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Tras el fracaso del oficialismo por la aprobación del paquete impositivo en la Legislatura bonaerense, Kicillof recibió a 60 intendentes opositores, los cuales ya aplicaron un impuestazo del ABL por encima del 60% en sus distritos (llegando hasta el 150% en Pergamino). La reunión tuvo el objetivo de “limar asperezas”, referidas en su mayoría al aumento del 75% del impuesto inmobiliario rural, previo a las sesiones que serían entre el 6 y 7 de enero.
El oficialismo está haciendo un esfuerzo en reunir al cónclave de propios y ajenos para lo que va a ser un eslabón fundamental en la negociación de FyF con el FMI. Se trata ni más ni menos que la aprobación del paquete fiscal “de déficit cero” del distrito con el mayor presupuesto del país. Es por esto, que Kicillof no tiene en su órbita la reactivación de los parques industriales, las papeleras cerradas o las obras públicas contra inundaciones o redes de agua y cloacas en los municipios.
La ley fiscal prevé recaudar 30.000 millones de pesos más para este año (4% del presupuesto), en un cuadro de recesión industrial que raja las paredes. ¿La Ley Fiscal podrá sentar las bases para hacer frente al pago de la deuda local por un equivalente a 11.263 millones de dólares – el 84% del PBI? La crisis en torno al presupuesto bonaerense forma parte, junto con la reforma jubilatoria, de las condiciones para renegociar la deuda con el FMI.
La crisis desatada con los terratenientes y los pooles de siembra es alrededor de la “progresividad” del proyecto: son los propietarios de inmuebles rurales de más de 2.000 hectáreas y con un valor fiscal de más de 3 millones de pesos los que pagarían el aumento del 75%. Para el resto de las propiedades, el aumento iría desde un 15% al 60%. A esto se suma una suba modesta de la valuación fiscal de la tierra, largamente alejada de la inflación de precios de los últimos cuatro años. El otro punto en discordia con los intendentes es un porcentaje que la provincia intenta quedarse por el pago de patentes (cerca de un 20%) y que actualmente iba directo a los municipios.
Intendentes de Bahía Blanca, Mar del Plata y Necochea pusieron el grito en el cielo, ya que la ley impositiva prevé un incremento de US$100 millones a las actividades portuarias ligadas al agro, que las dejarían con “menor capacidad competitiva” con relación a puertos de otras provincias, como los de Santa Fe y Río Negro.
En líneas generales, el “paquetazo fiscal” no toca las estructuras de recaudación implementadas por Vidal. En los inmuebles urbanos el tope máximo del aumento alcanza a las propiedades con una valuación fiscal superior a los 680.877 pesos (2.500.000 inmuebles), que recae sobre la vivienda de los trabajadores, sean propietarios o inquilinos.
El paquetazo no recibió el quórum de la mayoría de Cambiemos en el Senado, que no admite un régimen progresivo de impuestos, por modesto que sea. Los ‘vaticanos’ que lidera Grabois rechazan, en cambio, la mediocridad de esa progresividad. Kicillof se quedaría sin Presupuesto si no recula, lo que desataría una crisis política de alcance nacional. Pero por el mismo motivo tampoco cuenta con el apoyo de los intendentes del PJ-K bonaerense, que a su vez reclaman, como también los de Cambiemos, cargos en la administración de empresas y bancos del estado. El conflicto desatado con el intendente Ishii, de José C. Paz, por ejemplo, responde a una disputa por el control del Ceamse, la empresa estatal que gestiona los residuos sólidos urbanos de la provincia, una verdadera caja negra de la tercera sección.
La falta de quórum para tratar la Ley Impositiva 2020 puso de relieve también los choques internos que atraviesa Cambiemos.
Recule
Desde el entorno de Kicillof ya se ha anunciado que el gobernador reculará en el tema en disputa. No sería una capitulación personal solamente sino una exigencia del gobierno nacional, que asiste a una ola de crisis provinciales sin precedentes, al menos tres semanas después de la formación del gobierno. La división de Cambiemos será utilizada para consagrar una mayoría en el Senado, formada por el FdeT y JpC. Las contorsiones de los partidos patronales no tienen límites a la hora de afrontar una crisis de gobierno. Esto demuestra, al mismo tiempo, que ni el ‘albertismo’ como los K o los camporistas y vaticanos más extremos, reúnen las condiciones para llevar adelante una salida nacional y popular.