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Por enésima vez irrumpe una disputa acerca de las consecuencias que genera un alza de precios internacionales de algunos alimentos y forrajes en los precios internos de esas mismas materias primas. Esto no significa que se trate siempre de la misma disputa. La clase obrera debe asumir un planteo propio en este conflicto, porque sus intereses de clase son diferentes a los de los grupos capitalistas enfrentados. Para ello es necesaria una comprensión de la naturaleza del problema y de lo que está efectivamente en juego. Varios dirigentes del Frente de Izquierda se han declarado partidarios de desconectar esos precios internacionales de los internos, haciendo propia la posición de que el poder adquisitivo del salario podría defenderse por medio de intervenciones estatales en el mercado, en contraste con el planteo de la lucha y la huelga. La Mesa de Enlace, que reúne a las patronales del campo, como el gobierno, aseguran que sus posiciones son las que más favorecen a los trabajadores, lo que está desmentido tanto por las gestiones de los gobiernos K como de Macri. La “mesa de los argentinos” (y argentinas) ha sido dinamitada, con oscilaciones, desde la crisis de 2001/02.
Los precios internacionales de las materias primas alimentarias no son variables sueltas dentro del conjunto de la economía. Un aumento de los precios de una parte importante del comercio de exportación de un país, redunda generalmente en una valorización de la moneda nacional y neutraliza el impacto de ese aumento de precios en el mercado interno. En el caso de Argentina estamos hablando de la soja, el trigo y el maíz, pero también de la carne, algunas frutas y el limón. Bajo la gestión de Néstor Kirchner, el aumento de esos precios determinó una apreciación del peso, que pasó de más de tres y hasta cuatro el dólar, a poco más de dos pesos. Eso es así porque el mayor ingreso de divisas, fortalece a la moneda interna.
Si el precio de una tonelada de soja pasa de cien dólares a doscientos, y la cotización del peso pasa de cien por dólar a cincuenta, el precio interno ha quedado inalterado en términos monetarios, pues la tonelada sigue valiendo diez mil pesos (100x100 igual a 200x50). Es cierto que esas mercancías estaban afectadas por retenciones, pero eso venía desde el gobierno de Duhalde. Podemos decir, entonces, que ocurrió lo contrario de lo que pregona el kirchnerismo y la izquierda democratizante, o sea que el aumento de precios internacionales revalorizó el peso y aumentó el poder adquisitivo del salario. Lo ocurrido bajo el gobierno de NK se repitió aun con mayor fuerza en Brasil, bajo Lula, donde el dólar se desplomó de cinco reales a dos y medio. El aumento de precios internacionales afectó a alimentos y forrajeras, y al mineral de hierro. Como consecuencia de esta mayor solvencia financiera, Brasil atrajo capital especulativo en una escala sin precedentes. El salto en el sistema de créditos al consumo que provocó este giro financiero no desató un aumento de precios sino una reducción de ellos, en virtud del mayor valor del real frente al dólar. Un principio elemental de la lógica dialéctica dice que no se deben considerar los fenómenos en forma aislada sino dentro de una totalidad de relaciones contradictorias.
Por razones que no tienen que ver sólo con la exportación, al gobierno de Macri le ocurrió algo semejante al de NK. Macri devaluó el peso de 9 a 15 el dólar, un 60% apenas llegó a la Rosada, pero hacia finales de 2016 el peso se había valorizado frente a las divisas extranjeras, una vez descontada la inflación. Esto se debió esencialmente al ingreso de capitales de corto plazo, pero fue suficiente para que el gobierno ‘devaluador’ se transformara en ‘revaluador’. El devaluador revaluado se re-convertió enseguida en mega devaluador cuando los capitales usurarios se retiraron en masa de Argentina. Los precios de los alimentos en “la mesa de los argentinos” (y argentinas), fueron sacudidos en forma dramática, debido a la especulación a la suba y baja de la cotización internacional del peso. Es decir que a esa ‘mesa’ la golpea mucho más especulación financiera y la hipoteca de la deuda pública, que los precios de exportación considerados en sí mismos. La especulación mueve una masa de dinero cien veces superior al comercio exterior, en lo que atañe a Argentina, y mil veces más al comercio mundial. De esto no hablan ni sojeros ni nacionales y populares.
