Inquilinos: el gobierno no extenderá el DNU que prohíbe los desalojos

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anunció que no habrá una nueva extensión del decreto que dispone el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos: “no hay extensión, lo más fuerte en la reglamentación de la Ley de Alquileres es la mediación de los desalojos y la inscripción en AFIP de los contratos”. La medida afecta a casi 10 millones de inquilinos de todo el país. El decreto que vence el próximo 31 de marzo prohibía los desalojos y prorrogaba en el tiempo (a una tasa de interés) el pago de las deudas acumuladas por incumplimiento.

También se levanta el descongelamiento de los alquileres. El aumento se sumará, por lo tanto, al pago de las deudas del año anterior. Los inquilinos deben renovar los contratos con aumentos que tienen un piso (según Zonaprop) del 63% (el doble de la inflación), más la deuda acumulada durante la extensión del DNU 766/20 (marzo 2020). “Los hogares que alquilan acumularon deudas que pueden representar entre 4 y 15 meses de alquiler (…) Las deudas implican un aumento de entre 33% y 100% por encima del aumento que ya estaba acordado en los contratos vigentes” (LN, 3/3).

Según diferentes encuestas y estudios (que van desde el CELS hasta el propio INDEC), una familia destina al menos el 60% de su ingreso para cubrir el pago del alquiler, muchas veces en departamentos o casas que quedan chicas y no respetan las recomendaciones habitacionales. Un alquiler promedio en CABA supera holgadamente un salario promedio, o dos jubilaciones mìnimas. En la capital Federal, en promedio, un departamento de dos ambientes de 50 m² ronda los $30.683 y un tres ambientes de 70 m² está en $42.238 mensuales (ìdem).

Desde el comienzo de la pandemia, según encuestas de Inquilinos Agrupados, el 60% acumula deudas, y hay 1,5 millones que deciden entre pagar o comer. Algunas agrupaciones piden que se extiendan los plazos de pago de 6 a 12 meses de las deudas acumuladas, un “Ahora 12” de alquileres (La Nación, 2/3).

El Consejo Federal del Colegios Inmobiliarios de Argentina (CoFeSi) propuso que los inquilinos que no pueden pagar sean asistidos por el Estado a través de una “tarjeta AlquilAR”, “de manera similar a como lo hace hoy en día con las familias que enfrentan necesidades alimenticias con la Tarjeta AlimentAR”, una especie de IFE de alquileres. “Otra de las propuestas fue la implementación del Ahora 18 y 24: la entidad sugiere la implementación de un programa de financiamiento de entre 18 y 24 cuotas para aquellos inquilinos que hayan generado deudas durante la prórroga del DNU” (LN).

Durante la pandemia se perdieron millones de puestos de trabajo y cayeron los ingresos familiares, las ayudas sociales fueron recortadas o directamente eliminadas. Se estima que el 11,4% del total de los inquilinos (9 millones) está en riesgo de “desalojo inminente”; 548.000 de familias pueden ser desalojadas de manera inminente (aunque para muchos la cifra es superior). La mayoría son mujeres, madres cabeza de hogar, como se vio en el caso de las 1.500 familias de Guernica. Mientras el sector inmobiliario recibe un blanqueo de capitales y créditos para la construcción (https://politicaobrera.com/politicas/4047-un-blanqueo-al-capital-inmobiliario), las familias no tienen créditos y los salarios pierden año tras año poder adquisitivo.

“Los privados determinarán otras alternativas, el mercado tendrá que ofertar para otro tipo de sectores, ofrecer créditos hipotecarios, que por el momento no hay”, dice Ferraresi. Los deudores hipotecarios UVA están en estado de movilización porque dicen que no van a poder pagar los aumentos que se vienen del 160%.

Acaparamiento

El macrismo y el capital inmobiliario se han coaligado, luego del anuncio de Ferraresi, para sepultar la Ley de Alquileres, que lleva ocho meses de vigencia (desde julio de 2020). Argumentan que la “regulación” trajo como consecuencia aumentos en los valores de los contratos y la caída en la oferta de las propiedades en alquiler. Reclaman, además, “juicios exprés” frente a las ocupaciones de viviendas o tierras.

La ley establece la extensión de los contratos por un plazo mínimo de tres años y la actualización de los valores en forma anual, a través de un índice elaborado por el Banco Central, que combina la evolución de los salarios del sector privado y la inflación (Infobae, 3/3).

“Ojalá sea el primer paso para que desde el Estado se deje de intervenir y asfixiar el mercado formal de alquileres, que tenía un funcionamiento normal antes de esta Ley”, argumenta Hernán Iradi, presidente y secretario del colegio que agrupa a los corredores inmobiliarios porteños. Sin embargo, el “funcionamiento normal” del mercado capitalista implicó, en los últimos 20 años, un proceso de ´inquilinización´ creciente; en la Ciudad, se expresó en la duplicación del porcentaje de inquilinos en los últimos 20 años – de 20% en 2001 a 40% en 2020. Asimismo, este “desarrollo normal” significó que, en la ciudad de Buenos Aires, uno de cada tres departamentos se encuentre desocupado, mientras la población de las villas se triplicò y los diferentes “booms” de desarrollos inmobiliarios confiscaron las tierras públicas a precio vil para desarrollar megatorres y otros emprendimientos comerciales. Hoy, para comprar un departamento de 2 ambientes en capital, un trabajador tiene que ahorrar de manera completa un salario de 50mil pesos durante 50 años.

Proponemos: la suspensión de todos los desalojos; que el Estado se haga cargo de las deudas acumuladas por los inquilinos durante la pandemia; que se establezca un tope al aumento del alquiler que no supere la paritaria más baja anual y topes a la valorización del metro cuadrado; que los pequeños propietarios que usan la renta de una vivienda en alquiler para cubrir la canasta básica sean compensados por el Estado.