Una gran campaña de desinformación del gobierno y los medios sobre el acceso a la vacuna contra el covid-19

Escribe Jorge Altamira

Necesitamos saber de qué se trata.

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Como al pasar, Cecilia Todesca, le dijo el domingo a La Nación que el ajuste presupuestario que el gobierno tiene decidido para el año que viene tiene el sustento de la eliminación de los subsidios por la pandemia, debido a la aparición de ´la vacuna´. En otro artículo de fondo del mismo diario se aventura la posibilidad de que el gobierno gane fuerza en 2021 por el mismo motivo – una población vacunada, gracias a diversos contratos de provisión que fueron firmados por éste.

Los rescatistas en danza son la Sputnik 5, de los laboratorios rusos, y la que se encuentra en la fase 3 de prueba, de AstraZeneca-Oxford, aunque se sugieren otros convenios, por ejemplo, con Pfizer y Johnson and Johnson. La vacuna será además gratuita y Argentina la tendrá antes de marzo próximo. En 2021, la población tendría asegurado un otoño-invierno benigno.

La impugnación de la vacuna rusa ya fue realizada por los medios opositores, que exhiben una falta suficiente de testeos. Ocultan, sin embargo, que está insuficiencia alcanza a todas las vacunas en elaboración, que solamente podrán ser aprobadas en carácter de “emergencia”. Ocurre que la validación de una vacuna puede llevar hasta dos o más años, algo que en esta ocasión se abrevia debido a la virulencia de la pandemia. Ninguna publicación ha podido asegurar el tiempo de inmunidad de la vacuna, ni el número de dosis a aplicar. De modo que un dato tan elemental como la determinación de la demanda potencial de la medicina es desconocido. De acuerdo a cálculos del Credit Suisse y de Morgan Stanley, considerados conservadores, el mercado anual de la vacuna será de u$s10 mil millones. Un bocado de cardenal.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud advierte que “los modelos corrientes prevén que no habrá vacunas suficientes para cubrir al conjunto de la población mundial hasta 2024”. Añade que “3.8 miles de millones de dosis ya se encuentran comprometidas, otras 5 mil millones en negociación”. Concluye que la parte de la torta para los llamados países pobres será mínima. Agrega que estos países carecen de la infraestructura necesaria para su recepción, como cadenas de frío e incluso agujas. Para ilustrar la tendencia al acaparamiento de vacunas, menciona que Canadá ya firmó contratos por una cantidad que supera en cinco veces a su población. Señala también que AstraZeneca ha asegurado contratos en el mayor número posible de países para una misma fecha. No es la salud lo que motiva estos apresuramientos, es el lucro. AstraZeneca ha incumplido el compromiso, firmado en mayo pasado, de 30 millones de vacunas para Gran Bretaña en septiembre último. Es posible anticipar, con certeza, de que lo mismo ocurrirá con Argentina, aunque en este caso la promesa de tener las dosis al fin del verano sólo la han hecho Alberto Fernández y Ginés Gonzalez. Lo que el gobierno ha firmado son solamente “cartas de intención”, aunque para eso primero necesitó que el Congreso le vote la inmunidad penal de los inmunizadores, ya que los eventuales damnificados deberán apelar por cualquier inconveniente a las jurisdicciones de las compañías y, en caso de obtener reparaciones, la carga será en parte del estado – como en el fallo Badaro para los jubilados.

El compromiso de AstraZeneca de ofrecer “en perpetuidad” la vacuna a los ´países pobres´ en forma gratuita “mientras dure la pandemia”, dejó al desnudo un punto nodal – que la declaración del fin de la pandemia la hace la compañía, que ya anticipó que será en julio próximo. El costo de producción de la dosis no es de cuatro dólares, como dice el albertismo, sino de veinte, sobre el cual se aplica una tasa de beneficio del 20 por ciento. Los costos vinculados, dicen los ejecutivos del pulpo, son elevados, de modo que ese costo es solamente provisional. “A pesar del palabrerío acerca de que se trata de un ´bien público´, Médicos sin Fronteras asegura que el precio lo determinarán las famacéuticas. La norteamericana Moderna ya recibió mil millones de dólares, que contabilizará a lo largo de diez años como “cargo diferido”. Es el mayor beneficio de la historia de la compañía, que ha tenido una seguidilla de años de pérdidas. AstraZeneca también recibió esa suma de parte de EEUU, que no sería el único financista de ella. Cualquiera puede darse cuenta de que el mundo asiste a una rivalidad comercial sin precedentes sobre las espaldas de la salud de la población.

Alberto Fernández ha dicho públicamente que ya tiene firmados los contratos con AstraZeneca, que proveerá la tecnología al grupo argentino Sigman-Manzur, para que envíe el material para la manufactura masiva a México. En realidad, “los contratos son confidenciales", informa el Financial Times, los de AstraZeneca están cubiertos por el secreto. Si la carta de intención fue firmada, no por eso el gobierno nos ha contado sus términos. Ya sabemos que la vacuna no estará en febrero o marzo sino con suerte en julio-agosto, es decir que disemina la desinformación.

Para diversos científicos, citados por la prensa internacional, el coronavirus podría convertirse en endémico. Esta posibilidad representa un desafío enorme para el sistema de salud, pero no sabemos qué piensa discutir sobre esto el gobierno con el FMI – para decirlo con una pizca de ironía. Es clara la necesidad de revolucionar el sistema de salud, que se convertirá en una carga mucho más pesada para el bolsillo de los trabajadores. Nadie debate, sin embargo, entre oficialistas y opositores sobre esto, ni qué decir de nacionalizar el sistema desde las farmacéuticas hasta las clínicas, además de impulsar los sistemas de investigación por medio de las universidades, que deberán ser enteramente públicas. Un adversario dirá que el régimen actual, o sea el estado capitalista, no tiene aguante para tanto, lo cual es un poderoso motivo para derribarlo en nombre del socialismo.

Se dice en varios medios que la aprobación oficial de la vacuna llevará un mes, para su posterior aplicación. No es lo que piensa Pfizer, que espera un veredicto de los reguladores de salud para julio 2021. La lucha despiadada que hubo en su momento por los barbijos, máscaras y respiradores, se encuentra en curso con la vacuna. La rivalidad económica y política, inherente al capitalismo, es una amenaza a la salud. Mientras Liverpool anuncia una ocupación hospitalaria mayor al 90% y la pandemia se encuentra fuera de control de Estados Unidos, es claro que la vida es demasiado preciosa para dejarla en manos del capital.

Que se hagan públicos los convenios provisorios y las cartas de intención. Por el control de la gestión de la salud por parte de los trabajadores.

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