Abajo la ofensiva clerical, el derecho al aborto lo arrancamos y defendemos en las calles

El proyecto de interrupción legal embarazo (IVE) del Ejecutivo nacional se votaría el Diputados el 10 de diciembre, último día de sesiones ordinarias. Entre el 1 y el 3 hablarán 50 expositores, 25 a favor y 25 en contra. El viernes votarían los diputados de las cuatro comisiones involucradas, que pueden introducir modificaciones. Todos coinciden en que la votación de Diputados será el 10 de diciembre. Dicho de este modo, parece que el proyecto de Alberto Fernández-Vilma Ibarra, saldrá con fritas. Habrá que verlo.

Los celestes en pie de guerra

A pesar de las especulaciones de que Bergoglio se mantendría al margen y hablaría solo por boca de los obispos (LN, 10/11), la semana pasada el Papa mandó una cartita comparando a los médicos que practican abortos con sicarios. Los diputados celestes -tanto oficialistas como opositores- hicieron saber en las redes sociales su malestar por lo que llaman un “tratamiento express”, como si ya no hubiera insumido meses de debate hace solo dos años.

Este sábado 28 hay un acto en el Congreso y en 28 ciudades del país, fogoneadas en siniestra coyunda por las iglesias Católica y Evangélica, a veces disfrazadas de organizaciones civiles. "La mayoría celeste ya dijo que no y volverá a decir que no. En cada plaza, parque, barrio y sin pausa. Es tiempo de unir y proteger la vida de todos los argentinos”, amenazó la bolsonarista Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera). El Episcopado convocó en la misma línea.

Sin embargo, el problema no es ese. Más allá de sus bravuconadas contra las mujeres, sostenidas por los dineros públicos que les cede el Estado, la derecha religiosa fracasó hace dos años en lograr una movilización importante contra el aborto legal. Por el contrario, muchas escuelas católicas vivieron una rebelión de sus alumnas y alumnos.

El único problema grave es la parálisis deliberada de las direcciones kirchneristas y filokirchneristas en el movimiento de mujeres. Este mes hubo tres actividades tímidamente difundidas de la Campaña por el Aborto Legal, y sin embargo la caravana del 4 de noviembre fue muy importante. Las mujeres respondieron al llamado, no es esa la cuestión.

La cuestión es que las direcciones subordinadas al gobierno nacional mandaron al archivo de manera inconsulta el proyecto de la Campaña, que es el proyecto amasado por el movimiento de mujeres durante tres décadas para que lograr una ley sin zancadillas para que, una vez aprobada, sea cumplida. Ni siquiera se sabe quiénes son los 25 oradores “a favor”.

Defienden el proyecto de Fernández porque, dicen, es una conquista, así como está. Como si no supieran que ni siquiera esta propuesta, que aloja concesiones de principios, como la ‘objeción de conciencia, no estuviera sujeta a otras concesiones, que serán justificadas mentirosamente con el argumento de obtener los votos para una aprobación.

Que el proyecto de Fernández es una conquista, es un concepto peligroso y, en si mismo, una concesión política perjudicial. Algo similar se dijo de la habilitación del debate que produjo Macri. Pretende inspirar confianza en un gobierno que condiciona todas sus decisiones a la habilitación de un nuevo pacto colonial con el FMI. La única conquista real es profundizar la movilización, mediante la presencia de las trabajadoras, como se manifiesta en todos los órdenes de la vida nacional -la salud, la educación, las barriadas, la defensa del medio ambiente, la lucha contra la violencia policial.

La objeción de conciencia es un arma que se otorga al clericalismo para convertir el ejercicio de ese derecho en un tormento para las mujeres, en especial aquellas con menos recursos para imponer sus derechos. Es la experiencia de España, Italia, Portugal, Uruguay. La inscripción de este veto marca un retroceso entre lo que entró al Congreso hace dos años y lo que el auto mentado ‘nacionalismo democrático’ manda este año. Que la objeción de conciencia no sea institucional apunta sólo a que el proyecto no sea invalidado, antes de la discusión, como inconstitucional, y a sus autores eventuales como hipócritas. Las instituciones no tienen conciencia, solo se aplica a las personas. Las ‘instituciones’ ya se encargarán, por medio de la amenaza del despido, que los profesionales descubran una objeción que no tenían. ¿O no ocurre esto en los establecimientos de educación confesional, que discriminan y expulsan a los docentes laicos?

En los centros urbanos, por el carácter precario de muchos contratos, un jefe de servicio o un director de hospital provida no se privará de ejercer la presión necesaria para acosar los profesionales que sigan fieles al juramente hipocrático.

Ya orillando la farsa, el proyecto oficial delega en el médico objetor la responsabilidad de derivar a la paciente. Parece una broma. ¿Por qué alguien que piensa que un aborto es un asesinato, invitará a otro a cometerlo?

La penalización después de la semana 14, por atenuada que sea, también es una amenaza, y favorece bloqueos judiciales de todo tipo. La des-penalización consiste en dejar al código penal fuera de la determinación femenina.

Es indispensable ponerse en marcha para garantizar una ley en forma crítica, para que esta crítica sirva de arma ulterior para derrotar los abusos que la misma ley propicia. Llamamos a redactar una declaración de rechazo a la objeción de conciencia y un programa.

Convoquemos asambleas en todos los lugares de trabajo -virtuales o presenciales- que alerten de lo que se cocina a nuestras espaldas.

Exijamos que las comisiones internas, las juntas, los sindicatos, se pronuncien por un aborto legal, seguro y gratuito sin Objeción de Conciencia ni penalizaciones.

Llevemos a las organizaciones estudiantiles la misma demanda.

Sigamos el ejemplo de las mujeres de muchas barriadas que incluyen el derecho al aborto legal entre sus reclamos cotidianos al Estado, enfrentando el corsé de las organizaciones cooptadas por el gobierno.

Que de las asambleas surja la convocatoria a una gran movilización hacia el Congreso.

Nuestros compañeros deben involucrarse en esta causa. El protagonismo de las Comisiones Obreras fue decisivo para aprobar la legalización del aborto en España, un país donde hay más monjas que bares, según reza un dicho popular.

Llamamos a la Campaña por el Aborto Legal a defender su propio proyecto en las calles, con movilizaciones que custodien nuestros derechos.

¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir!

Ni un gramo de confianza en el gobierno ni en el Congreso.

Aborto legal, seguro y gratuito, ya.

Ni objeción de conciencia ni penalizaciones.

El aborto lo arrancamos en las calles.