Tiempo de lectura: 3 minutos
La lectura de la “letra chica” del último discurso de la vicepresidenta dejó entrever varias otras cosas más allá de sus reclamos de blindaje judicial. Lo más jugoso se relaciona con el llamado “a repensar todo el sistema de salud en la Argentina para hacer un uso más eficiente de los recursos". Cristina volvió sobre la cuestión de los tres 'subsistemas' -hospitales públicos, obras sociales y prepagas-, para plantear un 'sistema nacional integrado'. La jefa del kirchnerismo asoció esa mención del sistema sanitario a la pandemia, anticipando que “no será la última”. Pero la conclusión elemental que dejó el Covid 19 es el pavoroso vaciamiento del sistema de salud, y la necesidad de un reforzamiento decisivo de los recursos, comenzando por el salario y el nombramiento de trabajadores, los cuales fueron exprimidos hasta el límite de sus fuerzas.
Por el contrario, la conclusión de CFK empalmó con la línea estratégica que los Estados capitalistas y el Banco Mundial promueven en materia sanitaria. La vice señaló que “Argentina es el país de América Latina que más invierte en salud” –se gasta “demasiado”, no demasiado poco. Sin decirlo, apuntó a lo que todos los gobiernos capitalistas vienen promoviendo - la supuesta racionalización
del gasto sanitario, que tiene dos líneas maestras: por un lado, el recorte de prestaciones; por el otro, la “integración” del sistema en términos de la subordinación del” d hospital pùblico a las necesidades del capital privado.
En lo que tiene que ver con el ajuste de las prestaciones, el plan oficial tiene un socio estratégico en la burocracia sindical, que quiere enjugar la quiebra de las obras sociales a costa de la salud de los afiliados. Por eso, y según relata la misma fuente, la cùpula de la CGT propondría una “canasta prestacional” que reemplace al Programa Médico Obligatorio (PMO), al cual los dirigentes acusan de generar un déficit de 1500 millones de pesos mensuales (La Nación, ). Para enjugar esas pérdidas, la nueva “canasta” debería incluir menos prestaciones que el actual PMO.
La burocracia sindical ha reforzado una asociación de intereses con los dueños de las prepagas, en la medida que muchas obras sociales han tercerizado en éstas últimas los servicios a sus afiliados. Ahora, ambas estarían reclamando que las prestaciones por discapacidad –que se financian con un fondo especial constituido con aportes de las obras sociales- pasen a ser costeados por el Tesoro Nacional. Con seguridad, este traspaso implicará también recortes.
El planteo de la “canasta prestacional” y el sistema sanitario “integral” promovido por Cristina, se parecen demasiado al plan pergeñado por el macrismo en 2017, para imponer una Cobertura Universal de Salud (CUS). El corazón de este planteo es limitar las prestaciones en el hospital público, que quedarían acotadas a un cierto número de consultas y prestaciones anuales. Cada persona sin cobertura de salud recibiría una chequera o voucher equivalente a las atenciones médicas previstas por la CUS, la cual se igualaría a las prestaciones sin cargo de las obras sociales o prepagas en sus planes o coberturas mínimas. La “integración” del sistema habilitará a los hospitales a recibir a pacientes de obras sociales con su respectiva chequera, algo que actualmente se encuentra restringido a las emergencias. El sistema “integrado” convierte al hospital pùblico en un apéndice de la salud privada. A su turno, se plantearía una competencia entre hospitales por la captura de la demanda, con sus consecuencias en términos de concentración general de la salud, de un lado, y sobre el régimen laboral, del otro. La “autogestión hospitalaria” ha sido promovida por las administraciones seudoprogresistas de todo el continente –no sorprende que Cristina Kirchner apunte ahora para el mismo lado. Ni qué decir que una “canasta” degradada y limitada de prestaciones es un ataque al derecho al aborto legal.
La instalación, en la postpandemia, de un planteo general de recorte sanitario, es reveladora de las tendencias mundiales en la materia. Mientras los expertos en salud recomiendan un salto sustantivo en el esfuerzo sanitario de los Estados, la tendencia que la OMS y el Banco Mundial propugnan es la de la “reasignación del gasto”, es decir, el financiamiento de los gastos pandémicos (vacunas por ejemplo) a costa de recortes en otras áreas. La medicina prepaga, que es a esta altura una derivación del capital financiero, ya se sirvió de la pandemia para avanzar en recortes sustanciales, por caso, el reemplazo de las consultas médicas presenciales por un régimen de consultas on line, que multiplica el “rendimiento” los profesionales de la salud.
Es revelador que Cristina Kirchner se haya encargado de tomar esta posta en la Argentina.C iertamente, la cuestión de sus salvoconductos judiciales sigue siendo prioritaria en sus cartas y discursos. Pero esta referencia a la reforma del sistema sanitario pone de manifiesto sobre qué bases sociales está dispuesta a tramitar aquel salvoconducto. Es decir, multiplicando los compromisos con el capital financiero.
Que el capital privado invertido en salud exija el rescate del Estado por múltiples vías, muestra su inocultable parasitismo. La única integración que cabe es la que resulta de la nacionalización del sistema de salud, bajo un plan y una dirección común de sus trabajadores.