A Martín Guzmán le ocurre algo singular – a pesar de la suba de precios internacionales, no obtiene ningún tipo de financiamiento internacional. Es lo que debería ocurrir cuando el comercio exterior es superavitario. Ocurre en toda América Latina, que en el último trimestre de 2020 habría registrado un ingreso de capital cortoplacista por alrededor de u$s50 mil millones. En Argentina ocurre lo contrario, pues los Fernández venden títulos públicos en poder del Banco Central al 33% de su precio de emisión; la deuda en poder de los fondos aumenta 100, mientras el BCRA recibe el tercio de ese precio. El aumento de los precios de exportación ha permitido, sin embargo, hacer caer la cotización del dólar en todos los mercados paralelos. O sea que, aunque en forma distorsionada, ocurre lo de siempre – el peso se está revalorizando. El objetivo del FMI, a partir de esta nueva realidad es precisamente esa revaluación, porque ella serviría para aumentar el valor de mercado de la deuda externa. Ella se reestructuró a una cotización hipotética de 57 pesos, pero con posterioridad cayó a 33/37 pesos.
El aumento de los precios internacionales explica que ahora Guzmán procure revalorizar el peso, al retrasar su devaluación frente al aumento de la inflación de precios internos. Si se trata, como dicen los críticos, de una ‘operación electoral’, ella se apoya de todos modos en un cambio en el comercio exterior. El propósito de revalorizar el peso es reducir el ritmo de inflación, lo cual confirma que el aumento del precio internacional no aumenta, necesariamente, los precios internos, a condición de que produzca una revalorización de la moneda nacional. Este resultado no mejora, sin embargo, “la mesa de los argentinos” (y argentinas), porque constituye un arma adicional del gobierno y las patronales para resistir aumentos salariales, que ahora dirán que crecen en dólares, cuando se cobran, sin embargo, en pesos. La lucha del capital contra la inflación apunta a combatir el aumento de los salarios y a consolidar la caída enorme que han sufrido desde 2015.
Es indudable que, en principio, la revalorización del peso afecta la capacidad de competencia de aquellos sectores de la industria que se encuentran protegidos por un peso barato (o sea un dólar caro). La salida del capitalismo a este impasse es harto conocida: la concentración industrial. Es lo que ocurre en Argentina con la industria que podría ser la más dañada por un peso más caro – la textil, cada vez más concentrada. La industria automotriz se concentra a nivel internacional, y esto se acelerará como consecuencia del automóvil eléctrico. Pero el balance comercial de esta industria para Argentina es negativo, porque el valor de auto partes y automóviles importados supera el valor de la exportación. Una revalorización del peso reforzará la tendencia en curso, que es producir menos modelos y concentrar y especializar la industria de autopartes, en función de importaciones y exportaciones mayores.
En cierta medida, los aumentos de los precios de exportación (incluido, en forma retrasada, el petróleo) están relacionados con la devaluación del dólar. El aumento de los precios compensa esa caída, potenciados, como ocurre siempre, con una demanda financiera de materias primas, que apuesta a una suba mayor. La devaluación del dólar se relaciona con las enormes emisiones de moneda para rescatar al capital financiero y la Bolsa, y estos rescates con la bancarrota internacional en su conjunto. Esto demuestra lo pueril y lo vulgar de la posición de ‘populistas’ y de ‘izquierdistas’, que quieren resolver el asunto mediante un aumento de las retenciones.
Las retenciones a las exportaciones de alimentos, acompañadas por la devaluación del peso, no mejora ninguna “mesa de los argentinos” (y argentinas); son alteraciones funcionales a intereses capitalistas que ocupan lugares diferentes en el mercado. El impuesto a la exportación no le sirvió a CFK para imponer la posibilidad de una reelección, ni la victoria de Scioli. A principios de 2014, estuvo a punto de desatarse una hiperinflación – cuando Kicillof intentó salir del impasse mediante una devaluación.
La noticia económica de la semana, en Chile, ha sido precisamente la revalorización del peso trasandino, como consecuencia del fuerte aumento del precio del cobre. El cobre no es una materia prima alimentaria. Lo que ha ocurrido es una transferencia de ingresos de los mercados que importan cobre a quienes lo producen y exportan. La revalorización de la moneda nacional es una expresión de esa transferencia. Pero para que ella no sea acaparada por los monopolios del cobre, el estado y la burguesía, es necesario luchar por un aumento general de los salarios y las jubilaciones. A través de los monopolios internacionales y del sistema AFJP, que dominan los fondos de inversiones, la transferencia positiva hacia Chile se revierte por medio de una revalorización del capital extranjero y de las utilidades que gira a sus accionistas.
