Salta: 5 niños muertos en un mes.

Ante una nueva muerte de un niño wichi por causas vinculadas a la desnutrición, el quinto en menos de un mes, el apuro y la preocupación que intentó mostrar el gobernador Sáenz por tan grave situación se evidencia como pura demagogia. Esta nueva muerte deja en claro que no hubo ni hay hasta el momento ningún relevamiento de los niños en situación de riesgo, o plan de atención inmediata para evitar más fallecimientos.

Demagogia y ocultamiento

Ante este quinto deceso, el secretario de servicios de Salud de la provincia, Antonio De Los Ríos, afirmó que estos niños no mueren por desnutrición sino por “las formas de vida" de los wichi, quienes serían reacios a la atención médica. Un planteo culturalista trillado para deslindar de responsabilidades al propio Estado y al gobierno para el cual trabaja y que es desmentido por los reclamos de las propias comunidades afectadas.

El anuncio de un plan de emergencia y acciones conjuntas con Nación no pasó de un saludo a la bandera para embaucar a la opinión pública. El argumento de que seríamos una provincia pobre lanzado por Sáenz persigue el mismo objetivo ya que da a entender que no existirían los recursos necesarios para atender las necesidades de una población en riesgo que no llega al 2% los habitantes de la provincia. El gobernador también apuntó a las familias de los niños fallecidos cuando dijo que estos llegan tarde a atender la situación de sus hijos.

Un régimen social en el banquillo

Aquí no tenemos una tragedia producto de una supuesta identidad cultural sino todo lo contrario. La terrible situación que viven los pobladores pobres del departamento, en su mayoría pueblos originarios, se debe a la expansión capitalista de la frontera agropecuaria, que ha producido la pérdida del bosque, su principal fuente de subsistencia, provocando su desplazamiento hacia lugares inhóspitos o a las periferias de los pueblos y ciudades. Esta población tampoco ha podido ser absorbida como fuerza de trabajo por la consecuente desocupación en masa que produce este mismo avance y la falta de inversiones en infraestructura y saneamiento en Rivadavia. Todo esto es agravado por el derrumbe del sistema educativo y de salud provincial, producto de su ajuste sistemático.

Los gobiernos de Romero y Urtubey, que han promovido este desarrollo social agropecuario, hicieron lo contrario con las inversiones necesarias para la zona, por lo que se ha condenado al grueso de la población originaria del departamento de Rivadavia a una suerte de lenta y espantosa extinción. La asistencia social del Estado ha sido claramente una fuente de negocios para fundaciones amigas del poder, como lo demuestran ahora el fracaso del ministerio de la primera infancia armado por Urtubey, dirigido por Carlos Abeleira y vinculado a la fundación CONIN del oscurantista dr Albino, ambos del Opus Dei. El intento de ocultamiento de los datos sobre la situación de la primera infancia en Salta por parte del gobierno de Sáenz evidencian una complicidad y un encubrimiento.

Plan de emergencia bajo control de las comunidades afectadas

La política asistencial de Sáenz y el gobierno nacional no dará salida a la terrible situación que viven las comunidades originarias del departamento de Rivadavia. Este cuadro crónico pone en cuestión no sólo a los gobiernos de Romero y Urtubey, de los que Sáenz fue parte y socio, sino a toda la clase capitalista y la oligarquía terrateniente de la provincia. Un plan de emergencia que garantice el empadronamiento de todos los niños en situación de riesgo, su atención y seguimiento alimentario y sanitario junto a sus familias, el abastecimiento inmediato de agua potable, etc., debe estar a cargo de los propios afectados bajo un comité conformado por ellos a través de la elección y revocatoria de sus miembros.

Lo mismo sucede con un plan de infraestructura para el acceso permanente al agua potable y para la producción, la atención sanitaria permanente en el propio territorio y acorde al grado de complejidad que necesitan, la construcción de viviendas para erradicar los ranchos y taperas en que vive el 80% de la población del departamento, la construcción de caminos y rutas para garantizar la accesibilidad al territorio y el establecimiento de facilitadores y traductores wichi en todas las instituciones que sea necesario.

Un plan de este tipo en favor de la población de Rivadavia es incompatible con el actual régimen político y social que subsidia a capitalistas y terratenientes a través de un impuesto inmobiliario rural varias veces por debajo del valor de la tierra y con un sinfín de excepciones fiscales; o que establece regalías irrisorias para la explotación petrolera del norte provincial; o que la orientación en el uso de los recursos estatales esté determinada por el pago de una deuda usuraria tanto a nivel nacional como provincial; y que solo se desarrollen inversiones en las zonas demandadas por el capital para su beneficio. Es necesario un gobierno de trabajadores para acabar con la barbarie y el atraso social al que son sometidas las comunidades originarias del noreste salteño.