Escribe Eugenia Cabral
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El regalo de fin de año a los artistas y escritores argentinos de Tristán Bauer, ministro de Cultura de la Nación, y de Enrique Avogadro, Secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, fue coincidente: un anuncio del presupuesto para 2021, con incrementos que rondan el 10%, cuando ya la inflación de 2020 ha superado el 30%. En otras palabras, el presupuesto 2021, tanto nacional como porteño, decrecerá alrededor de un 20%, disminución a la que habrá que restarle después la inflación de 2021. Listo. Tarjetita, moño y envío.
Para Avogadro se trata de “un presupuesto de contingencia” debido a la quita de coparticipación que dictaminó el gobierno nacional para CABA. A su vez, el ajuste cuya aplicación estará a cargo de Bauer afectará, en Buenos Aires, a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Teatro Cervantes, Centro Cultural Kirchner y Tecnópolis.
Entendamos esto: si para la capital argentina, una metrópolis prestigiosa en las artes y la literatura mundial, habrá ajuste presupuestario tanto para organismos nacionales como ciudadanos (Teatro Colón, por ejemplo), ¿qué pueden esperar las provincias más pobres y alejadas, o los pueblos de la Argentina profunda? Sus habitantes son abarcados por el Ministerio de Cultura de la Nación que, precisamente, no incluye en dicho aumento a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), un organismo descentralizado del ministerio, en cuyos proyectos cifran sus expectativas muchos escritores e instituciones provinciales. El ajuste recaerá sobre el Instituto Nacional del Teatro (INT), el de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el de la Música (INAMU), todos ellos con finalidades de alcance federal.
Pero la ley no es pareja. En proporciones similares entre nación y Ciudad de Buenos Aires, en 2021 se otorgará un incremento de aproximadamente el 52% en los subsidios a empresas y proyectos culturales. En 2020 el aumento sobre el presupuesto sancionado en las líneas de subsidios al sector fue del 35%.
Las demoras en los pagos de los beneficios aprobados para la emergencia pandémica, como becas Fortalecer Cultura, apoyo económico Manta (destinado a la reactivación productiva de artesanos), Plan Podestá (subsidios a grupos y salas teatrales) y Puntos de Cultura, fueron atribuidas por el ministerio a “la inesperada demanda de ayuda económica y a cuestiones burocráticas vinculadas con el nivel de informalidad que predomina en el sector” (La Nación, 25/12/20). Si es así, el Estado nacional caería en dos graves faltas: por un lado, estaría demostrando que su planificación atrasa 200 años, pues ignora la eclosión de artistas y escritores en el interior del país durante el siglo 20, que se explayó asombrosamente en el 21 con el uso de Internet; en otro aspecto, ignora que las industrias culturales del interior del país -e incluso de la provincia de Buenos Aires- son diminutas con respecto a las de capital, con escaso plantel de artistas o escritores contratados, donde los encargos de tareas se hacen con una precariedad laboral pasmosa y… ello siempre y cuando existan. El engendro capitalista, sobre todo en las naciones dependientes del imperialismo, es así: desigual y combinado. Obeso por acá y puros huesos por allá.
La del Estado y el gobierno nacional es una doble ignorancia culposa, porque tienen la obligación de saber a quiénes comprende su administración, cuál es la condición social, laboral, sanitaria y educativa de los sujetos de derechos sobre los cuales recaerá su política.
A la indolencia por los sectores más desprotegidos laboralmente se agrega la que se ejerce hacia los que, si quieren ser artistas o escritores ya no pueden “trabajar en otra cosa”: ancianidad y discapacidad no están contempladas específicamente en ningún plan de ayuda estatal para el sector.
La situación de artistas y escritores -igual que la mayoría de los trabajadores, jubilados y desocupados- es desoladora. Si llegara a suceder un recrudecimiento o segunda ola de la COVID-19, se produciría un genocidio cultural, en todo sentido. Es urgente reclamar nuestros derechos costeando su pago con un impuesto extraordinario a las grandes “industrias culturales (editoriales, discográficas, productoras de cine, de TV, teatros comerciales, etcétera).
La propuesta básica a debatir sería la siguiente: