado por la baja de impuestos del Pacto Fiscal macrista. Aunque visto de cerca los aumentos no son significativos, la reforma impositiva aprobada por la legislatura abre un posible escenario de crisis del gobierno con las patronales que presionarán, como hasta ahora, por medio de despidos (encubiertos en retiros voluntarios o no) y suspensiones. La nueva legislación sube a 2% el impuesto a los ingresos brutos a las cerealeras – que pagan este impuesto sólo por lo que facturan en concepto de transformación de granos y no en base a su ganancia ‘bruta’, contados los ingresos a la exportación. Con respecto a los bancos se elimina la progresividad y se iguala en 7% el gravamen para todas las entidades financieras.

El paquete de leyes va en la misma línea fiscal del gobierno nacional. Mientras el anterior Pacto Fiscal firmado con Macri habilitaba a una baja enorme de los impuestos a los capitalistas de la provincia, el nuevo “Consenso” significa el financiamiento de las arcas estatales a partir de impuestazos, la pérdida de salarios y jubilaciones y la privatización de patrimonio provincial.

Hay que agitar entre los trabajadores

Santa Fe lleva dos años ininterrumpidos de caída industrial. Lo hecho hasta acá es presentado en nombre de la “reactivación productiva”. Un aumento general de impuestos no puede tener, sin embargo, un impacto reactivador. La transferencia hacia los precios va a presionar sobre la inflación.

El gobierno decidió pasarles a los trabajadores su disputa con el Frente Progresista por la Ley de Emergencia anunciando que “sin emergencia no hay salario”. Sin embargo, si la recesión no cesa, los capitalistas seguirán con despidos, suspensiones y retiros voluntarios.

Frente a esto, llamamos a convocar a asambleas para deliberar sobre la perspectiva de crisis aun mayor que se va desenvolviendo. De nuestra parte iniciaremos una campaña de debates y plenarios para la mejor preparación posible para la situación que se avecina: acentuación de la crisis política, de un lado, y las luchas por el trabajo, los salarios y las paritarias, por el otro.