Escribe Iván Marín
Una rebelión popular en ciernes
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El gobernador Mariano Arcioni blanqueó la última de sus cartas para intentar avanzar con la megaminería. Lo hizo en una videoconferencia donde presentó el Plan Productivo de la Meseta del Chubut, acompañado por 120 participantes, entre los que se encontraron el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, e intendentes de la región. En la reunión se proyectó un video con el testimonio del presidente Alberto Fernández arengando en favor de la megaminería. El susodicho “Plan” no es otra cosa que el archi conocido proyecto de zonificación minera, derrotado en varias oportunidades por la movilización del pueblo chubutense en las calles. La novedad de este nuevo capítulo en la lucha es que se desarrolla en una provincia con el Estado en bancarrota por el pago de la deuda a los acreedores internacionales, la deuda de varias masas salariales a los trabajadores y el colapso sanitario por el coronavirus.
Se sabe que una vez fallecido el exgobernador Mario das Neves, asumió Arcioni para profundizar el ajuste, lo que llevó a que se desarrollara un proceso de rebeliones populares en toda la provincia que, con sus diferentes ritmos, lleva aproximadamente tres años. Arcioni en octubre de 2017 había centrado su campaña electoral hacia el parlamento nacional en la oposición terminante a la megaminería, sin embargo a principios de diciembre de ese año ya se encontró reuniéndose en forma secreta con Pan American Silver, según la propia empresa informó a los vecinos de la meseta en un documento que todos los medios de comunicación del lobby minero evitaron difundir.
El proceso de endeudamiento llevado adelante por las distintas gestiones al frente del Ejecutivo lleva alrededor de una década pero pegó un salto en 2016 cuando Das Neves tomó préstamos por 700 millones de dólares, cuyo monto final ascendía a cerca de los 1100 millones, teniendo en cuenta los intereses. Los acreedores se aseguraron una garantía que erigió sobre la provincia un régimen colonial: las devengación automática de las regalías petroleras para el cumplimiento de las cuotas a cobrar. En los últimos días trascendió la renegociación de la deuda que lleva adelante el ministerio de Economía con los acreedores, luego de que haya sido habilitado por el conjunto de la Legislatura provincial para llevarla adelante. Al respecto el gobierno anunció un ahorro de 168,4 millones de dólares hasta 2023, fecha en que termina el último mandato de Arcioni y el aumento del plazo para terminar con la deuda, que pasa de 2026 a 2030. A cambio de ello, los intereses suben de manera exponencial y todas las regalías petroleras pasarán a ser parte de las garantías. “Hasta la actualidad sólo estaban ´cedidas` las que paga Pan American Energy por la explotación de Cerro Dragón -el mayor yacimiento petrolero del país- y algunos otros de menor cuantía. Ahora se sumarían las regalías que pagan mensualmente YPF; CAPSA; Capetrol; Petrobras; Tecpetrol; Enap Sipetrol y CAPEX”, informa El Extremo Sur. En realidad, esas regalías están comprometidas para el pago de otro bono que vence el año próximo. A todo ello se agrega que por el solo hecho de llegar a un acuerdo, los bonistas percibirán inmediatamente 3 millones de dólares.
El proceso de resistencia en las calles a las políticas de ajuste del gobierno provincial, que incluyó cortes de rutas, ocupaciones de delegaciones estatales, represiones y enfrentamientos con la policía en varias oportunidades y numerosas puebladas, ha sido bautizado por sus propios protagonistas como “Chubutazo”, en referencia a un proceso de similares características en 1990, que se llevó puesto al entonces gobernador pejotista Néstor Perl. Una de las mayores diferencias con aquel período es que la clase obrera se encontraba en una situación de pérdidas de conquistas generalizada en el mundo entero. Son los años en que se produce la restauración capitalista en la exURSS y la consolidación de lo que se conoció como “neoliberalismo”. Hoy transitamos otra situación: una crisis histórica del capitalismo transformada en crisis humanitaria por las catástrofes ambientales en curso y los estragos causados por la pandemia del coronavirus. En ese escenario transcurren (y transcurrieron antes de la pandemia) distintas rebeliones populares en todos los continentes, desde la potencia más poderosa del mundo, como lo es Estados Unidos, pasando por Chile, Perú, Colombia, Francia, entre otros ejemplos.
