Tiempo de lectura: 3 minutos
Los editoriales políticos de los principales medios de la provincia en las últimas horas dan cuenta de un supuesto enfado del presidente Alberto Fernández para con el Partido Justicialista de la zona, y en especial con su presidente Carlos Linares, por no brindar hasta el momento su apoyo al proyecto de ley de zonificación minera que busca habilitar la actividad en casi todo el territorio, con la excepción de la costa y cordillera. ADN Sur afirma que el rechazo pejotista en Chubut está basado en cuestiones políticas y no técnicas. Desde otro ángulo, es lo que venimos caracterizando desde Política Obrera: no es que estén en contra de la megaminería sino que han buscado postergar la rebelión popular en un Estado que se encuentra quebrado por el pago de la deuda a los acreedores y cuyo efecto inmediato es el no pago a sus trabajadores y el derrumbe en las prestaciones en salud y educación. Los trascendidos adelantan que el gobierno se debate entre convocar a una sesión extraordinaria de Legislatura para el jueves 28 de enero o esperar su tratamiento para marzo. Como sea, nos encontramos en el preludio de un “estallido” generalizado en toda la provincia.
El escenario se completa con un agravamiento en las últimas semanas del colapso sanitario por el coronavirus, la deuda de varias masas salariales a los trabajadores (teniendo en cuenta sueldos, aguinaldos y recategorizaciones), las presiones para la vuelta a clases y la falta de discusión paritaria el año pasado.
La última semana giró en torno a un pseudo debate minero propiciado por el gobierno con partidos políticos, sindicatos, instituciones científicas, entre otros, en el que ni el PJ ni la UCR concurrieron. La difusión de la actividad se hizo con apenas dos o tres días de antelación. La poca seriedad del mal llamado debate no pudo ser disimulada ni siquiera por los medios acólitos.
El jueves se desarrolló una reunión en Casa Rosada organizada por el secretario de Minería de Nación, Alberto Hensel, en el que estuvieron presentes Alberto Fernández, el gobernador Mariano Arcioni, el vice Ricardo Sastre y el diputado provincial por el PJ Carlos Eliceche. Allí Fernández se habría mostrado sorprendido por la falta de apoyo del peronismo al proyecto de ley y habría ordenado varias reuniones para esta semana, entre ellas una con Linares en Capital Federal.
Esta situación llevó a que se acrecentara el rechazo a la figura de Alberto Fernández en el heterogéneo movimiento del “No a la Mina”. El gobierno nacional es el que presiona no solo con el avance de la megaminería en la provincia sino también con una “reestructuración del Estado”, es decir con el ajuste en curso.
En diciembre el tratamiento del proyecto no se pudo llevar adelante por la presión de las movilizaciones, trascendidos de prebendas a los legisladores y porque la conducción del PJ tuvo en claro que la rebelión popular podría llegar a sumar otras demandas, en especial el cobro en tiempo y forma de los salarios.
Las órdenes de Fernández para avanzar con celeridad sobre el tema se chocan con las pretensiones políticas de la dirigencia peronista en un año electoral. La enorme crisis que envuelve al régimen político chubutense tiene una de sus tantas expresiones en la fractura del peronismo: por un lado, la alianza oficialista Chubut al Frente y, por el otro, la supuesta oposición del PJ. En ambos casos con divisiones a su interior. También en ambos casos siendo parte del Frente de Todos.
Con sus flujos y reflujos, la provincia se encuentra movilizada desde hace más de 3 años contra las políticas de ajuste del gobernador Arcioni y sus intenciones de avanzar con la megaminería. La “gobernabilidad” fue sostenida por el PJ, y en especial por sus conducciones sindicales.
Si se intenta avanzar con el tratamiento de la zonificación, es preciso que en las asambleas, movilizaciones y cortes de rutas que se realicen se incorpore la deliberación para articular las luchas. Es decir, que se construya un frente único contra la megaminería y el ajuste. Su desarrollo pondrá al desnudo una vez más la debilidad del gobierno y será un puntapié contra las políticas de ajuste generalizado que se desarrollan en todo el país.
