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Los diputados de la Coalición Cívica anunciaron que presentarán un pedido de juicio político contra Cristina Fernández por sus críticas a la Corte Suprema. Le imputan el mal desempeño del cargo de Vicepresidente, que preside el cuerpo a cargo de enjuiciar constitucionalmente a los jueces de la Corte" [el Senado], señalaron los legisladores de la CC en un comunicado de prensa. Recordaron una carta pública de la semana pasada, en la que CFK acusó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dirigir “el proceso de lawfare” (guerra judicial) en su contra y al Poder Judicial de ser “ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno”. En un pronunciamiento común, Juntos por el Cambio condenó la carta de CFK como “un golpe contra nuestra Constitución”.
El kirchnerismo retrucó a los legisladores de la CC recordando los embates de Carrió contra el ex presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, a quien acusaba de “golpista” en épocas del gobierno Macri. En aquel entonces, Carrió llegó todavía más lejos que CFK ahora: pidió el juicio político contra Lorenzetti y lo denunció por enriquecimiento ilícito.
Boudou
CFK y AF denuncian que la Corte no entró en los contenidos de la condena de Boudou, sino que se limitó a declarar legítimo y correcto el proceso judicial por el caso Ciccone. Con ese procedimiento, la Corte evitó entrar en una polémica política catastrófica acerca de las “irregularidades” que el oficialismo advierte en el juzgamiento que llevó a la condena de Boudou. La Corte anticipa el método que usará cuando las sentencias judiciales contra CFK lleguen a los respectivos despachos del quintero cortesano, probablemente en el curso del año que viene. El gobierno ha convertido la ratificación de la condena a Boudou en “un caso líder”, exactamente lo que pretendía el Tribunal.
La salida a esta crisis tiene dividido al gobierno, entre quienes reclaman ampliar el número de integrantes de la Corte para conseguir una mayoría adicta, y quienes pretenden crear otro Tribunal, como ocurre en Brasil, para tratar los juicios penales, en última instancia. Para lo primero, el gobierno no tiene la mayoría necesaria en el Senado. Para lo segundo se necesita una reforma constitucional. El asunto se traslada a las elecciones de octubre, que deberán arbitrar entre la aspiración del gobierno a reforzar sus resultados de 2019, o lo contrario. En todo caso, CFK se encuentra protegida por los fueros hasta 2023, para cuando podría obtener una reforma de la Constitución o mayoría propia en el Tribunal Supremo. Lo que busca Carrió no es la destitución de la Vicepresidenta mediante un juicio político, algo imposible, sino convertir la guerra judicial en un eje fuerte del proceso electoral.
La crisis, en este estadio de su desarrollo, afecta el nombramiento del Jefe de los Fiscales, para el cual CFK quiere un kirchnerista juramentado. Es lo que piensa obtener con una ley que establezca mayoría simple para su designación por el Senado. Daniel Rafecas, el candidato de Alberto Fernández, debería esperar otra ocasión, dentro de más de cinco años. El macrismo no ha decidido aún si apelaría esa ley sobre el Procurador Fiscal, por inconstitucional, ante la misma Corte. La llamada ‘guerra judicial’ llevará a la tumba política a unos y otros, mientras la pobreza, la inflación y la crisis de salud envuelve a la masa del pueblo.
República
La reiterada afirmación de que la “división de poderes” sería la base de La República constituye una estafa política grosera. Esa ‘división’ ha sido consagrada para cercar, limitar y cancelar la soberanía popular, ya que la voluntad del pueblo puede ser cancelada por poderes del estado no electo, como el Judicial, o por el propio sistema representativo, que exige dos votaciones, por cada cámara, para cada ley, e incluso otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo, sea vía reglamentación, o vetos parciales y totales, y decretos ejecutivos o de urgencia. Un ‘poder’ ultra decisivo no tiene siquiera reconocimiento constitucional, el del Banco Central, que con emisiones monetarias o intervenciones cambiarias puede producir ataques gigantescos contra los ingresos de las mayorías. Lo que existe en el momento actual no es una República sino un estado de burócratas judiciales, administrativos, militares, policiales INAMOVIBLES, rodeados de representantes votados con mandato restringido, condicionado y circunstancial, que funciona como el palco de engaño político de la masa del pueblo.
El gobierno de los trabajadores colocará todo el poder político en manos de asambleas electas soberanas y revocables, y convertirá a la sanción de los conflictos de carácter no político en un servicio a cargo de personas con formación y experiencia, electas por el pueblo.
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