En nuestro país la ocupación de miles de familias trabajadoras sin techo de los predios de Guernica, reprimidas y desalojadas por el gobierno de Axel Kicillof, volvió a poner en escena una de las principales debilidades estructurales del capitalismo en Argentina: el problema del acceso a la vivienda y a la tierra. Ocurrió cuando el coronavirus puso al desnudo la precariedad del sistema sanitario en todo el territorio. Con ese telón de fondo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández se apresta a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un acuerdo que apunta a profundizar el ajuste brutal que ya sufren los bolsillos obreros en nuestro país: nueva contrarreforma previsional y otras medidas contra los derechos de los trabajadores, mientras las presiones para formalizar la devaluación en curso son cada vez mayores, con índices inflacionarios que van muy por detrás de los “aumentos” logrados por las burocracias sindicales.
Suponer que la rebelión a desatarse en el momento en que se trate el proyecto de zonificación minera en Legislatura tiene como única causa la defensa del agua y la vida, es decir del medio ambiente, es no entender el carácter histórico de la crisis en curso. No estamos ante la inminencia de un “Chubutaguazo”, como pretenden despolitizar al movimiento de lucha algunos sectores marginales. El intento de avanzar con la megaminería está sólidamente intrincado con la llamada “Reestructuración del Estado” ordenada por el gobierno nacional, es decir un ajuste fenomenal que apunta no solo a descargar la crisis sobre el pueblo trabajador, sino a un nuevo reordenamiento social de pérdidas de conquistas y derechos. Nada demostró que la correlación de fuerzas esté a favor del Gobierno para implementar esta orientación. Por el contrario, su debilidad política ha quedado plasmada en cada intento por avanzar. Ya ocurrió a comienzos de año. Su continuidad al frente del Ejecutivo provincial será puesta en cuestión por enésima vez en tres años, con el aliciente de que cada vez las burocracias sindicales y el PJ-kirchnerismo tienen menos margen para sostener su “gobernabilidad”. Las movilizaciones en las últimas semanas se desarrollaron en toda la provincia y pegarán un salto en los próximos días, si la Legislatura intenta avanzar con el proyecto.
Las Asambleas Intehospitalarias de Coordillera, los Plenarios Provinciales de Delegados Docentes, las incipientes asambleas intersectoriales autoconvocadas que se han registrado en los últimos años marcan el camino para la coordinación democrática de las luchas. En todas las localidades hay que apuntar a realizar asambleas populares masivas de miles de personas para deliberar planes de luchas y respetar las decisiones que allí se voten. Este es el método que debemos contraponer los trabajadores a las burocracias sindicales cuya intervención hasta el momento ha sido con el objetivo de contener, bloquear y desviar cualquier intervención independiente de las masas respecto de los partidos patronales y pequeño burgueses de la zona. La lucha en curso es contra la megaminería y el ajuste y eso debe estar plasmado en un programa concreto:
¡No al pago de la deuda! ¡Reestatización bajo gestión obrera de los recursos naturales! ¡Pago en tiempo y forma a los trabajadores estatales! ¡Paritarias 2020 ya! ¡Por un plan de obras públicas! ¡Vivienda y trabajo para todos! ¡Por un Congreso Provincial de Delegados de Base! ¡Por la coordinación de todas las luchas! ¡Huelga general en defensa de las conquistas obreras y del medio ambiente! ¡Por Asambleas populares contra la megaminería y el ajuste! ¡Fuera Arcioni!
Foto: LUAN-Colectiva de Acción Fotográfica