Atribuir la carestía a la exportación de “bienes-salario” o a cualquier modificación en la relación de precios de la economía, es una vulgaridad sin atenuantes, porque el sistema de precios forma parte del capitalismo y del mercado. La clase obrera sólo puede defender su mesa de comida con métodos propios, de lucha contra el capital, de ningún modo prefiriendo una ‘regulación’ del mercado por otra. La torpeza de esta salida se ve en que los obreros no controlan las instituciones del estado que se encargan de la ‘regulación’. La “mesa” se defiende por medio de un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y un aumento general de salarios que recupere el poder adquisitivo de una década atrás. Se defiende ‘formalizando’ a los trabajadores en negro y se defiende con un plan de obras públicas que ocupe a los trabajadores desocupados. Se defiende adoptando los métodos políticos para imponer estas reivindicaciones.
La Mesa de Enlace insiste en que el capital agrario no tiene nada ver con el aumento de los precios internos de los alimentos, porque el valor que agrega el agro representaría el 17% del precio final, y que la diferencia se la embolsan las compañías de logística, la manufactura y los impuestos. El argumento es pueril porque el hecho de que no sea la responsable del precio final no significa que el aumento de ese precio final no la beneficie, y que en muchos casos la oligarquía agraria no esté sentada en el directorio del resto de la cadena, en especial los ‘pools de siembra’ y fideicomisos agrícolas, en gran parte ‘offshore’.
El ataque de la Mesa de Enlace a los otros eslabones de cadena agroexportadora, pone al desnudo el choque entre ella y el Consejo Agroindustrial, que juega de director técnico de los Fernández. El Consejo alega que su margen de ganancia “es mínimo” y hace lobby para bajar el precio de la materia prima por medio de retenciones mayores a la materia prima con relación al producto elaborado – por ejemplo, más a la soja que al aceite de soja. Al Consejo en cuestión le preocupa o interesa, más que las retenciones, el tipo de cambio y otras variables financieras. La devaluación ha dejado los precios internos de Argentina por el suelo, cuando se los compara con los de los otros países. Esta renta de devaluación es contrarrestada, en el caso de la producción, por el aumento del precio en pesos de importaciones en insumos e incluso maquinarias y tecnología, lo cual no ocurre a los exportadores. La renta de devaluación se acrecienta por la evasión de ingresos al fisco y de divisas al Banco Central.
La razón principal para defender las retenciones a la exportación y su aumento es incuestionablemente fiscal. Pero la carga fiscal más importante es el pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública – lo mismo ocurre con las Leliq en poder de los bancos. El gobierno F-F está eliminando los subsidios a los trabajadores desocupados en la pandemia, pero no a las patronales, en un caso claro de fondo perdido, porque no tienen retorno. La función de la reestructuración que se hizo de la deuda no ha sido, fundamentalmente, dilatar los pagos, algo inevitable, pues el default era también un hecho consumado para los acreedores y el FMI. Es, por el contrario, abrir margen a un mayor endeudamiento, como ya ocurre con el endeudamiento local. El propósito es reabrir el mercado financiero de deuda al capital privado, que arrancará con la revalorización de la deuda reestructurada.
A esa valorización contribuye la suba de precios internacionales y la política de revalorizar el peso. Por el momento, Guzmán insiste en que su propósito es activar el endeudamiento ‘local’, aun a sabiendas que las deudas son re-vendidas en los mercados secundarios y pueden ser compradas por capital extranjero. Es a eso que apuntaría un acuerdo con el FMI. El Fondo también quiere que los gastos de la pandemia tengan los recursos, pero deben venir del capital internacional. Brasil ofrece aquí un escenario singular, que algunos califican, por el contrario, como dantesco: tiene una deuda pública del orden del billón y medio de dólares, financiada en el mercado local, y otra superior, de dos billones de dólares, del capital privado, financiada en el mercado internacional. Armar las condiciones para repetir este escenario en Argentina une a Guzmán y los Fernández, de un lado, y al FMI y BlackRock, del otro. Antes de que esto ocurra, es más probable que estalle Brasil, al menos si creemos lo que dicen varios analistas internacionales.
