Las estafas judiciales de un régimen agonizante

Escribe Jorge Altamira

Acerca de Lázaro Báez y otras yerbas.

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Los franceses han desarrollado el hábito de interpretar los períodos de gran corrupción en su país como una señal de “fin de régne”, lo que correctamente traducido al castellano significa “fin de régimen”. Argentina ha venido atravesando estas etapas desde hace un siglo, aproximadamente, y por supuesto desde la colonia, con breves intermedios de incierta honestidad. La “correlación”, como diría un matemático, entre corrupción y derrumbes políticos, en todos esos momentos, ha sido perfecta.

Para los contendientes en la disputa judicial corriente, todo obedece a operaciones políticas de sus adversarios. Los ‘arrepentimientos’ que siguieron a la aparición de los ‘cuadernos’ de Centeno, mostraron al 90% de la patronal de Argentina formando trenzas para acaparar obra pública y coimeando funcionarios como una rueda de las más importantes de las ganancias capitalistas. Contrariando los insultos que unos y otros se lanzan desde los medios, tanto macristas como kirchneristas han logrado bloquear el tratamiento judicial del negociado de corrupción más grande de la historia de América Latina, como ha sido el caso Odebrecht. En otros países, la cuestión Odebrecht ha llevado a prisión a varios presidentes, e incluso a un suicidio. El caso más notorio en Argentina juntó a De Vido con el primo de Macri; los negociados en Córdoba, por las conexiones de gas, han sido tapados sin atenuantes. De lo que tampoco nadie habla desde hace mucho tiempo es del destino de los cerca de mil millones de dólares que recogió Néstor Kirchner por la privatización de YPF en los años dorados de Menem.

Todo esto viene al caso como consecuencia del fallo que condena a 14 años de prisión a Lázaro Báez y, en distinta escala a familiares y asociados, por el lavado de sumas enormes de dinero. La prensa opositora ha celebrado el fallo con la expectativa de que sirva para enjuiciar y condenar a Cristina Kirchner, en el supuesto de que el dinero público no pudo haber salido de ningún otro lado que de la obra pública de Santa Cruz. Si el triunvirato que condenó a los Báez comparte esta caracterización, recién se sabrá el 26 de abril, cuando los jueces den a conocer los fundamentos del fallo. Para involucrar a CFK será necesario algo más que conectar los cabos – habrá que presentar pruebas. Fue lo que la fiscalía no pudo hacer en la instancia de instrucción, bajo el juez Sebastián Casanello. De acuerdo a Página 12, esa prueba no aparecerá nunca por la sencilla razón de que en el juicio por la obra pública en Santa Cruz ya estaría acreditado que el gobierno no pagó sobreprecios. El dinero que ha lavado Báez tendría, entonces, un orígen inmaculado, que luego perdió cuando quiso evadir impuestos. Más o menos lo que hacen todos los capitalistas. Si el tribunal, en los fundamentos del fallo, dijera que el orígen de la plata negra es “tributario”, la ‘burbuja’ K saltaría de alegría. Página 12 reivindica que Báez haya traido el dinero lavado para asociarse con el macrista Calcaterra en las represas de Santa Cruz. Una ‘inversión productiva’, aunque violatoria del medio ambiente y económicamente ruinosa, perdona un delito. Cuando los franceses concluyeron que cosas como estas anticipaban derrumbes políticos, tenían en cuenta que los protagonistas se enredaban en disputas de robos y fraudes mientras el pueblo se moría de hambre. En todo este estropicio está envuelto el poder judicial, que acomoda las sentencias a los intereses que lo rodean. Por caso, la Corte Suprema no ha levantado el secreto del pacto YPF-Chevron, articulado por ‘personas estratégicas’ como Kicillof y CFK, que establece una cuasi asociación ilícita entre las dos compañías, secundado en un fideicomiso establecido en un paraíso fiscal.

Mientras Alberto Fernández declara ‘personal estratégico’ a sus compadres, y Larreta y otros gobernadores macristas privatizan la vacunación, esta ventilación de trapos sucios de unos y otros deja en claro que ninguno de los dos bandos reúne las condiciones mínimas de gobierno. Ambos han forzado la reapertura escolar sin haber reunido siquiera el stock de vacunas necesario para los docentes, a sabiendas de que perjudicará y pondrá en riesgo la vida de maestros y alumnos, como ocurre ahora mismo en Francia y en Italia – en California y Oregón.

Los trabajadores, que observan asqueados esta realidad, tienen el desafío de sacar las conclusiones políticas que correspondan.

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