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El Tribunal de Casación Penal bonaerense declaró prescripta la causa contra los sacerdotes Nicola Corradi y Eliseo Primati y al profesor Jorge Britez, denunciados por abuso sexual, violencia física y sometimiento de al menos cinco niños hipoacúsicos que se encontraban internados en el Instituto Próvolo de La Plata.
La investigación se inició en 2016 cuando se descubrió, luego de la detención de los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, condenados a 45 y 42 años de prisión respectivamente –siendo una de las más altas condenas en la historia a miembros del clero, gracias a la lucha de sobrevivientes y familiares- por abusar sexualmente niños hipoacúsicos en el Próvolo de Mendoza, que estos también habían realizado tareas en la sede del Instituto ubicada en la capital bonaerense. Corradi, quien fuera la máxima autoridad de Próvolo de 1970 a 1997, se supo también luego que había sido denunciado en Italia por casos similares, antes de su ´traslado´ a Mendoza. En este fallo también fue condenado a 18 años de prisión el jardinero Gómez y aún queda pendiente la sentencia para las monjas Kosaka y Martínez, y otras siete mujeres acusadas por abuso y entrega de menores, quienes piden la nulidad del juicio.
En cuanto al Provolo de La Plata, el sacerdote Primati había sido imputado por al menos tres hechos de abuso sexual agravado por su condición de culto religioso, exhibiciones obscenas y promoción de facilitación de la corrupción de menores agravada. Mientras que Britez, el profesor, por abuso sexual simple agravado por su condición de educador, al menos cinco hechos de abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado y corrupción de menores agravada por la edad de la víctima y por el medio comisivo. Los hechos ocurrieron entre 1982 y 1991. Según la investigación a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, en el Instituto Próvolo de La Plata existió una “inusitada violencia desplegada para su comisión que en nada la distingue de la aplicación de tormentos e imposición de torturas”.
Crimen sollicitationis
Históricamente la Iglesia Católica ha tenido una política explícita de encubrimiento para mantener sus crímenes bajo la sotana. Desde 1962, el Vaticano cuenta con un protocolo interno llamado “Crimen Sollicitationis” o “delito de solicitación” para actuar en casos de abuso por parte de curas. Este protocolo establecía que si la victima denunciaba, el obispo indemnizaba a la familia y se firmaba un documento de confidencialidad para mantener el caso oculto (iuramentum de secreto servando). En cuanto al cura abusador, éste era trasladado a otro país o a otras diócesis, donde seguía actuando con impunidad con la complicidad judicial, política y eclesiástica. Es por eso que Nicola Corradi llegó al Próvolo de Mendoza luego de haber sido denunciado en Italia.
Actualmente, a partir de distintas presiones internacionales y cada vez más denuncias, el nombre fue modificado a “Delictis gravioribus” pero los protocolos de cómo actuar siguen vigentes, con el fin no sólo de debilitar a la víctima que no recibe ningún acompañamiento sino también de ganar tiempo para llegar a la prescripción de la causa.
La impunidad de los curas abusadores no sería posible, por otro lado, sin la complicidad del poder político. En el caso del Próvolo, la municipalidad de Mendoza compró de manera fraudulenta el inmueble del Instituto y el Estado ´ignoró´ el traslado a Italia de dos de los curas abusadores. El ex arzobispo de La Plata Héctor Aguer salió en defensa de los acusados, mientras que el papa Francisco se negó a recibir a las víctimas y familiares quienes le solicitaron una audiencia pública a principios de este año, como tampoco había recibido a las víctimas de Grassi. Una red de encubrimientos e impunidad que no tiene fin.
En este cuadro, el Colectivo para la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo, amigos y familiares de las víctimas, repudian el dictamen del Tribunal de Casación y piden que se difunda el pedido de reapertura de la causa: “Los abusos y tortura no prescriben, el daño es irreparable, la Justicia es urgente. Exigimos juicio a los abusadores y torturadores: Corradi, Primati y Britez”.
Acompañemos la histórica lucha de los sobrevivientes contra el encubrimiento y la connivencia del Estado, la Iglesia y el Poder Judicial. Por la justicia y la ejecución de todas las condenas pendientes; cárcel a todos los culpables. ¡No a la prescripción! #ElPróvoloNoPrescribe
Por la separación de la Iglesia del Estado.