Todo esto nos lleva a la conclusión de que, uno, la deuda pública (externa e interna) y la deuda privada externa operan como el factor principal de desequilibrio de la economía – no la variación de los precios internacionales considerados en forma aislada o fuera de contexto. Dos, que la cuestión del salario y la pobreza pasa por una firme lucha de clases del proletariado. La pretensión de obtenerlo por medio del ‘desacople’ precios internos-externos, es vender buzones.
La dinámica del endeudamiento no es nacional sino internacional; no es el gasto fiscal sino la presión del capital financiero para colocar capitales sobrantes. Donde abunda el dinero, crece el gasto sobre los ingresos. Lo más importante de todo es que el llamado gasto fiscal es un fraude conceptual que esconde una gigantesca confiscación económica. Ocurre que las erogaciones previsionales pasaron a convertirse en fiscales para legitimar la reducción y hasta el cese de los aportes patronales al sistema jubilatorio. Se fabricó un déficit a cubrir con impuestos. Igualmente decisivo es que se usó el sistema previsional para establecer un Fondo de Garantías que incorporó las acciones de empresas adquiridas por las AFJP y la compra de títulos de la deuda pública en manos privadas – el llamado ‘desendeudamiento’. La política de los Fernández, que inauguró el fallecido Néstor Kirchner, es liquidar por completo el sistema jubilatorio, con el propósito ‘de poner fin’ al déficit fiscal. Lo dijo cien veces Guzmán: el régimen previsional “es inflacionario”.
La emisión monetaria no es un factor autónomo de inflación, porque es parte necesaria del sistema de crédito y de moneda. Los bancos ‘emiten’ cuando dan un crédito, porque crean activos en un monto superior a los pasivos (depósitos) que tomaron en primer lugar. Eso mismo puede hacer un Banco Central, o sea dar créditos, que no serían otra cosa que un múltiplo de las reservas en su poder. La emisión de moneda para rescatar a la Bolsa y a empresas fallidas, como ocurre en casi todos los países, es un fraude, es una manifestación de que la crisis capitalista golpea sin vueltas el sistema monetario y de crédito; en principio, debería poder ser cuestionado en sede judicial.
El Banco Central emite, en Argentina, a fondo perdido; no es crédito lo que no se va a devolver. Lo que es peor, enseguida convierte a esa emisión en deuda propia (Lebac, Leliq, pases remunerados, etc.). No solamente emite a fondo perdido, sino que encima se endeuda para hacerlo.
El enorme fraude monetario internacional, por su lado, se encuentra disimulado, como consecuencia de la tendencia deflacionaria a largo plazo que domina la economía mundial. Se ha creado una demanda monetaria ficticia para evitar la caída de precios. Un porcentaje de las ganancias especulativas que se obtienen en las Bolsas y en otras operaciones, se dirigen al mercado de consumos de los ricos y de sus empleados; existe una dilatada clase media ‘bursátil.’ El ‘rebote’ de los precios de las materias primas está condicionado como tendencia por el cuadro de deflación, y por otro lado, por las maniobras monetarias para contrarrestarla.
En Argentina, la tendencia deflacionaria es más acusada que en otros lados, medida en dólares, que es lo que importa, como consecuencia del derrumbe del peso. Que el PBI caiga de u$s500 mil millones a u$s300 mil millones, debido a la devaluación, es deflacionario, no inflacionario. La inflación en pesos es el resultado de la devaluación, que ha deprimido (deflacionado) el valor de los ingresos y patrimonios en Argentina. Esto no se reparte en forma igual, porque ha mejorado el patrimonio de todos aquellos que atesoran en dólares, en especial las grandes compañías y fondos. Las empresas que dicen carecer de efectivo para pagar su deuda externa, porque el Banco Central no se las provee, lo tienen en el exterior.
Argentina ha sido y sigue siendo “el canario de la mina”, el clásico anticipo del derrumbe inminente del socavón.
En momentos en que el poder capitalista invita a las masas a adaptarse a la ‘nueva normalidad’, es necesario combatir las distorsiones ideológicas de sus representantes políticos – y de aquellas que han descubierto su vocación de falderos. Ocurre que la ‘nueva normalidad’, que consiste en ir trabajar acechados por una pandemia, significa también pagar las consecuencias de ella sobre la ‘salud’ de las empresas y de los Tesoros del estado. La humanidad trabajadora enfrenta el desafío de una lucha decisiva contra el capital – por la salud y la vida.